Roberto Carlos Montoya Valdez, un padre guatemalteco de 52 años, fue atropellado mortalmente por una SUV en la autopista 210 la mañana del jueves mientras huía de una redada de ICE en el Home Depot de Monrovia, California. En el operativo, los agentes detuvieron a ocho inmigrantes de México, Guatemala y Honduras.

Mientras agentes armados invadían el Home Depot en la Avenida Mountain, Montoya y otros intentaron huir de la zona. Tras cruzar la Avenida Evergreen hacia la autopista 210, fue atropellado cerca de la Avenida Myrtle, según la Patrulla de Caminos de California. Los agentes abandonaron la escena sin solicitar ayuda médica, y solo tras una amplia indignación pública, ICE declaró que no supieron de la muerte de Montoya hasta horas después de finalizada la redada.

Esa misma noche se produjo una protesta espontánea cuando trabajadores y miembros de la comunidad se reunieron frente al Home Depot para condenar el asesinato y oponerse a las redadas de ICE en Los Ángeles y en todo el país.

En una declaración dirigida a la prensa, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que Montoya no estaba siendo perseguido por funcionarios federales. Esta afirmación fue un intento descarado de culpar a Montoya de su propia muerte.

Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON por sus siglas en inglés), respondió: “Aunque no lo estuvieran persiguiendo, el hecho es que, cuando se realizan operativos de este tipo, la primera reacción de cualquier ser humano es correr”.

Testigos informaron que Montoya Valdez no fue el único obrero que intentó huir del arresto y la detención. Mattias, un trabajador que escapó de la redada, dijo a NBC Los Ángeles: “Mi jefe me dijo que corriera porque había llegado inmigración”, y añadió: “Algunas personas corrieron sin importar su estatus migratorio, porque hoy en día no se sabe si detendrán a personas indocumentadas o con documentos”. El propio Mattias resultó herido durante la redada al huir y saltar una valla.

Montoya Valdez era uno de los 44 millones de inmigrantes que trabajan en Estados Unidos y enviaba remesas a su familia y sus cuatro hijos en Guatemala. Su muerte fue el segundo caso reportado de una persona fallecida al intentar huir durante las redadas de ICE en el sur de California, tras la muerte del jornalero mexicano Jaime Alanis García, de 56 años, en julio, quien cayó de una altura de 9 metros desde el techo de un invernadero durante una redada en Glass House Farms, cerca de Camarillo, California.

La Red Nacional de Jornaleros organizó una vigilia y manifestación por Montoya Valdez la tarde del viernes frente al Home Depot de Monrovia. Cerca de mil miembros de la comunidad y activistas de la zona y ciudades cercanas marcharon con pancartas exigiendo “Fuera ICE de Monrovia” y declarando “ICE no es bienvenido”.

El asesinato de Montoya Valdez fue antecedido por una redada de ICE el martes por la tarde en el autolavado Handy J Car Wash sobre el bulevar Washington en Culver City, donde agentes armados en furgonetas blancas secuestraron al menos a ocho trabajadores, incluido el hermano del encargado. Un video grabado por un testigo muestra a este último inmovilizado en el suelo con bridas de plástico por agentes enmascarados, mientras varios transeúntes exigían su liberación. Imágenes de seguridad del autolavado también muestran a los agentes persiguiendo y agarrando por la fuerza a otros trabajadores.

La representante del Distrito 28, Judy Chu (D-Calif.), asistió a la vigilia del viernes y declaró en la manifestación: “No se equivoquen, su muerte es resultado directo de la estrategia del gobierno de Trump de sembrar miedo e intimidación en nuestra comunidad”. En declaraciones para ABC7 News, añadió: “Es una situación horrible. Por eso tenemos que detener estas redadas de ICE, tenemos que dejar de aterrorizar a nuestra comunidad”.

A quién se refería exactamente Chu cuando dijo “tenemos que dejar de aterrorizar a nuestra comunidad” no está claro. Masas de personas dentro y fuera de Estados Unidos están indignadas ante la creciente ola de redadas de ICE de estilo gestapo en todo el país. Al decir “nosotros”, Chu bien podría referirse al papel colaboracionista de la policía local en las llamadas “ciudades santuario”, donde las redadas continúan sin cesar.

Pese a los intentos de atribuir toda la responsabilidad a Trump y los republicanos, la interpretación más acertada es que ese “nosotros” se refiere al Partido Demócrata, que apoya plenamente los ataques contra los inmigrantes, pese a sus despliegues vacíos de preocupación.

