El viernes, funcionarios de la Corporación de Radiodifusión Pública (CPB, por sus siglas en inglés) anunciaron que la organización comenzaría a cerrar sus operaciones. La mayoría de los aproximadamente 100 puestos del personal de la corporación desaparecerán cuando se agoten los fondos en septiembre. Se mantendrá un pequeño equipo de transición hasta enero de 2026 para garantizar un “cierre responsable y ordenado de las operaciones”, indicó la CPB en un comunicado.

Esta acción es el resultado de la votación del Congreso en julio para aprobar una solicitud de revocar gastos ya aprobados. En el caso de la CPB, la Cámara de Representantes y el Senado, con Donald Trump firmando la legislación el 24 de julio, retiraron todo su financiamiento, aproximadamente 1.100 millones de dólares (para ser gastados en dos años).

El impacto a largo plazo sobre la Radio Pública Nacional (NPR) y el Servicio de Radiodifusión Pública (PBS) será dramático. La financiación para NPR y PBS proviene de diversas fuentes, ya que nunca han sido propiamente financiadas por el gobierno federal.

NPR recibe directamente del gobierno federal solo un pequeño porcentaje, alrededor del 1 por ciento de su financiación. PBS recibe aproximadamente el 15 por ciento de su dinero del gobierno.

La mayor parte de la asignación de la CPB se distribuye mediante subvenciones a estaciones locales de televisión y radio públicas. Estas estaciones locales eligen afiliarse a PBS o NPR y pagan cuotas a las organizaciones nacionales por programación y otros servicios.

Las estaciones en áreas rurales y en pueblos pequeños, muchas de las cuales dependen de la CPB para obtener fondos, tendrán dificultades para sobrevivir. La directora ejecutiva y presidenta de PBS, Paula Kerger, comentó en julio: “Muchas de nuestras estaciones que brindan acceso gratuito a programación local única y alertas de emergencia ahora se verán obligadas a tomar decisiones difíciles en las próximas semanas y meses”. Las estaciones más grandes en centros urbanos importantes se han apoyado cada vez más en otras fuentes de financiación, incluidas las donaciones de televidentes y empresas.

El diario New York Times informó en julio sobre un informe interno de NPR, con una década de antigüedad, que indicaba que si el Congreso cortaba el financiamiento al sistema de radio pública:

hasta el 18 por ciento de las aproximadamente 1.000 estaciones afiliadas cerrarían, siendo los radiodifusores del Medio Oeste, el Sur y el Oeste los más afectados. A nivel nacional, hasta el 30 por ciento de los oyentes perderían acceso a la programación de NPR.

“A pesar de los esfuerzos extraordinarios de millones de estadounidenses que llamaron, escribieron e hicieron peticiones al Congreso para preservar la financiación federal de la CPB, ahora enfrentamos la difícil realidad de cerrar nuestras operaciones”, afirmó la presidenta y directora ejecutiva de la CPB, Patricia Harrison, en un comunicado emitido el 1 de agosto. “La CPB sigue comprometida con el cumplimiento de sus responsabilidades fiduciarias y con apoyar a nuestros socios durante esta transición con transparencia y cuidado”.

Una encuesta reciente de Harris Poll reveló que el 66 por ciento de los estadounidenses apoyaba la financiación pública de la radio, y el mismo porcentaje consideraba que era una buena inversión. El apoyo incluía al 58 por ciento de los republicanos y al 77 por ciento de los demócratas.

Políticos republicanos de extrema derecha celebraron la desaparición de la CPB, recurriendo a su argumento preferido: que durante décadas financió “propaganda partidista” y “periodismo de opinión de izquierda”. El senador John Kennedy de Luisiana se regodeó diciendo: “La Corporación de Radiodifusión Pública—la artimaña que los burócratas usaron para canalizar dinero de los contribuyentes a NPR y PBS—pronto dejará de existir”.

El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, también de Luisiana, agregó: “1.100 millones devueltos a los contribuyentes. No más dinero público para propaganda partidista. Los republicanos están poniendo fin al gasto derrochador y priorizando a Estados Unidos”.

En las redes sociales, Trump se jactó el mes pasado de que “LOS REPUBLICANOS INTENTARON HACER ESTO DURANTE 40 AÑOS, Y FALLARON… PERO NO MÁS”.

Hay un elemento de delirio fascista en las afirmaciones sobre el partidismo “de izquierda”. Como señalamos el mes pasado:

Bajo los ataques de figuras como el senador Jesse Helms de Carolina del Norte, el establecimiento cultural [incluidos NPR y PBS] se autolesionó hace ya años y dio lo mejor de sí para eliminar o neutralizar cualquier contenido vital. Se han hecho todos los esfuerzos posibles por financiar lo anodino, inocuo y poco desafiante en televisión, radio y programación cultural en general.

