El año 2024 terminó en Brasil con representantes de los mercados financieros y los medios corporativos exigiendo al unísono que el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores - PT) profundice radicalmente sus medidas de austeridad. Para ello, abogan porque Brasil siga el ejemplo del fascista presidente de Argentina, Javier Milei: una combinación de recortes sociales masivos, una desregulación corporativa-financiera extensiva y una represión policial generalizada contra las crecientes protestas sociales.

Desde mediados de octubre, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, venía prometiendo un conjunto de medidas de austeridad dentro del marco del “nuevo marco fiscal” del gobierno del PT y la “meta de déficit cero” para el presupuesto de 2025. Aprobado a mediados de 2023, el “nuevo marco fiscal” limita el crecimiento del gasto público, incluyendo los servicios sociales, a un máximo del 2,5 por ciento de los ingresos estatales.

Reflejando las preocupaciones del mercado financiero, Haddad declaró en una entrevista con el diario Folha de S. Pauloen ese momento: “Faria Lima [el Wall Street brasileño] está, con razón, preocupado por la dinámica del gasto a futuro. Y es legítimo tomar esto en serio. … Podría impactar la deuda. Y el gobierno debe tomar medidas”.

A finales de noviembre, el gobierno anunció un nuevo conjunto de recortes presupuestarios que fueron aprobados casi en su totalidad por el parlamento a finales de diciembre. Estos recortes tendrán un impacto brutal, particularmente, sobre los brasileños más pobres. Se estima que las medidas reducirán el presupuesto federal en cerca de 70.000 millones de reales (US$ 12.000 millones) durante los próximos dos años y en casi 330.000 millones de reales (US$ 55.000 millones) durante los próximos cinco años.

Aproximadamente un tercio de los recortes provendrá de la limitación del aumento del salario mínimo, el cual caerá en términos reales bajo las restricciones del “nuevo marco fiscal” del PT. Esta medida tendrá un impacto de gran alcance sobre la clase trabajadora, ya que el salario mínimo es el referente de ingresos para 59,3 millones de personas de los 103 millones de trabajadores en la fuerza laboral de Brasil. El salario mínimo mensual en Brasil es de 1.518 reales (menos de US$ 250), uno de los más bajos de toda América Latina, la región más desigual del mundo.

La restricción al ajuste del salario mínimo también tendrá un efecto en cascada sobre una serie de beneficios, como las pensiones; el Beneficio de Prestación Continuada (BPC), ofrecido a ancianos y discapacitados que viven en extrema pobreza; las subvenciones salariales que garantizan un salario mínimo anual extra para unos 25 millones de trabajadores formales en Brasil que ganan hasta dos salarios mínimos; y el seguro de desempleo.

Un estudio de la profesora Denise Lobato Gentil, de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), concluyó que “esta medida romperá un contrato social establecido en décadas anteriores y no cumplirá con uno de los objetivos más fundamentales del pacto electoral de 2022”. Por “pacto electoral de 2022,” Gentil se refiere a las promesas de Lula de revocar la serie de reformas antilaborales impuestas por los gobiernos previos de Michel Temer (2016-2018) y Jair Bolsonaro (2019-2022), que, en realidad, el PT está continuando.

El estudio mostró que, si las reglas para el aumento del salario mínimo propuestas por el gobierno del PT se hubieran aplicado desde 2003, el ingreso de los trabajadores que reciben salarios y beneficios sociales habría sido 19,1 por ciento más bajo en 2023, y la desigualdad social, según el índice de Gini, habría aumentado de 0,518 a 0,546 en el mismo año.

Las medidas para supuestamente combatir el fraude en los dos programas de asistencia social más importantes de Brasil, Bolsa Familia y el BPC, son las más despiadadas. Estos programas atienden a 21 millones de familias y 6 millones de personas en extrema pobreza, respectivamente. El gobierno espera ahorrar 44.000 millones de reales (US$ 7.000 millones) mediante la implementación de un registro biométrico y la actualización de los registros de los beneficiarios cada dos años. Numerosos expertos han advertido que crear tales obstáculos para que las poblaciones más vulnerables accedan a beneficios como el BPC es inconstitucional.

Además, las medidas de austeridad de Lula atacan el presupuesto del Fondo Nacional para la Educación Básica, del cual el gobierno espera obtener un 13 por ciento de los recortes totales.

Exponiendo la orientación de clase del gobierno del PT, el ministro Haddad retrocedió en enviar al Congreso propuestas previamente anunciadas para eximir de impuestos a quienes ganen hasta 5.000 reales (US$ 800) al mes, gravar a los superricos que ganan más de 50.000 reales (US$ 8.000) al mes, y aumentar la edad mínima de jubilación para los militares. Las medidas también dejaron intactos los más de 500.000 millones de reales (US$ 83.000 millones) al año en exenciones fiscales para las grandes corporaciones, principalmente del agronegocio, e ignoraron el hecho de que más del 40 por ciento del presupuesto federal se destina al pago de intereses y amortización de la deuda pública.

Resumiendo los orígenes e implicaciones de las medidas de austeridad del PT, Élida Graziane, profesora de Finanzas Públicas de la Facultad Getúlio Vargas (FGV), declaró en una entrevista con TV Fórum: “Esto es, de alguna manera, una continuación de la agenda que [el ministro de Hacienda de Bolsonaro] Paulo Guedes propuso al Congreso en 2019”.

