El nombramiento por parte del presidente estadounidense Donald Trump de E. J. Antoni como jefe de la Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics, BLS) ha generado una gran preocupación debido a que los datos vitales sobre empleo e inflación —que sirven de base para innumerables decisiones en la economía estadounidense y mundial— podrían dejar de ser confiables.

El nombramiento, anunciado a principios de esta semana, se produjo tras el despido de Erika McEntarfer, anterior jefa del BLS, después de que el informe de empleo de la institución al comienzo del mes mostrara una desaceleración en el mercado laboral estadounidense. La estimación previa del número de empleos creados en mayo y junio fue corregida a la baja en 258.000 empleos.

Sin presentar evidencia alguna, Trump afirmó que las cifras habían sido “amañadas” para perjudicarlo a él y al Partido Republicano.

La designación de Antoni en un cargo que supuestamente es no partidista en el gobierno constituye otro paso significativo en los intentos de Trump de establecer un régimen personalizado.

A diferencia de McEntarfer, quien contaba con 20 años de experiencia recolectando y analizando estadísticas en la Oficina del Censo antes de asumir su cargo en el BLS, Antoni no tiene experiencia en esta área. Ha pasado la mayor parte de su carrera como economista en grupos de expertos derechistas, más recientemente como economista jefe de la Fundación Heritage. Esta organización redactó el documento “Proyecto 25”, que sirve de base para gran parte de la agenda del segundo mandato de Trump.

El carácter político de Antoni quedó en evidencia en el periodo previo a las elecciones presidenciales, cuando, al promover a Trump y el Proyecto 25, publicó videopodcasts en los que aparecía frente al acorazado nazi Bismarck.

Sus credenciales académicas han sido cuestionadas por diversos sectores, muchos de ellos también vinculados a la derecha.

Comentando sobre su trayectoria, Kyle Pomerleau, economista del American Enterprise Institute, dijo al New York Times: “Ha demostrado o un desconocimiento total de los datos y principios económicos, o está dispuesto a tratar a su audiencia con desprecio y engañarla.”

Sin embargo, las calificaciones académicas no eran lo que Trump estaba buscando.

En una publicación en X, Dave Hebert, economista del derechista American Institute for Economic Research, escribió sobre Antoni: “He participado en varios programas con él hasta ahora y me han impresionado dos cosas: su incapacidad para entender conceptos básicos de economía y la rapidez con la que se pasó al bando MAGA”.

Hebert expresó su esperanza de que el Senado bloquee la confirmación del nombramiento de Antoni cuando llegue el momento.

La oposición a Antoni desde sectores que se autodenominan conservadores refleja una división dentro de la clase dominante estadounidense. La agenda de Trump, especialmente en lo relativo a los aranceles, es criticada por contradecir los principios del llamado “libre mercado” que han sido piedra angular del capitalismo estadounidense durante décadas.

Trump ya había designado a un economista de la Fundación Heritage como jefe del BLS durante su primer mandato. Pero, como comentó la economista laboral Philippa Dunne de TLR Analytics al Financial Times, si bien hubo cierto malestar en ese entonces, “no se compara con lo que hay ahora. Quiero decir, la gente está verdaderamente indignada.”

Luego, explicó la raíz de esa preocupación: “Es que el resto del mundo no va a confiar en nuestros datos. Y si no confían, no nos van a prestar dinero.”

La calidad de Antoni fue resumida de forma mordaz por un crítico que declaró: “Ningún economista creíble aceptaría un trabajo en el que te despiden por publicar datos precisos.”

Algunos comentaristas han sugerido que, al final, no importa tanto que Antoni no tenga calificaciones reales para el puesto y que haya sido nombrado solamente por ser un ferviente defensor de la agenda MAGA. Argumentan que el personal técnico del BLS continuará recopilando datos según métodos establecidos, por lo cual el nuevo director no podrá manipularlos fácilmente.

Pero hay indicios de que el despido de McEntarfer no fue una sorpresa aislada, sino parte de un plan más amplio.

Esta semana, el Wall Street Journal informó que, según funcionarios de la Casa Blanca, “la administración Trump está considerando cambios en cómo el gobierno federal recopila y reporta los datos.” Se han llevado a cabo una serie de “reuniones a puerta cerrada en los últimos días” entre asesores de la Casa Blanca y funcionarios del Departamento de Trabajo para discutir nuevas opciones en la recopilación de datos.

