El miércoles por la tarde, un juez federal en Boston bloqueó que el gobierno de Trump deportara inmigrantes desde Estados Unidos a Libia o Arabia Saudita. La orden de restricción temporal (TRO, por sus siglas en inglés), emitida por el juez de distrito Brian E. Murphy, obliga al gobierno a notificar por escrito a los inmigrantes y a sus abogados sobre cualquier deportación planificada, además de dar una “oportunidad significativa” para solicitar protección bajo la Convención Contra la Tortura (CAT) de la ONU.

El juez Murphy escribió:

Si hay alguna duda —y este tribunal no ve ninguna—, las supuestas deportaciones inminentes, según informaron agencias de noticias y que los demandantes intentan corroborar con testimonios de miembros del grupo demandante y con información pública, violarían claramente la orden de este tribunal.

La solicitud urgente fue presentada ese mismo día por abogados de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste y Human Rights First. En su petición, los abogados explicaron haber recibido “informes alarmantes” de que sus clientes —de origen laosiano, vietnamita y filipino— estaban siendo “preparados para ser deportados a Libia”.

Los abogados advirtieron que cualquier persona enviada a Libia

enfrenta una alta probabilidad de ser encarcelada, seguida de tortura e incluso desaparición o muerte. … Desde hace años, Libia es conocida por los abusos sistemáticos y generalizados contra los migrantes por parte de las fuerzas de seguridad estatales, así como de milicias y grupos armados no estatales.

Citando a Amnistía Internacional, los abogados señalaron que los migrantes en Libia están

atrapados en un ciclo de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias prolongadas y otras privaciones ilegales de libertad, tortura y malos tratos, asesinatos ilegales, violaciones y otras formas de violencia sexual, trabajo forzado y explotación a manos de actores estatales y no estatales en un clima de impunidad casi total.

En su moción, los abogados afirmaron que sus clientes estaban siendo preparados para la deportación sin haber recibido la notificación previa requerida ni la oportunidad de solicitar protección bajo la CAT. También señalaron que esta moción no debería haber sido necesaria, ya que el juez había emitido previamente una orden judicial preliminar en el caso, bloqueando deportaciones sin aviso ni oportunidad de apelación. Sin embargo, escribieron, “múltiples fuentes creíbles informan que vuelos de deportación están preparados para salir de Estados Unidos de forma inminente con miembros del grupo demandante hacia Libia”.

En su petición, los demandantes también explicaron que, además de Libia, al menos “un detenido —ciudadano de Laos— informó haber sido notificado verbalmente de que sería deportado inminentemente a Arabia Saudita en un vuelo militar”.

Las tácticas brutales e inhumanas empleadas por la Gestapo migratoria para facilitar la expulsión de inmigrantes hacia gulags extranjeros —donde enfrentan malos tratos e incluso esclavitud— fueron descritas en la moción. Citando un reciente informe de Reuters, los abogados relataron cómo agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un centro de detención en el sur de Texas utilizaron la amenaza de confinamiento solitario para obligar a inmigrantes a firmar documentos que acelerarían su deportación a Libia.

Los abogados escribieron que los matones del ICE reunieron a seis migrantes en una sala y les dijeron que tenían que firmar un documento en el que aceptaban ser deportados a Libia:

Cuando todos se negaron, fueron encerrados por separado en habitaciones individuales, esposados, en una especie de régimen de aislamiento, para forzarlos a firmar.

Tras el bombardeo de Libia por parte de Estados Unidos y la OTAN en 2011, el país quedó sumido en una prolongada guerra civil y ahora se encuentra dividido entre dos gobiernos en competencia. El miércoles, el New York Times informó que ambos gobiernos —incluido el de Trípoli, que controla el oeste de Libia, y el rival con sede en Bengasi liderado por el caudillo pro-CIA Khalifa Hifter— han negado aceptar inmigrantes.

Sin embargo, el Times señaló que, la semana pasada, el hijo de Hifter, Saddam, quien también es subcomandante general del ejército en el este de Libia, estuvo en Washington. Se reunió con varios funcionarios de la administración Trump, y es posible que el ejército del este libio haya alcanzado su propio acuerdo con Estados Unidos.

El fallo del juez Murphy fue uno de varios emitidos en las últimas 48 horas bloqueando los intentos de la administración Trump de secuestrar y exiliar inmigrantes a gulags extranjeros sin el debido proceso. El martes, el juez de distrito Alvin Hellerstein prohibió a la administración deportar inmigrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, argumentando que el gobierno no había demostrado que Estados Unidos estuviera realmente bajo una “invasión” militar.

El fallo sigue a una decisión similar emitida la semana pasada por el juez de distrito Fernando Rodríguez Jr., nombrado por Trump, en Brownsville, Texas, que también concluyó que la administración había invocado incorrectamente dicha ley, ya que Estados Unidos no enfrentaba una “invasión” militar ni una “incursión depredadora”.

El juez Hellerstein observó que los inmigrantes venezolanos enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador “sufren abusos y tratos inhumanos sin posibilidad de ser devueltos.”

Hellerstein escribió:

El destino, El Salvador —un país que recibe pagos para aceptar a nuestros extranjeros—, no es el país del que provienen los extranjeros, ni al que desean ser enviados. … Pero allí son llevados, y allí deben permanecer, indefinidamente, en una cárcel notoriamente inhumana, sin posibilidad de comunicación con abogados, familiares o amistades.

