Mientras el gobierno alemán se rearma masivamente e intensifica su guerra por poderes contra Rusia, todo el aparato del Estado se moviliza para combatir la oposición a la guerra y al militarismo.

El último 'Informe de Protección Constitucional' publicado por el Verfassungsschutz (servicio de inteligencia nacional de Alemania) a finales de junio tiene como objetivo silenciar a cualquiera que critique la muerte masiva organizada por las potencias de la OTAN, llame a la desigualdad social por su nombre y rechace la narrativa proguerra del gobierno.

En 2019, el Sozialistische Gleichheitspartei (Partido Socialista por la Igualdad, SGP) presentó una denuncia contra la Oficina para la Protección de la Constitución (como se llama oficialmente la agencia) por volver a incluirlo en la lista de 'extrema izquierda' en su informe anual. El servicio secreto justificó su vigilancia del SGP diciendo que luchaba contra el 'supuesto nacionalismo, imperialismo y militarismo'. Más tarde, el Ministerio Federal del Interior declaró que el SGP era extremista porque luchaba por una 'sociedad democrática, igualitaria y socialista'.

Cuando el Tribunal Administrativo de Berlín adoptó estos argumentos extremadamente antidemocráticos de la Verfassungsschutz, el SGP presentó un recurso de inconstitucionalidad, declarando: 'Al igual que sus antepasados históricos, el gobierno y los tribunales se oponen hoy no sólo a las ideas socialistas, sino también a los principios básicos de una sociedad democrática, que son incompatibles con sus políticas favorables a la guerra y al robo de la clase trabajadora'. El SGP advirtió que la vuelta de Alemania a una política agresiva de guerra y de gran potencia iba acompañado del establecimiento de una dictadura y de una forma moderna de Gesinnungsjustiz [justicia basada en opiniones]. Un año después del inicio de la guerra de Ucrania, esto se está demostrando en todos los ámbitos.

El antimilitarismo es declarado anticonstitucional

En el prólogo del informe actual, la ministra del Interior, Nancy Faeser (socialdemócrata, SPD), declara que las opiniones contrarias al esfuerzo bélico alemán deben prohibirse en el debate público. La guerra de Ucrania añade una 'dimensión adicional' a la 'amenaza' que suponen las 'campañas de desinformación' y requiere 'un punto de inflexión también para la seguridad interior', afirma Faeser. La 'difusión y diseminación selectiva' de información indeseable 'forma parte del repertorio de influencia ilegítima de Estados extranjeros' y debe combatirse con medidas cibernéticas.

El informe vuelve a incluir al SGP como objeto de vigilancia y lo acusa de 'propagar la lucha de clases' y el 'pensamiento marxista de clase'. El servicio de inteligencia hace referencia al trotskismo diecisiete veces y se muestra especialmente preocupado por la agitación del SGP contra el militarismo y la guerra, que coincide cada vez más con el rechazo de la guerra por parte de amplios sectores de la población. En un pasaje, por ejemplo, se afirma:

En la actualidad, el rechazo a la guerra de agresión rusa contra Ucrania se utiliza regularmente de forma inapropiada en un intento de desviar el compromiso humanitario que existe entre los jóvenes hacia una resistencia interpretada por los trotskistas contra el supuesto 'militarismo' e 'imperialismo' y contra el 'capital'.

Las implicaciones son inconfundibles. En medio del baño de sangre en Ucrania, que ya ha costado cientos de miles de vidas en ambos bandos, el servicio secreto teme que el 'compromiso humanitario' de los jóvenes --es decir, su rechazo a la guerra-- se convierta en una oposición consciente a la política de guerra alemana y a la clase dominante. Según esta lógica, cualquiera que busque una manera de detener esta muerte masiva sin sentido y el peligro de una guerra nuclear ya es un 'enemigo de la constitución'.

En 2018, el SGP advirtió que su persecución se dirigiría contra cualquiera que criticara los desarrollos actuales sociales y políticos reaccionarios: 'Los trabajadores en huelga serán entonces perseguidos, así como los libreros que vendan literatura marxista o los artistas, periodistas e intelectuales críticos'. El informe actual de la Verfassungsschutz muestra hasta qué punto ha avanzado ya esta evolución.

