El mismo día en que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., destituyó a la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Susan Monarez, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó nuevas y significativas restricciones a las vacunas contra el COVID.

Específicamente, solo aquellas personas de 65 años o más, o personas más jóvenes con al menos una comorbilidad médica que las exponga a un mayor riesgo de enfermedad grave, son ahora elegibles para recibir las vacunas. Estas restricciones están a la espera de la aprobación del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC, una aprobación prácticamente asegurada dado que Kennedy ya ha despedido a los 17 miembros anteriores del comité y los ha reemplazado con una mayoría de aliados antivacunas.

Los efectos de estas restricciones son inmediatos y graves. Ante la amenaza de represalias legales, muchas farmacias de todo el país ya están exigiendo recetas médicas para las personas que buscan vacunarse. En algunos estados, las farmacias han dejado completamente de ofrecer vacunas, restringiendo aún más el acceso. La incertidumbre en torno a los seguros significa que, incluso si alguien logra obtener una receta, el costo puede alcanzar los 150 dólares por dosis. Para quienes optan por un uso no autorizado oficialmente (“off-label”), acudir a múltiples médicos se ha vuelto lo común, con los propios médicos enfrentando amenazas de sanciones por parte de sus juntas estatales o autoridades médicas si emiten dichas recetas.

Los gigantes farmacéuticos CVS y Walgreens han restringido el acceso a las vacunas en más de una docena de estados. La portavoz de CVS, Amy Thibault, confirmó que las vacunas no estarán disponibles en sus farmacias en 16 estados, citando el “entorno regulatorio” impuesto por las recientes políticas. A partir del viernes, 13 de esos 16 estados, incluyendo el Distrito de Columbia, ahora exigen receta de un proveedor autorizado; en Massachusetts, Nuevo México y Nevada, las vacunas no pueden ofrecerse en absoluto.

Estas restricciones políticas tendrán consecuencias desastrosas para la salud pública a medida que el país entra en las olas pandémicas de otoño e invierno.

El Pandemic Mitigation Collaborative no ha podido actualizar sus modelos desde el 11 de agosto debido a los cambios impuestos a los datos de los CDC, pero según su última actualización, alrededor de 700.000 personas en EE.UU. estaban infectándose diariamente con el SARS-CoV-2. Esta tasa representa entre uno y cuatro millones de casos de COVID y entre 7.900 y 13.100 muertes en exceso solo en septiembre.

Cada año, entre 50.000 y 60.000 personas siguen muriendo a causa del COVID o sus complicaciones. El COVID prolongado, que afecta al menos al 6 por ciento de las personas infectadas, provoca enfermedades crónicas comparables a las causadas por un derrame cerebral, artritis reumatoide o el Parkinson.

El ataque más amplio contra la ciencia tuvo una expresión violenta a principios de este mes, cuando un hombre armado disparó más de 500 balas en el campus de los CDC en Atlanta, matando a un oficial de policía y luego suicidándose. El agresor, Patrick Joseph White, que sufría depresión severa e ideación suicida, culpaba a la vacuna contra el COVID de su condición, creencias alimentadas por la retórica antivacunas y anticiencia por la cual Kennedy y sus seguidores son notorios.

Estas fuerzas no solo han desviado la culpa de la devastación pandémica del abandono gubernamental hacia los funcionarios de salud pública y científicos, sino que también han fomentado una atmósfera en la cual actos como este son cada vez más posibles. La respuesta de Kennedy al tiroteo—permanecer en silencio por más de 18 horas mientras publicaba fotos de un viaje de pesca en redes sociales—desató indignación entre los trabajadores de los CDC. Cuando finalmente se emitió una declaración oficial, fue ampliamente condenada por ser tibia e inadecuada.

La destitución de Monarez sucedió luego de un enfrentamiento en el que ella se negó a acatar la exigencia de Kennedy de aprobar automáticamente todas las recomendaciones de su recién formado comité antivacunas del ACIP y de purgar al personal de alto nivel de los puestos clave. Stefanie Spear, directora adjunta principal de gabinete, exigió su renuncia, y para el miércoles, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) emitió una lacónica declaración anunciando que Monarez “ya no es la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades”.

