Cuando el llamado acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón fue anunciado el 22 de julio, contenía disposiciones vagas de que Japón invertiría 550.000 millones de dólares en EE.UU.

Los detalles de cómo se realizaría esta inversión no fueron especificados. La semana pasada aparecieron en una serie de documentos: una orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump, dos hojas informativas de la Casa Blanca y un Memorando de Entendimiento (MOU), que juntos establecen algunos de los acuerdos más extraordinarios en la historia económica.

En esencia, a cambio de que Trump reduzca los aranceles paralizantes sobre los autos y autopartes japoneses del 27,5 por ciento al 15 por ciento, Japón proveerá 550.000 millones de dólares para invertir en EE.UU. en industrias determinadas por el presidente, de las cuales el capital estadounidense cosechará el 90 por ciento de las ganancias una vez recuperada la inversión inicial.

El documento principal que establece cómo funcionarán las inversiones es el MOU, firmado por el secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick y el principal negociador japonés, Ryosei Akazawa, el 4 de septiembre.

Este establece que las inversiones deben realizarse antes del fin programado del segundo mandato de Trump el 19 de enero de 2029. Además, serán dirigidas a sectores que promuevan los intereses económicos y de seguridad nacional de EE.UU., incluyendo la construcción naval, los semiconductores, minerales estratégicos, inteligencia artificial, entre otros.

El destino de los fondos será determinado por un comité de inversiones presidido por el secretario de Comercio de EE.UU. y otros funcionarios estadounidenses bajo la dirección de Trump. No incluirá representantes japoneses. Su única participación será mediante un comité consultivo mucho menos poderoso que dará su visto bueno a las recomendaciones finales dirigidas a Trump.

Trump no ha escondido el funcionamiento de este mecanismo, diciendo que tenía “discreción total” sobre las inversiones japonesas y cómo se gastarían los fondos.

Según el MOU, Japón “puede, a su entera discreción”, negarse a financiar una inversión exigida por EE.UU. Pero si lo hace, podría sufrir represalias.

“En el caso de que Japón elija no financiar, Estados Unidos podrá imponer una o varias tasas arancelarias sobre las importaciones japonesas al nivel que determine el presidente”, afirma el MOU.

Una vez que el presidente determine qué proyectos serán financiados por Japón, este deberá aportar los fondos en dólares estadounidenses.

Cada inversión será realizada a través de un “vehículo de propósito especial” (SPV, por sus siglas en inglés), creado por EE.UU. El SPV distribuirá las ganancias generadas en una proporción 50-50 entre Japón y EE.UU. hasta alcanzar lo que el MOU llama un “monto de asignación considerado”, después del cual el 90 por ciento será para EE.UU. y el 10 por ciento para Japón.

La única “concesión” obtenida por Japón es el compromiso de EE.UU. de reducir los aranceles automotrices al 15 por ciento y que no habrá “acumulación”, es decir, que los aranceles se aplicarán totalizados, sin acumulaciones adicionales sobre todos los productos automovilísticosEstados Unidos Primero.

Este ha sido el arma económica principal utilizada por EE.UU. La industria automotriz japonesa representa aproximadamente el 21,5 por ciento de todas las exportaciones japonesas y emplea directa e indirectamente a alrededor del 8,3 por ciento de la fuerza laboral. Tras el anuncio inicial del acuerdo en julio, aún estaban vigentes los aranceles sobre autos y autopartes, con un costo estimado de 20 millones de dólares diarios.

En una publicación en X, Lutnick, en una aparición descrita como “jactanciosa” en el canal empresarial CNBC, declaró que el acuerdo era un “cambio de juego absoluto” para EE.UU. Era “exactamente de lo que se trata la agenda comercial Estados Unidos Primero” y que, “por primera vez en la historia” Trump estaría “dirigiendo literalmente estas inversiones para el beneficio de Estados Unidos”.

El carácter personalista del acuerdo—una característica de todas las medidas que Trump está instrumentando para establecer una dictadura en EE.UU.—fue subrayado en una Hoja Informativa publicada por la Casa Blanca el 5 de septiembre. En general, los documentos oficiales se refieren a gobiernos, países, instituciones estatales con identificaciones protocolares, no por nombres. Este no fue el caso.

La Hoja Informativa decía que Japón se había comprometido a proporcionarle “al presidente Trump 550.000 millones de dólares para invertir en Estados Unidos en sectores críticos de importancia para nuestra seguridad nacional”. El dinero sería invertido en proyectos estadounidenses “seleccionados por el presidente Trump”.