Criminalización del 'extremismo de izquierdas'

El informe tacha de 'extremista de izquierdas' a cualquiera que mire a la sociedad con los ojos abiertos y responda en consecuencia. El informe describe el 'antimilitarismo', el 'antiimperialismo' e incluso el 'antifascismo' como 'campos de acción de extrema izquierda' cuyos actores están 'fundamentalmente' dispuestos a utilizar la violencia y deben ser espiados.

Las definiciones utilizadas por el servicio secreto son extremadamente amplias. Todos aquellos que, por ejemplo, 'en el contexto de la política climática o de vivienda' atribuyen 'los problemas actuales al 'capitalismo' como 'causa de todos los males'' ya son considerados extremistas de izquierdas. Tales 'líneas argumentales que desacreditan el orden democrático y sus instituciones pretenden hacer socialmente aceptables los marcos analíticos marxistas-leninistas y así desplazar el discurso político en la dirección de las propias posiciones extremistas'. Esto, a su vez, tiene como objetivo crear 'conciencia revolucionaria, una 'base de masas' y, en última instancia, una situación revolucionaria'.

Ejemplos típicos de 'extremismo de izquierdas' citados por el servicio secreto incluyen 'la OTAN, EEUU y en general 'Occidente' [siendo] propagados como la supuesta causa de la guerra'. Los 'antiimperialistas' de extrema izquierda también opinan que 'los Estados 'capitalistas' abren nuevos mercados mediante políticas 'imperialistas', también por la fuerza, para maximizar sus beneficios'. Según el informe, el 'peligro potencial' que representan tales opiniones e individuos debe calificarse 'alto'.

Los archivos y periódicos antifascistas también son estigmatizados y criminalizados como 'extremistas de izquierda' porque su 'agitación' 'imputa un 'carácter represivo' al Estado', 'descalifica las decisiones judiciales como justicia de clase políticamente motivada' y 'da la impresión de un 'Estado policial'' que actúa arbitrariamente. Incluso los grupos que prestan mera asistencia jurídica a 'delincuentes de extrema izquierda' deben ser perseguidos porque su labor está encaminada a 'reducir el potencial de disuasión del derecho penal'. Lo mismo se aplica a las bibliotecas que 'sirven de punto de encuentro para extremistas de izquierda'.

Por último, el informe se refiere específicamente a los grupos que llaman a 'construir un nuevo 'movimiento antibelicista'' a la luz de la guerra de Ucrania y del supuesto 'extremismo dogmático de izquierdas'. Este último 'condena la guerra como una guerra fraternal' porque los trabajadores se apuntaron unos a otros en lugar de luchar contra el verdadero enemigo principal, su 'propia clase dominante', y poner fin a la escalada de intereses imperialistas entre Rusia, Ucrania y la OTAN'.

La disidencia como 'deslegitimación del Estado' e 'influencia ilegítima de potencias extranjeras'

Sin embargo, la criminalización de la oposición va mucho más allá. Mientras el gobierno alemán despliega sus tanques por toda Europa del Este en la guerra contra Rusia, cualquiera que rechace la narrativa a favor de la guerra o tenga una opinión diferente a la del gobierno en cuestiones de política exterior es estigmatizado como enemigo del Estado o 'multiplicador' de la propaganda enemiga.

La Verfassungsschutz utiliza el término 'influencia ilegítima de potencias extranjeras' para aplicarlo a todos los supuestos intentos de 'Estados extranjeros' de 'influir en la opinión pública a su favor para influir en los procesos de toma de decisiones políticas' a través de 'organizaciones influenciadas por el Estado' en el país. Con tal definición, no sólo pueden ser perseguidos los socialistas y los opositores a la guerra, sino también las asociaciones profesionales, los partidos burgueses, las organizaciones religiosas, los programas de intercambio cultural y las escuelas de idiomas.

El impulso sin precedentes del rearme alemán y la intervención bélica en Ucrania han acelerado el crecimiento de la oposición, afirma la agencia de inteligencia: 'La ya alta frecuencia y amplia difusión de narrativas prorrusas, propaganda estatal y desinformación ha aumentado significativamente en intensidad desde el comienzo de la guerra de agresión rusa'. El informe advierte de la influencia de la juventud popular en las redes sociales: 'Además de los actores estatales, las personas influyentes y los activistas están desempeñando un papel cada vez más importante como multiplicadores de la propaganda y la desinformación para Rusia'.