El gobierno de Biden ha llevado a cabo más de 700.000 deportaciones formales. Al mismo tiempo, continuó usando el Título 42, impuesto por Trump, para expulsar sumariamente a más de 2,4 millones de personas en la frontera, negándoles el derecho a solicitar asilo. Esta política se mantuvo incluso mientras Biden desmantelaba las medidas sanitarias contra el COVID-19 y los programas sociales, declarando falsamente que la pandemia había terminado. Durante los dos mandatos de Obama, se llevaron a cabo las mayores deportaciones en la historia de EE.UU., con 3 millones de personas expulsadas.

El asesinato de Montoya Valdez fue seguido por el secuestro de la activista colombiana de TikTok, Tatiana Martínez, el viernes en el centro de Los Ángeles, en las calles Fremont y Temple. Martínez estaba transmitiendo en vivo a sus 41.000 seguidores cuando fue arrestada. Un video del incidente grabado por un testigo se volvió viral en redes sociales. Martínez entró en estado de shock tras ser sacada a la fuerza de su automóvil e inmovilizada contra el suelo, y fue hospitalizada en el White Memorial Hospital. Tanto los trabajadores del autolavado como Martínez fueron recluidos en el centro de detención de ICE del centro de Los Ángeles.

Al día siguiente, en San Bernardino, una operación de ICE terminó a tiros después de que agentes rodearan a una familia dentro de su vehículo. Los agentes rompieron las ventanas del coche y abrieron fuego, alegando posteriormente que el conductor había atropellado a dos de ellos al intentar huir. La familia logró regresar a casa, donde los agentes cercaron la vivienda y se desarrolló un enfrentamiento de siete horas.

Sin embargo, los familiares desmintieron la versión oficial, afirmando que fueron emboscados y aterrorizados sin provocación alguna. Testigos relataron que se oían gritos de niños dentro del vehículo mientras los agentes disparaban, dejando a la familia traumatizada. El incidente expone los métodos cada vez más violentos y fuera de la ley de la policía migratoria, que miente sistemáticamente para justificar su barbarie.

Con la firma del proyecto de ley H.R.1 en julio, engañosamente llamado el “Gran Hermoso Proyecto”, se aprobó una asignación histórica de 170.700 millones de dólares para la aplicación de leyes migratorias y el control fronterizo a lo largo de cuatro años. La capacidad de detención migratoria en EE.UU. ha aumentado de 41.500 bajo Biden a más de 60.000 en agosto de 2025, con proyecciones de llegar al menos a 116.000 camas para 2029. Según Reuters, el zar fronterizo Tom Homan declaró a fines de mayo que el gobierno había deportado a unas 200.000 personas en cuatro meses, aunque en realidad fueron menos que las 257.000 deportaciones bajo Biden en el mismo período de febrero a mayo de 2024.

La brutalidad contra los inmigrantes es el resultado directo de décadas de colaboración entre los dos partidos de la clase gobernante, colaboración que los últimos ataques de Trump solo han profundizado. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, desde que Trump asumió el cargo en enero, unas 352.000 personas migrantes han sido arrestadas, incluidas 4.481 en Los Ángeles. El mismo organismo informó que más de 324.000 personas han sido deportadas.

El presidente fascista está llevando a cabo una campaña de deportaciones masivas para aterrorizar y convertir en chivo expiatorio a los trabajadores inmigrantes ante la creciente crisis social y política. Esta es una política central de la ultraderecha. El ataque a los inmigrantes no es un problema racial, sino de clase. Está dirigido contra toda la clase trabajadora y solo puede ser enfrentado mediante la lucha de clases. La clase trabajadora debe luchar por su unidad internacional y por el derecho de todos los trabajadores a vivir y trabajar donde elijan.

El Partido Demócrata—el partido de Wall Street, los bancos y la cúpula militar—utiliza políticas identitarias y raciales para ocultar estos problemas de clase mientras colabora en los ataques contra los inmigrantes. La clase trabajadora debe avanzar un programa socialista, unida más allá de las divisiones de raza, religión y nacionalidad, para derrotar a ambos partidos capitalistas y defender a los trabajadores inmigrantes como parte de la lucha contra la guerra, la dictadura y la explotación.

(Artículo originalmente publicado en inglés el 18 de agosto de 2025)