La cifra oficial de muertos por los incendios que actualmente están arrasando Los Ángeles aumentó a 24 el domingo por la noche, con al menos otras 12 personas desaparecidas. Las autoridades continúan advirtiendo que se espera que el número de muertos aumente a medida que los equipos de búsqueda y rescate siguen revisando las casas y otros edificios calcinados.
Los dos mayores incendios, el incendio Palisades en el oeste y el incendio Eaton en el noreste, están contenidos solo en un 11 por ciento y un 27 por ciento, respectivamente. En conjunto, han quemado más de 38.000 acres (más de 59 millas cuadradas; 95 km²) y 12.000 viviendas y otros edificios. El incendio menor, llamado Hurst y ubicado al noroeste del centro de LA, ha quemado más de 799 acres (3,23 km²) y está contenido en un 76 por ciento.
Además, el Centro Nacional Interinstitucional de Incendios (National Interagency Fire Center) ha previsto que los vientos de Santa Ana, que se originan tierra adentro y soplan hacia la costa del sur de California, se intensifiquen entre el domingo por la noche y el miércoles. Se esperan ráfagas de hasta 96,5 km/h (60 millas por hora) en dirección suroeste, lo que amenaza con una expansión significativa de los incendios en curso.
“Existe la posibilidad—especialmente desde la noche del lunes hasta el miércoles—de que haya un crecimiento explosivo del fuego a medida que estos vientos se intensifiquen”, dijo Ariel Cohen, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, al Los Angeles Times. “En caso de que se emita una orden de evacuación, debe seguirla de inmediato. Cada segundo podría salvarle la vida”.
Además de las muertes, el impacto social más amplio continúa aumentando. Se estima que 105.000 personas siguen bajo órdenes de evacuación, mientras que otras 87.000 han recibido advertencias de evacuación. A lo largo del incendio, al menos 500.000 personas han perdido electricidad, ya sea porque las líneas eléctricas se quemaron o porque se apagaron para evitar que provocaran más llamas. En el punto álgido de los cortes, 172.000 residentes de LA estaban sin electricidad.
La respuesta oficial para aquellos desplazados ha sido extremadamente limitada. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles está distribuyendo tarjetas de regalo de tan solo 250 dólares a las familias afectadas, tarjetas proporcionadas por la organización sin fines de lucro California Fire Foundation. Y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) no ha aumentado el límite de las subvenciones para aquellos que han perdido sus hogares, que está fijado en 87.970 dólares. Construir una casa típica de 186 metros cuadrados (2.000 pies cuadrados) en Los Ángeles cuesta más de 900.000 dólares.
En una aparición en el programa “Face the Nation” el domingo, la administradora de FEMA, Deanne Criswell, intentó justificar la irrisoria cantidad proporcionada a los trabajadores para reconstruir sus hogares, afirmando que los programas de FEMA están destinados únicamente para “ayudar a iniciar el proceso de recuperación” y que el seguro es el “principal recurso que tienen las familias para ayudar en su proceso de reconstrucción”.
En realidad, el seguro es cada vez más inaccesible para las familias de la clase trabajadora. Un artículo reciente del Los Angeles Times señaló que el costo anual del seguro para propietarios de vivienda con Farmers Insurance en Pacific Palisades, donde miles de casas han sido destruidas, se disparó de 4.500 a 18.000 dólares en el último año.
El artículo también informó que State Farm, la aseguradora más grande de California, anunció en marzo que no renovará 30.000 pólizas de casas y condominios al vencer, citando el alto riesgo de incendios forestales. Otras compañías de seguros, como Chubb, Allstate, Tokio Marine America Insurance Co. y Trans Pacific Insurance Co., han dejado de emitir nuevas pólizas o se han retirado del estado por completo.
En su lugar, los trabajadores se ven obligados a inscribirse en el Plan FAIR de California, que ha pasado de 203.000 pólizas hace cuatro años a 452.000 ahora. Al mismo tiempo, las pólizas mismas ofrecen menos beneficios cuando las casas resultan destruidas por incendios.