Esta 'propaganda y desinformación' es combatida por la Verfassungsschutz al unísono con todo el aparato gubernamental y estatal. El informe se refiere explícitamente al Centro Nacional de Ciberdefensa (que incluye la Oficina Federal de Seguridad de la Información, el Banco Federal Alemán, el Servicio de Inteligencia Exterior, la Policía Federal y las Fuerzas Armadas) y al 'Grupo de Trabajo sobre Amenazas Híbridas'. Este último sirve a la 'Coordinación Estratégica' de todo el gobierno federal y controla sus propias medidas de propaganda, incluyendo las del Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores (AA), la Oficina Federal de Prensa (BPA) y el Comisario Federal de Cultura y Medios de Comunicación (BKM).

En otras partes, el informe se opone a una forma de 'deslegitimación del Estado', que tiene lugar 'no a través de un rechazo abierto de la democracia como tal, sino a través de un constante menosprecio y agitación contra los representantes e instituciones del Estado democráticamente legitimado'. De este modo, la crítica al Gobierno ya no es un derecho fundamental, ¡sino un ataque a la democracia! Esta es la argumentación impecable de un Estado policial.

Blindar y construir la extrema derecha

Mientras que los críticos del capitalismo, el imperialismo y el fascismo son vilipendiados como 'extremistas de izquierdas' y asociados a la violencia, se pueden llevar a cabo atentados terroristas contra minorías religiosas, preparar golpes monárquicos y planear el asesinato de miembros socialdemócratas del gobierno sin que esto se considere 'extremismo de derechas'.

Por ejemplo, en el apartado 'deslegitimación del Estado relevante para la protección constitucional', el informe enumera la red de Telegram 'Patriotas Unidos', cuyos miembros planeaban secuestrar al ministro federal de Sanidad, Karl Lauterbach, y asesinar a sus guardaespaldas en la primavera de 2022. Según el fiscal general, el grupo elaboró planes concretos para sabotear subestaciones y líneas eléctricas en un 'día X' con el fin de crear 'condiciones similares a las de una guerra civil' y 'tomar el gobierno' por la fuerza de las armas. La categoría bajo la que figura el grupo se creó en abril de 2021 específicamente para restar importancia al terror de derechas y equipararlo a la 'hostilidad al Estado' general.

Según la Verfassungsschutz, la red de aristócratas, oficiales del Bundeswehr (Ejército), policías y políticos pertenecientes a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), cuyos planes golpistas se hicieron públicos el pasado diciembre, tampoco era de extrema derecha. En aquel momento, la Fiscalía Federal habló de una 'organización terrorista' que pretendía 'tomar el poder en Alemania' a costa de 'homicidios' y querían 'entrar armados en el Bundestag [Parlamento federal] y detener a políticos'. El informe de Verfassungsschutz enumera el caso como ''Reichsbürger' y 'Selbstverwalter'' ('Ciudadanos del Reich' y 'Autoadministradores' que no reconocen la autoridad del Estado alemán de posguerra) y subraya que sólo 'una pequeña parte' de los Reichsbürger son claramente extremistas de derechas.

El informe sólo hace referencia a la red fascista 'Hannibal', cuyos responsables siguen en libertad, en lo que se refiere a su miembro Franco A., condenado entretanto a prisión por 'preparar un grave acto de violencia que pone en peligro al Estado': quería matar a políticos y culpar a los refugiados. En cuanto a la red criminal neofascista 'NSU 2.0', que durante años utilizó las bases de datos policiales para enviar amenazas de muerte a personalidades públicas de izquierdas y liberales, el informe repite el mito de que un parado de larga duración de Berlín que fue detenido fue el único 'autor'.

La Verfassungsschutz también niega el carácter fascista del ataque del Yom Kippur contra una sinagoga en Halle (2019) y el asesinato en masa de nueve personas de origen inmigrante en Hanau (2020). Ambos asesinos eran 'autores autorradicalizados' que actuaron 'sin ninguna conexión reconocible con estructuras ya conocidas en la escena de extrema derecha' y, por lo tanto, no podían asignarse al 'entorno terrorista de extrema derecha'. Ambos fueron impulsados por 'teorías de la conspiración y subculturas en línea' que 'no se asignan necesariamente al extremismo de derechas'.