Trump está directamente involucrado. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el martes que él estaba evaluando los “métodos y procedimientos” detrás de los datos de empleo. Trump ha alegado, tanto pública como privadamente, que estos datos están diseñados para perjudicarlo políticamente, señalando en particular la fuerte corrección a la baja en las cifras de mayo y junio.

Las grandes correcciones que ocurren con frecuencia en los datos mensuales de empleo no son producto de manipulaciones con fines políticos, sino de las dificultades inherentes al proceso de recolección inicial, basado en respuestas de una muestra estadística.

En la última década, la tasa de respuesta a la encuesta de establecimientos ha caído del 61 al 43 por ciento, y en la encuesta de hogares del 88 al 68 por ciento. Esto significa que a menudo se deben hacer correcciones importantes cuando se recopilan más datos.

Estas dificultades se han agravado por recortes presupuestarios. El BLS ha visto su presupuesto reducido en términos reales en un 18 por ciento desde 2009, y enfrenta un recorte adicional del 8 por ciento este año.

Al celebrar su nuevo nombramiento, Trump publicó en redes sociales: “Nuestra economía está en auge, y E.J. garantizará que los datos publicados sean honestos y precisos. Sé que E.J. Antoni hará un trabajo increíble en este nuevo cargo.”

Pero las afirmaciones de Trump sobre una economía “en auge” se basan únicamente en el aumento récord del mercado de valores. Los datos sobre la economía real subyacente cuentan una historia muy distinta, que amenaza con desmentir sus afirmaciones electorales sobre aumentos salariales y niveles de vida, y alimentar una oposición creciente dentro de la clase obrera.

Los datos más recientes del PIB muestran que la economía estadounidense creció apenas un 1,2 por ciento en los primeros seis meses del año, en comparación con un 2,5 por ciento en el mismo período del año anterior.

Un artículo del columnista del Financial Times, Tej Parikh, publicado el mes pasado antes de la revisión a la baja del mercado laboral, titulado “La economía estadounidense es más frágil de lo que parece”, señaló que dos tercios de los nuevos empleos provenían de sectores “menos dinámicos”, incluyendo salud, gobierno y educación.

Parikh indicó que en junio un índice del BLS para el sector privado cayó por debajo de 50, “lo que indica que más sectores están perdiendo empleos que ganándolos. Esto es inusual fuera de una recesión”.

Citando investigaciones, agregó que “el mercado laboral estadounidense está cerca del punto en que cualquier caída adicional de la demanda podría hacer que la tasa de desempleo aumente significativamente”.

Advirtió que “bajo los titulares… la economía estadounidense es como una rana en agua hirviendo. Los mercados de trabajo, vivienda y consumo minorista se están desacelerando y están cerca de un punto de inflexión.” A menos que se reviertan las alzas arancelarias de Trump, “es difícil ver qué puede evitar que este castillo de naipes se derrumbe”.

El ambiente frenético dentro de la administración Trump, que llevó al despido en el BLS y ahora al nombramiento de Antoni, también se refleja en otro ámbito: el de los aranceles.

Los aranceles impuestos a países individuales se basan en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que otorga al presidente la autoridad para imponer aranceles en caso de “emergencia nacional”. Tras un fallo judicial en mayo que determinó que Trump había excedido su autoridad al imponer aranceles, dado que no existía tal estado de emergencia, la administración apeló la decisión ante un tribunal federal, que suspendió el fallo mientras se lleva a cabo el proceso de apelación.

En consecuencia, los aranceles entraron en vigor. Pero los argumentos orales iniciales no fueron bien para el gobierno, lo cual provocó una publicación desquiciada de Trump en redes sociales, en la que proclamó:

“Si un tribunal de la izquierda radical fallara en nuestra contra en este punto, en un intento de derribar o alterar la creación de riqueza, dinero e influencia más grande que jamás haya visto Estados Unidos, sería imposible recuperarse o pagar estas enormes sumas de dinero y honor. Sería 1929 otra vez, una GRAN DEPRESIÓN.”

(Artículo originalmente publicado en inglés el 13 de agosto de 2025)