También el martes, la jueza de distrito Charlotte Sweeney en Colorado otorgó una orden judicial preliminar bloqueando la deportación de venezolanos en su jurisdicción bajo la AEA. Al igual que Hellerstein, concluyó que los argumentos de la administración Trump sobre una supuesta “invasión” eran “poco convincentes” y que aquellos enviados a El Salvador enfrentaban un “daño irreparable” dentro del CECOT.

Ante estas decisiones de distintos tribunales estatales, todos encontrando que su administración está persiguiendo inmigrantes mediante métodos ilegales, inconstitucionales y, en efecto, criminales, Trump respondió el miércoles con una publicación en redes sociales amenazando a los tribunales. Escribió:

Nuestro sistema judicial no me está permitiendo hacer el trabajo para el que fui elegido. ¡Los jueces activistas deben permitir que la Administración Trump deporte a asesinos y otros criminales que han ingresado ilegalmente en nuestro país, SIN DEMORA!!!

Uno de los hombres deportados a El Salvador en marzo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros fue Kilmar Abrego Garcia, padre de tres hijos en Maryland. A pesar de que la Corte Suprema de EEUU ordenó su regreso el mes pasado, la administración Trump se ha negado a devolverlo o a proporcionar actualizaciones a la corte sobre las acciones tomadas para “facilitar” su liberación. Al momento de escribir esta nota, Abrego García continúa encarcelado en El Salvador, aunque ya no se encuentra en el CECOT.

En una audiencia judicial el miércoles, abogados del Departamento de Justicia de Trump invocaron el privilegio de “secretos de Estado” para justificar no brindar información a la jueza de distrito Paula Xinis en Maryland sobre las acciones que el gobierno ha tomado —o no— para devolver a Abrego García. El principio de secretos de Estado, que sostiene que el gobierno no está obligado a proporcionar información en casos legales si existe un “peligro razonable” de que divulgarla perjudique la “seguridad nacional”, fue reconocido por la Corte Suprema en 1953.

En marzo, el secretario de Estado Marco Rubio, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y la procuradora general Pam Bondi respaldaron invocar el privilegio de secretos de Estado para evitar revelar información al juez James E. Boasberg sobre los vuelos de deportación a El Salvador. Ni Boasberg ni Xinis han dictaminado aún si consideran válida la invocación del principio.

A pesar de estos reveses en los tribunales, la Gestapo migratoria continúa secuestrando y deteniendo a trabajadores y a sus familiares, la gran mayoría de los cuales no ha cometido ningún crimen grave. El miércoles, ABC9 en Georgia informó que una estudiante universitaria de 19 años que ha vivido en Estados Unidos desde que era una niña, y su padre, enfrentan deportación tras ser arrestados por delitos de tránsito menores en incidentes separados.

Ximena Arias-Cristobal, de 19 años, y su padre, Jose Francisco Arias-Tovar, se encuentran detenidos en el Centro de Detención ICE Stewart, cerca de Columbus, Georgia. Arias-Tovar fue enviado al centro tras ser arrestado por conducir a 19 millas por encima del límite de velocidad, mientras que Arias-Cristobal fue encarcelada por realizar un giro a la derecha en un semáforo en rojo.

Hablando con ABC9, la madre de Arias-Cristobal explicó que su esposo intentó obtener una visa de trabajo, pero no lo logró, mientras que su hija no pudo registrarse en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), ya que se cerró poco después de su llegada a Estados Unidos en 2010.

Las condiciones dentro de los centros de detención —en su mayoría privados y con fines de lucro— son inhumanas y mortales. El lunes, El País informó que en los primeros 100 días de la administración Trump al menos siete personas murieron bajo custodia del ICE, incluyendo seis hombres y una mujer, todos entre los 27 y 55 años de edad.

Entre los fallecidos está Marie Ange Blaise, una mujer haitiana de 44 años que murió el 25 de abril. Ese mismo día notificó a los guardias que sufría fuertes dolores en el pecho. A pesar de determinar que Blaise tenía hipertensión, los guardias no la llevaron a un hospital y en su lugar le dieron unas pastillas y le ordenaron descansar. Unas horas más tarde, Blaise volvió a pedir ayuda desesperadamente gritando: “¡Mi pecho! ¡Mi pecho!” y a las 8:35 p.m. fue declarada muerta.

Brayan Rayo-Garzón, de 27 años, es la persona más joven identificada hasta ahora que ha muerto bajo custodia del ICE durante los primeros 100 días del gobierno de Trump. Tras inmigrar a Estados Unidos en 2023 junto a su familia desde Venezuela, fue arrestado por la policía metropolitana de St. Louis en marzo pasado por acusaciones de fraude con tarjetas de crédito y transferido a custodia del ICE en la cárcel del condado de Phelps.

El 7 de abril, la madre de Rayo-Garzón, Lucy Garzón, recibió una llamada desde la cárcel notificándole que su hijo “intentó quitarse la vida… su situación es crítica y puede morir mañana.” Al día siguiente, los médicos le informaron que su hijo estaba en estado de muerte cerebral.

(Artículo originalmente publicado en inglés el 7 de mayo de 2025)