En realidad, cualquiera en su sano juicio puede identificar a los asesinos como fascistas y extremistas de derechas. También se pueden identificar sus 'medios' y 'escenas', es decir, sus ayudantes, intelectuales, líderes y patrocinadores. Pero la Verfassungsschutz no quiere proporcionar ninguna información sobre estas estructuras porque él mismo está profundamente implicado en ellos. Al igual que en la República de Weimar en los años 20s y 30s, los fascistas asesinos son 'activos' útiles para los servicios secretos, que pueden ser desplegados según sea necesario para eliminar oponentes políticos o servir como puntas de lanza para la guerra en el extranjero.

Desde hace años se sabe que los asesinos de la llamada 'Clandestinidad Nacionalsocialista' (NSU) neonazi contaban con el apoyo de agentes de los servicios secretos alemanes y que su entorno de extrema derecha se creó con fondos estatales. Investigaciones periodísticas y varias comisiones parlamentarias de investigación han establecido que agentes encubiertos de Verfassungsschutz construyeron el Partido Nacional Alemán (NPD) de extrema derecha, fundaron grupos neonazis armados, moderaron redes fascistas en línea y produjeron influyentes publicaciones racistas.

Quienes se enredan con los neonazis protegidos del servicio secreto son castigados con años de cárcel y reciben una entrada destacada en el informe Verfassungsschutz. Por ejemplo, Lina E., una estudiante de Leipzig, fue condenada por formar parte de una 'organización criminal' que cometía 'ataques violentos contra oponentes políticos', es decir, artistas marciales nazis. Como informó el WSWS, el veredicto políticamente motivado contra Lina E. se basó en conjeturas y pruebas circunstanciales obtenidas por detectives en cooperación abierta con neonazis. Anteriormente, Lina E. había pasado dos años y medio en prisión preventiva.

Como informó el Süddeutsche Zeitung en septiembre, la Verfassungsschutz también emplea al menos a 100 agentes, cada uno de los cuales utiliza hasta cinco o seis perfiles falsos en las redes sociales para cometer 'delitos típicos de la escena', como la incitación al pueblo, con el fin de 'reforzar la visión del mundo' de personas del entorno ultraderechista. El expresidente de la Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen, que puso bajo vigilancia al SGP, apareció en Budapest en mayo como invitado estrella de la conferencia CPAC de este año, que reúne a políticos y estrategas de la derecha radical de todo el mundo, entre ellos el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y el presidente húngaro Viktor Orban.

La importancia de la lucha del SGP contra la Verfassungsschutz

Los estrechos vínculos de la agencia de inteligencia con la extrema derecha y su persecución agresiva de críticos de izquierdas del curso proguerra y la desigualdad social subrayan la importancia del recurso de inconstitucionalidad que el SGP ha presentado contra la vigilancia de Verfassungsschutz. Una declaración del partido decía:

El recurso del SGP tiene una enorme trascendencia política porque el gobierno y los tribunales quieren dar un escarmiento al SGP. Frente a la guerra de poder que el gobierno alemán está librando contra Rusia, el rearme más extenso desde Hitler y los feroces ataques a los trabajadores mediante una inflación galopante, el robo de salarios y los despidos masivos, el objetivo es silenciar a cualquiera que hable en contra de esta política de clase agresiva o incluso la llame por su nombre.

Si el Tribunal Supremo sigue al gobierno y la sentencia del tribunal inferior, será un paso hacia la dictadura. Toda huelga de trabajadores, toda protesta contra el rearme y toda manifestación contra la extrema derecha podrían ser prohibidos como anticonstitucionales.

El informe 2022 de la Verfassungsschutz deja claro hasta qué punto ha avanzado esta evolución y lo importante que es apoyar la lucha del SGP contra la Verfassungsschutz. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a todos los lectores para que firmen nuestra petición contra la vigilancia por parte de la Verfassungsschutz y para que defiendan al SGP. Exigimos el fin inmediato de la vigilancia de todas las organizaciones de izquierdas por parte de la Verfassungsschutz y la disolución de esta agencia criminal.

(Publicado originalmente en inglés el 31 de julio de 2023)