Por su timidez y programación proestablishment, NPR merecidamente se ganó en ciertos círculos el apodo de “Radio Patriótica Nacional”.

Sin embargo, la intención y el impulso extremadamente siniestros de esta acción por parte del gobierno de Trump y el Congreso deberían ser perfectamente evidentes. El objetivo final es silenciar toda voz que no se alinee con la porquería ultraderechista, chovinista, antiinmigrante y militarista que emana de la Casa Blanca, y todos los medios que no respalden el impulso de esta hacia el establecimiento de una dictadura presidencial. En tales circunstancias, incluso los llamados ineficaces a la “tolerancia” y la “diversidad”, junto con las esporádicas denuncias de delitos corporativos o gubernamentales —por las que son conocidas las emisoras públicas— se vuelven intolerables variantes de un supuesto “marxismo lunático”.

Este último ataque forma parte de una contrarrevolución político-cultural generalizada, una aguda aceleración de un proceso en marcha desde hace décadas. Con la nueva administración, ha tomado un giro dramático hacia una adaptación estadounidense de la Gleichschaltung hitleriana. El término, traducido como “sincronización”, “coordinación” o “integración”, se refiere al intento del régimen nazi de “alinear” todos los aspectos de la vida política y cultural y subordinarlos a la ideología del Estado fascista.

Con Trump y sus cómplices ultraderechistas, los intentos de imponer este tipo de “integración” han incluido el asalto sostenido a la independencia de las universidades frente al Estado, la purga de académicos y el ataque al derecho a protestar contra el genocidio en Gaza; las redadas del ICE al estilo de la Gestapo y la consiguiente difamación de los inmigrantes como “narcotraficantes, criminales, violadores”; la presión ejercida sobre las corporaciones mediáticas para despedir a periodistas “disidentes”, así como a cuasi iconoclastas como Stephen Colbert.

La Gleichschaltung, como explica el historiador Thomas Childers, proviene “del lenguaje eléctrico, significando que todos los interruptores estaban conectados al mismo circuito para que todos pudieran ser activados desde un interruptor maestro”. ( El Tercer Reich: una historia de la Alemania nazi ). La Enciclopedia del Holocausto comenta que el término “se refiere al proceso sistemático por el cual el régimen nazi consolidó el control sobre todos los aspectos de la sociedad, la política y la cultura alemanas después del ascenso de Hitler al poder. Esta política tenía como objetivo eliminar la disidencia y garantizar que cada institución se conformara con la ideología nazi”.

“Poco después de que Hitler se convirtiera en canciller”, señala la Biblioteca del Holocausto Wiener, “todos los periódicos de oposición fueron prohibidos. Los que quedaron estuvieron sujetos a estrictas leyes de censura, por lo que la oposición abierta al régimen se volvió cada vez más difícil. El 4 de octubre de 1933 se aprobó la Ley de directores de Publicaciones ( Schriftleitergesetz ). Esta ley establecía que todos los editores debían ser ‘arios’, y se despidió a cientos de editores no ‘arios’ por razones puramente raciales”.

En su ensayo, “Etapas de la ‘integración’ totalitaria (Gleichschaltung): la consolidación del dominio nacionalsocialista entre 1933 y 1934”, Karl Dietrich Bracher sostiene que:

Los dos primeros años del dominio nacionalsocialista ofrecen un ejemplo instructivo de los métodos políticos, los mecanismos internos y externos empleados en la “integración” totalitaria de una sociedad económicamente, socialmente y políticamente avanzada, e ilustran las etapas en este proceso de integración.

Bracher continúa:

Ya en su discurso ante el Reichstag del 23 de marzo [de 1933], Hitler había exigido explícitamente una organización unificada de la vida cultural y nacional. Primero fueron integradas las organizaciones económicas de la industria, la artesanía, la agricultura y la clase trabajadora, luego, con el nombramiento del ministro de Propaganda, los grandes órganos de opinión pública; posteriormente, con la extensión de las cámaras de cultura controladas por el Estado (Kulturkammern), el partido extendió su brazo hacia los escritores que no habían sido alcanzados por las primeras quemas de libros y privaciones de la ciudadanía alemana.

El jurista nazi Carl Schmitt resumió adecuadamente el objetivo de la Gleichschaltung como unidad y pureza nacional, lograda mediante la “exterminación de la heterogeneidad”.

Este proceso avanza peligrosamente en Estados Unidos, sin oposición alguna de parte del Partido Demócrata, el New York Times o del establishment liberal y de “izquierda”. Ninguna de estas fuerzas tiene el menor interés o preocupación por los principios o derechos democráticos. Corresponde al movimiento socialista y a la clase obrera desenmascarar y derrotar la amenaza de dictadura y fascismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 3 de agosto de 2025)