En su orden ejecutiva anunciando el “acuerdo”, Trump dijo que era “necesario y apropiado” abordar la “emergencia nacional” que había invocado al imponer los amplios aranceles recíprocos anunciados por primera vez en el denominado “día de liberación” en abril.

Trump invocó estos poderes bajo la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés). Pero dos tribunales—el Tribunal de Comercio Internacional y un tribunal federal de apelación—concluyeron que había excedido su autoridad y que la IEEPA no contiene la palabra “arancel” ni sinónimos.

El caso ha llegado ahora a la Corte Suprema en apelación, con audiencias iniciales previstas para noviembre. En su presentación, la administración Trump argumentó que si se anularan las acciones del presidente, sería “catastrófico” para EE.UU., posiblemente desatando una crisis económica del nivel de la década de 1930.

Dentro de esta retórica exagerada, como hemos señalado anteriormente, existe un elemento de realidad objetiva. Es que, dada la posición económica debilitada de EE.UU.—expresada no en menor medida en su deuda gubernamental de 37 billones de dólares—, el país se ve impulsado a actuar en la economía mundial como un gánster mafioso extrayendo tributo del resto del mundo.

No ha habido una gran cobertura del acuerdo EE.UU.-Japón en la llamada prensa tradicional. Sin embargo, un reciente artículo de opinión por Leo Lewis en el Financial Times sí señaló su carácter extraordinario y sus implicaciones más amplias.

“El MOU establece un acuerdo que, en cierta lectura, apesta a coerción: una nación soberana obligada a canalizar inversiones del sector público y privado hacia una más rica bajo una estructura descaradamente dirigida por el presidente de EE.UU.”, escribió. Además, como indicó en su conclusión, es una señal de lo que está por venir.

Así como Trump intentó eludir al Congreso, escribió Lewis, también está evadiendo los “canales normales” en su trato con los aliados. El MOU, “en su invisibilidad y su construcción por camarilla, es un plano útil de ese proceso en sus primeras etapas”.

Las implicaciones de gran alcance del diktat contra Japón emergen del análisis histórico.

A finales del siglo XIX, cuando surgía la época del imperialismo, la naciente clase capitalista japonesa enfrentaba una alternativa tajante: ser dividida por las grandes potencias como fue China y quedar reducida al estatus de colonia, o emprender el camino de la conquista imperialista y convertirse en una gran potencia. Lo que se excluía era un desarrollo capitalista pacífico y orgánico.

Japón eligió el segundo camino, lo que lo llevó eventualmente a una guerra con EE.UU. Con su derrota en 1945, Japón se desarrolló dentro del marco reconstruido del capitalismo, organizado por EE.UU. Pero luego de años de constante erosión, ese marco ha sido desmantelado por el régimen de Trump, sin retorno posible, y por lo tanto todos los viejos dilemas históricos, que parecían haber quedado atrás, resurgirán.

No habrá escapado a la atención de la clase dominante japonesa, y sus capas militaristas no insignificantes, que el acuerdo impuesto por EE.UU. guarda una similitud notable con los “tratados desiguales” infligidos a China a fines del siglo XIX e inicios del XX y que, una vez más, Japón se enfrenta a la necesidad de luchar por su lugar en el orden imperialista mundial.

Ya se escuchan las primeras protestas. Existen comentarios en los medios que sostienen que Japón ha abdicado de su soberanía financiera en favor de Estados Unidos.

Masahiko Hosokawa, exfuncionario del ministerio de comercio japonés, dijo al New York Times que si bien Japón se vio obligado a aceptar los términos dictados por EE.UU. como “control de daños” para asegurar aranceles más bajos a los automóviles, el proceso no se desarrollará tal como lo plantea Trump.

“Es un error pensar que Estados Unidos va a pedir algo y Japón simplemente lo dará”, afirmó. “Japón no se ha convertido en el cajero automático de Estados Unidos”.

La Unión Europea habrá tomado nota cuidadosa del acuerdo conforme se intensifica su conflicto con EE.UU., y el MOU será sin duda considerado como el “plano” para futuras relaciones entre EE.UU. y la UE, exigiendo una respuesta.

Trump celebró el acuerdo como una “nueva era en las relaciones comerciales EE.UU.-Japón”. Lo es—y no sólo con Japón. El acuerdo contiene en su interior las semillas de una nueva guerra interimperialista.

Qué tan rápido germinen y broten esas semillas se verá en los conflictos por venir, pero sin duda alguna han sido sembradas en el terreno fértil creado por el desenfreno imperialista estadounidense.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 12 de septiembre de 2025)