Reconociendo implícitamente esta situación, Criswell en su entrevista declaró con insensibilidad que “las familias tendrán que buscar otros medios para poder reconstruir”.
Además, en una conferencia de prensa el jueves por la tarde, la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, admitió que los residentes que ya habían solicitado la ayuda de FEMA habían estado siendo rechazados para las subvenciones. FEMA exige que los hogares demuestren que cualquier ayuda proporcionada por subvenciones federales no está siendo cubierta también por seguros, un proceso que puede tardar meses, ya que las aseguradoras deliberadamente ralentizan los pagos para evitar desembolsar tantas reclamaciones como sea posible.
Barger admitió: “El proceso en sí es largo”. Un pobre consuelo para aquellos que lo han perdido todo en los incendios.
El gobernador Gavin Newsom, por su parte, continuó intensificando la respuesta militarizada a los incendios, sumando el domingo otros 1.000 miembros de la Guardia Nacional de California a la movilización estatal. El total de personal desplegado ha alcanzado ahora unas 2.500 personas.
En este contexto, Newsom enfatizó el aspecto de la “seguridad pública” de los despliegues, continuando el enfoque de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en supuestos “saqueadores” e “incendiarios” mientras prácticamente ignora la colosal devastación social causada por los incendios.
Newsom, sin duda, también busca evitar cualquier discusión sobre su propia responsabilidad en sentar las bases para tal catástrofe. Según un informe de Newsweek, el último presupuesto de Newsom para el año fiscal 2024-2025 recortó 101 millones de dólares del presupuesto estatal para combatir incendios, incluyendo un programa de “fortalecimiento de viviendas” de 12 millones de dólares establecido para desarrollar nuevos métodos para proteger las viviendas contra incendios.
Se recortaron millones más en esfuerzos para prevenir incendios en primer lugar, como proyectos de conservación y gestión del combustible de incendios y limpieza de matorrales.
Por otro lado, la respuesta de la clase trabajadora a los incendios ha sido inmediata e incondicional. En prácticamente todos los sitios donde se encuentran las personas desplazadas, ha habido una abrumadora reacción de la clase trabajadora con continuas donaciones de agua, alimentos, medicinas, mantas, carpas, comida para mascotas, juguetes para niños y otros suministros para ayudar a los afectados.
Matthew, un voluntario de 16 años de una iglesia local, le dijo al World Socialist Web Site: “Estamos aquí y decidimos conseguir algunos suministros y hacer bolsas de regalo pequeñas, como para hombres, mujeres o como unisex, como para ambos. Y estamos aquí repartiéndolos. Los ponemos aquí, y los clasificamos en diferentes tamaños y todo, y simplemente los repartimos a la gente.
“Mucha gente está perdiendo sus casas; están perdiendo sus cosas. Mucha gente necesita muchas cosas, no es algo bueno”.
Matthew también comentó sobre el peligro de la inminente administración de Trump y las amenazas de deportar a millones de inmigrantes, muchos de los cuales viven en LA. “Creo que eso está muy mal porque realmente puede separar a muchas familias. Como que los niños están siendo separados de sus padres, y pues, como nacieron aquí, no los van a deportar. Solo van a estar separados. No recuerdo exactamente a dónde van los niños, pero eso solo complica las cosas para todos”.
Además, los 87.000 millones de dólares iniciales propuestos por Trump para deportar a todos los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos son solo una pequeña parte de la inmensa cantidad de recursos que el estado estadounidense derrocha en medidas de estado policial en el país y en las guerras de la burguesía en el extranjero, sin mencionar los billones gastados para rescatar a los bancos y las grandes corporaciones cuando los mercados bursátiles colapsan.
Como escribió el WSWS en su reciente declaración:
Los trabajadores deben rechazar la afirmación de que “no hay dinero” para tomar estas medidas urgentes y necesarias. Los vastos recursos concentrados en manos de los multimillonarios deben ser confiscados y redirigidos hacia satisfacer las necesidades de los afectados por los incendios.
(Artículo originalmente publicado en inglés el 12 de enero de 2025)