Un número récord de 61 países, de los 193 Estados miembros de la ONU, gastaron al menos el 10 por ciento de sus ingresos gubernamentales en pagos a los parásitos financieros del mundo: los bancos y, cada vez más, acreedores privados, gestores de activos y fondos de cobertura.

El impacto ha sido devastador: unos 3.400 millones de personas viven en países que gastan más en intereses que en salud y educación.

El último informe titulado The World of Debt 2025: It is time for reform (Un mundo endeudado: ha llegado la hora de la reforma) publicado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), informa que la deuda pública mundial aumentó a 102 billones de dólares en 2024, el nivel más alto jamás registrado. Los países de bajos ingresos representaron 31 billones, un tercio del total, un aumento sustancial respecto al 16 por ciento de participación que tenían en 2010.

El informe llama la atención sobre las cargas récord de deuda pública que enfrentan las personas pobres en los países más empobrecidos del planeta, cuyos gobiernos —principalmente en África, Asia, Oceanía, América Latina y el Caribe— desembolsan una suma sin precedentes de 921.000 millones de dólares en intereses, un aumento del 10 por ciento respecto al año anterior. Estos gobiernos pagaron 25.000 millones más en intereses que lo que ingresaron en nuevas fuentes de financiamiento, lo que resultó nuevamente en una salida neta de fondos.

El informe señala las “desigualdades marcadas y sistémicas” en el mundo de la deuda pública. La carga varía enormemente entre países dependiendo de las condiciones de financiamiento y los tipos de acreedores a los que pueden acceder, y advierte que “las desigualdades sistémicas en los sistemas financieros internacionales están haciendo todo aún más desafiante”, dado que los costos de endeudamiento de los países pobres son de dos a cuatro veces más altos que los de Estados Unidos.

El informe menciona, sin profundizar, que los países de ingresos bajos y medianos están recurriendo cada vez más a acreedores privados. Tampoco explica quiénes son estos acreedores privados ni los procesos económicos, financieros y legales subyacentes implicados.

Además de los bancos comerciales como JPMorgan Chase, Citibank, Deutsche Bank o HSBC, los acreedores privados incluyen: tenedores de bonos como fondos de cobertura, fondos de pensiones, gestores de activos, fondos de capital privado y especialmente los “fondos buitre” que compran deuda soberana en dificultades y demandan su pago completo, como lo hizo Elliott Management en la crisis de deuda de Argentina. También figuran entre ellos gestores de activos como BlackRock, Vanguard y Fidelity, que tienen grandes cantidades de bonos soberanos “de mercados emergentes”.

Como resultado, los países de ingresos bajos y medianos ahora deben aproximadamente el 61 por ciento de su deuda pública externa a acreedores privados, el 30 por ciento a prestamistas bilaterales —siendo China el mayor prestamista individual— y cerca del 10 por ciento a instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Según el Financial Times, este desplazamiento hacia los acreedores privados se aceleró después del colapso financiero de 2008, cuando los bancos quedaron bajo una mayor supervisión, y las firmas de capital privado y los gestores de activos asumieron un rol central. A finales de 2021, los acreedores privados representaban el 61 por ciento de la deuda de los países en desarrollo, frente al 46 por ciento en 2010. En algunos casos, como en Ghana, prestamistas comerciales como BlackRock mantenían aproximadamente el 76 por ciento de la deuda externa durante su reestructuración.

Según una investigación de Debt Justice UK (anteriormente Jubilee Debt Campaign), basada en datos del FMI y del Banco Mundial sobre 88 países de ingresos bajos y medianos, los acreedores privados recibieron el 39 por ciento de los pagos de deuda externa entre 2020 y 2025, en comparación con el 34 por ciento dirigido a instituciones multilaterales, el 13 por ciento a prestamistas públicos y privados chinos, y el 14 por ciento restante a otros gobiernos.

Tim Jones, director de políticas de Debt Justice, afirmó que su investigación desmiente el mito de que China desempeña un papel principal en la creación de crisis de deuda en los países de bajos ingresos. Esta narrativa falsa ha sido promovida incansablemente por Estados Unidos para negar financiamiento a través de los organismos multilaterales que controla a países muy endeudados, como Zambia y otros, con el pretexto de que nuevos préstamos o reestructuraciones de deuda simplemente terminarían en los bolsillos de China.

Jones explicó que “los prestamistas comerciales que cobran altas tasas de interés están recibiendo los mayores pagos por parte de los países de bajos ingresos” y exigió que “cuando los pagos de deuda son demasiado elevados, todos los acreedores externos deben cancelar deuda, en proporción a las tasas de interés que impusieron”.

Los datos también subrayan el inmenso poder que ejercen los acreedores privados en países que se ven obligados a recortar servicios sociales y públicos esenciales para pagarles, en medio de sus intentos de reestructurar sus deudas.