Los mercados financieros y los medios corporativos exigen un Milei brasileño

El despiadado programa de austeridad impulsado por la administración de Lula, sin embargo, fue considerado insuficiente por los mercados financieros, generando una llamada “crisis de confianza” ampliamente amplificada por los medios corporativos en Brasil. Este sentimiento fue resumido por el director ejecutivo y editor de Forbes Brasil, Antonio Camarotti, quien escribió a mediados de diciembre: “Brasil no aguanta dos años más de gobierno de Lula”.

Durante noviembre, incluso antes de que se anunciara el paquete fiscal, bancos como Morgan Stanley, JPMorgan y HSBC rebajaron las calificaciones de las acciones brasileñas. El año pasado, la bolsa de valores brasileña sufrió una fuga de inversiones de 24.000 millones de reales (US$ 4.000 millones), la mayor desde 2016, y el país registró la tercera mayor salida neta de dólares desde 2008. Este flujo se dirigió principalmente hacia Estados Unidos y se vio impulsado tras la victoria electoral de Donald Trump.

Como resultado, el real brasileño fue una de las monedas más devaluadas del mundo en 2024, con el dólar pasando de 4,85 reales a 6,18 reales durante el año. El Banco Central de Brasil aumentó la tasa de interés del 10,25 por ciento en junio al 12,25 por ciento en diciembre, con una proyección de alcanzar el 14,25 por ciento en marzo de este año.

Esta situación fue respondida por la élite financiera con una masiva campaña mediática que abogaba por la adopción inmediata del modelo Milei en Brasil, descargando todo el peso de la creciente crisis económica sobre las espaldas de la clase trabajadora.

En diciembre, Maílson da Nóbrega, exministro de Hacienda del gobierno de José Sarney (1985-1990) y un destacado portavoz de los mercados financieros, dijo a Jovem Pan: “Si logra [hacer] todo lo que propone, Milei será un revolucionario. … Creo que puede ser un ejemplo”. Unos días después, dijo a UOL que “no hay salida en Brasil sin atacar el gasto obligatorio”, proponiendo eliminar el vínculo entre “el aumento del salario mínimo y la seguridad social” y poner fin a los pisos constitucionales para el gasto en salud y educación.

De manera similar, los tres diarios brasileños más importantes —O Globo, Estado de S. Paulo y Folha de S. Paulo— escribieron editoriales contrastando el ajuste fiscal del gobierno de Lula con las políticas de Milei en Argentina.

Una de las piezas más enfáticas, publicada en Estadão, declaraba: “Una ola de optimismo ha barrido a Argentina en los últimos meses.” Continuaba: “El país ha dado pasos valientes en la dirección correcta, una actitud que contrasta con la vacilación del gobierno de Lula. Ahora, Argentina le está enseñando algo a Brasil: cuanto más se posponga el reequilibrio fiscal, más amarga será la medicina a adoptar”.

Más significativamente, los voceros de la burguesía brasileña amenazaron al gobierno de Lula, advirtiendo que corre el riesgo de seguir el mismo destino que la expresidenta del PT, Dilma Rousseff, quien en 2016 fue sometida a un proceso de destitución fraudulento que abrió el camino para la intensificación de los ataques proempresariales bajo la administración interina de su vicepresidente, Michel Temer.

El 17 de diciembre, O Globo dijo en un editorial: “La última vez que la Selic [tasa de interés] fue elevada a tal nivel [14,25 por ciento] fue en 2015, cuando Dilma Rousseff era presidente, el país discutía la urgencia de un ajuste fiscal y la economía estaba a punto de registrar dos años muy duros de recesión. No podemos repetir los mismos errores”. Cinco días después, Folha escribió: “Encerrarse en la teoría del almuerzo gratis [es decir, expansión ilimitada del gasto público] llevará [al gobierno de Lula] al mismo fiasco que Dilma Rousseff”.

En un acto de cobardía frente a estas amenazas, el gobierno del PT indica que buscará un giro aún más hacia la derecha en el transcurso de 2025 para apaciguar a los mercados financieros. Se predice que Brasil enfrentará crecientes dificultades económicas, con un menor crecimiento; mayor inflación, particularmente en alimentos y combustibles; tasas de interés más altas; y una posible recesión en la segunda mitad del año.

El 19 de diciembre, el ministro Haddad declaró en una conferencia de prensa que el paquete presentado a finales de año “no es suficiente”. En un video publicado al día siguiente para calmar a los mercados financieros, Lula afirmó: “La estabilidad económica y la lucha contra la inflación son las cosas más importantes para proteger los salarios y el poder adquisitivo de las familias brasileñas. Hemos tomado las medidas necesarias para proteger la nueva regla fiscal y seguiremos atentos a la necesidad de nuevas medidas”.

Es probable que las crisis globales vistas el año pasado se intensifiquen, alimentadas por el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Trump y sus aliados fascistas, como Milei en Argentina y Bolsonaro en Brasil, serán un factor desestabilizador para el gobierno de Lula y otros de la “marea rosa” en América Latina, una región que Trump ha prometido priorizar en una lucha global contra China.

La fascinación de la clase capitalista gobernante en Brasil y el mundo por las políticas de austeridad salvajes de Milei —adoptadas como modelos por el gobierno oligárquico de Trump en Estados Unidos y en toda Europa— tiene profundas implicaciones. Como demuestra la historia de América Latina, tal programa (con antecedentes directos en las políticas económicas del dictador chileno Augusto Pinochet) conduce inexorablemente a la imposición de regímenes dictatoriales brutales necesarios para reprimir la oposición masiva de la clase trabajadora.

La clase trabajadora debe responder a esta amenaza uniendo sus luchas por mejores salarios y condiciones con una lucha por la perspectiva socialista e internacionalista defendida por el Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI).

(Artículo originalmente publicado en inglés el 14 de enero de 2025)