Con el anuncio de ayer desde la Casa Blanca de que Jim O’Neill, actual adjunto de Kennedy y antiguo inversor tecnológico en Silicon Valley, reemplazará a Monarez, Kennedy ha consolidado su control sobre el sistema de salud pública, transformando estas instituciones en bastiones de pensamiento anticientífico y presentando una amenaza existencial para la salud y la seguridad públicas.

El doctor Robert Steinbrook, director del Grupo de Investigación en Salud de Public Citizen, resumió el sentir entre los expertos en salud:

La destitución de la primera directora de los CDC confirmada por el Senado pocas semanas después del inicio de su mandato no tiene ningún sentido y subraya el caos destructivo en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de RFK Jr. Para empeorar las cosas, hay informes de más renuncias entre altos cargos críticos de los CDC. Se está decapitando a los CDC. Esto es un desastre absoluto para la salud pública.

En solidaridad con Monarez, otras cuatro figuras de larga trayectoria en salud pública han renunciado: la doctora Debra Houry, directora médica de los CDC; el doctor Demetre Daskalakis, director del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias; el doctor Daniel Jernigan, director del Centro Nacional de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas; y la doctora Jennifer Layden, jefa de la Oficina de Datos, Supervisión y Tecnología de Salud Pública.

En el pódcast del New York Times, el doctor Daskalakis reveló que ni él ni su equipo, responsables de asesorar sobre vacunas, habían tenido jamás una reunión con Kennedy desde que este asumió el cargo como secretario de Salud, ni fueron consultados sobre los temas principales que surgieron durante su mandato, como el brote de sarampión en Texas y otros estados. Se enteró de las restricciones impuestas por Kennedy al acceso a vacunas COVID para niños por medio de redes sociales, sin haber sido consultado en absoluto.

Daskalakis declaró sin rodeos:

Mi trabajo es asegurarme de que brindamos buena ciencia para que las personas puedan tomar buenas decisiones. Y si no puedo garantizar que la ciencia está libre de influencias no científicas, no puedo decir que estoy cumpliendo con mi trabajo. Creo que la ciencia de los CDC va a ser comprometida por el HHS. Y si esa ciencia se sesga, si se ve indebidamente influenciada, entonces no puedo poner mi nombre en esa ciencia como algo que se deba usar para tomar decisiones importantes sobre la vida de las personas.

Durante la conversación, Daskalakis explicó que Kennedy usará los CDC y su base de datos para manipular o distorsionar la información de manera tal que no refleje la realidad científica, con el objetivo de promover su propia agenda política. Esto dañará aún más la reputación de los científicos y la seguridad pública en múltiples formas, además de revertir muchos de los avances científicos que se han conseguido tras décadas de trabajo colaborativo intenso.

La carta de renuncia de Daskalakis proporciona un contexto social y político al golpe de Estado científico en curso promovido por Kennedy:

La erosión intencional de la confianza en vacunas de bajo riesgo, en favor de la infección natural y remedios no comprobados, nos devolverá a una era previa a las vacunas, donde solo los fuertes sobrevivirán y muchos, si no todos, sufrirán… La eugenesia ocupa un lugar prominente en la retórica que se está generando, y deriva de un legado que la buena medicina y la ciencia deben seguir rechazando.

El reciente tiroteo en los CDC no es el motivo de mi renuncia. Mi abuelo, de quien llevo el nombre, se enfrentó a las fuerzas fascistas en Grecia y perdió la vida haciéndolo. Renuncio para honrarlo a él y a su legado. Renuncio debido a la cobardía de un líder incapaz de admitir que SUS palabras y las de sus secuaces durante décadas han creado un entorno donde actos como este pueden ocurrir. Rechazo sus pensamientos y oraciones, y les sugiero que los dirijan a las personas a quienes no han dañado activamente.

La consolidación del poder de Kennedy sobre las instituciones científicas tendrá consecuencias incalculables. Las nuevas restricciones a las vacunas contra el COVID son solo el último capítulo en un ataque de gran alcance a la salud pública que amenaza con revertir décadas de progreso y poner en peligro a millones de vidas a nivel mundial.

(Artículo originalmente publicado en inglés el 29 de agosto de 2025)