• En Chad, Glencore demoró las negociaciones mientras continuaba recibiendo pagos completos y Chad no obtuvo alivio de deuda alguno.
• Los tenedores privados de bonos de Etiopía se han negado a sufrir una quita (“haircut”) y han amenazado con usar tribunales en el Reino Unido para presionar al país a aceptar un mal acuerdo.
• Zambia, que se encuentra entre los países con las tasas más altas de pobreza en el mundo, está en crisis de deuda. Incumplió pagos de sus eurobonos en noviembre de 2020 y ha acumulado atrasos adicionales con otros acreedores. Aún no logra llegar a un acuerdo con algunos acreedores privados como Standard Chartered, radicado en Londres, tras cuatro años y medio de negociaciones.
• Ghana no ha logrado acordar con ninguno de sus acreedores privados no vinculados a bonos, varios de los cuales están utilizando presión política para exigir el pago completo.
• Malaui ha intentado renegociar su deuda con el Afreximbank y otros prestamistas de alto interés desde mayo de 2022, sin resultados.
• Los tenedores de bonos se niegan a reestructurar los “bonos ligados al PIB” de Ucrania.
• En Sri Lanka, Hamilton Reserve Bank ha rechazado la reestructuración propuesta por los tenedores de bonos y continúa con una demanda en los tribunales del estado de Nueva York.

El caso más atroz es quizás Sudán del Sur, mientras Israel estaría intentando ejecutar una limpieza étnica de los palestinos en Gaza. Sudán del Sur, un país rico en petróleo y empobrecido que se volvió “independiente” en 2011, enfrenta una crisis alimentaria extrema y brotes de enfermedades como el cólera, exacerbados por sequías e inundaciones inducidas por el cambio climático, años de conflicto y oleadas de retornados y refugiados que huyen de la guerra civil en Sudán. Afreximbank demandó con éxito a Sudán del Sur en los tribunales del Reino Unido por 657 millones de dólares debido a incumplimientos de préstamos de alto interés, el equivalente al 47 por ciento de los ingresos del gobierno sudsudanés.

Estos acreedores privados suelen ser mucho más ricos que los países a los que prestan. BlackRock administra 10 billones de dólares en activos, Vanguard 8 billones y State Street 4 billones, en comparación con el PIB de Ghana (75.000 millones), Zambia (30.000 millones), e incluso el de Nigeria —la mayor economía africana— que es de 475.000 millones.

Un solo gestor de activos puede tener más dinero bajo administración que la producción económica anual total del país al que “presta”. State Street, por ejemplo, maneja más de diez veces el PIB de Sudáfrica.

Un puñado de grandes gestores de activos, fondos de cobertura y bancos controlan vastas sumas de dinero provenientes de fondos de pensiones, aseguradoras y clientes adinerados. Por lo tanto, cuando compran un bono soberano —instrumento de deuda del gobierno—, ejercen típicamente un poder mucho mayor que el Estado prestatario.

Incluso cuando los niveles de deuda parecen moderados, el acreedor puede ejercer una influencia desproporcionada sobre las políticas económicas, prioridades fiscales y condiciones de reestructuración. Solo unos cuantos gigantes financieros globales —BlackRock, Vanguard, State Street, etc.— poseen una cantidad tan masiva de bonos soberanos que sus estrategias financieras —especulativas— en los mercados internacionales pueden alterar las condiciones de financiamiento nacional.

Los directivos que controlan estos buitres financieros se pagan a sí mismos sumas astronómicas. En 2024, Laurence D. Fink, director ejecutivo de BlackRock, recibió 30,77 millones de dólares en “compensaciones”, su presidente 21,78 millones y otros dos gerentes superaron los 10 millones. El director ejecutivo de State Street recibió 17 millones. Vanguard, como corporación privada, no divulga dichos datos, pero hace una década pagaba a su director ejecutivo unos 15 millones.

Totalmente indiferentes a la devastación social y al empobrecimiento económico que están generando, estos parásitos financieros tienen tanto el poder financiero como los medios legales —contratos de deuda, cortes de arbitraje e incluso tratados de inversión hechos a su medida— para exigir el pago íntegro en caso de incumplimiento. Para los países endeudados, o más precisamente, para sus trabajadores y campesinos pobres, un default implica nuevas medidas de austeridad, desempleo, y más recortes a los ya exiguos sistemas de salud y educación, lo cual desestabiliza toda la economía. Para los acreedores, es poco más que calderilla.

El poder lo es todo. Es más rentable para estos acreedores privados prestar a países de ingresos bajos y medianos que a países de altos ingresos. Ese poder está en manos de unas pocas miles de personas que tienen el control efectivo sobre países enteros.

Esta estrecha oligarquía financiera puede subordinar gran parte de la economía mundial a su interminable búsqueda de lucro y enriquecimiento. Y lo que hacen determina el destino de miles de millones de personas. Sin embargo, sus actividades y sus finanzas son invisibles, y mucho menos controladas, por la clase trabajadora que genera la riqueza que ellos expropian.

El sistema financiero es imposible de reformar. Debe ser abolido, sobre la base de que la clase obrera internacional de los países avanzados y de los países oprimidos se una en un programa socialista internacional para tomar el control del sistema financiero mundial como parte de una estrategia más amplia para reorganizar la sociedad en función de las necesidades humanas, no de la ganancia privada.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 24 de agosto de 2025)