El jueves, el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por el intento de golpe fascista que culminó con la insurrección en Brasilia el 8 de enero de 2023.

La condena por los delitos de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho, organización criminal armada y daños al patrimonio público fue aprobada por cuatro de los cinco jueces del Primer Panel del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil.

Además del expresidente, fueron condenados por los mismos crímenes siete miembros del llamado “núcleo decisivo” de la conspiración golpista. El general Walter Souza Braga Netto, exjefe de gabinete y exministro de Defensa, y candidato a vicepresidente de Bolsonaro en 2022, fue condenado a 26 años de prisión; el almirante Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina, a 24 años; Anderson Gustavo Torres, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal, a 24 años; el general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), a 21 años; el general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, exministro de Defensa y excomandante del Ejército, a 19 años; Alexandre Ramagem Rodrigues, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), a 16 años; y el teniente coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, exayudante de campo de Bolsonaro, vio su condena reducida a dos años de prisión gracias a un acuerdo de delación premiada.

El proceso del STF se basó en la comprensión de que los acusados formaron una “organización criminal” bajo el liderazgo de Bolsonaro. Entre junio de 2021 y el 8 de enero de 2023, esta organización cometió diversos “actos ejecutivos” destinados, primero, a atacar el Estado democrático de derecho y, luego, a promover un golpe de Estado.

Aunque los dos elementos de la conspiración golpista están inseparablemente vinculados, los jueces argumentaron que en el primero, “es el propio gobierno constituido, el ejecutivo constituido, el que pretende disminuir o acabar con el sistema de frenos y contrapesos”. En el segundo, “el sujeto pasivo es el ejecutivo”.

El juez ponente del caso, Alexandre de Moraes, fundamentó su voto condenatorio presentando lo que consideró 13 “actos secuenciales” de la conspiración golpista. Declaró:

El primer punto es precisamente el uso de organismos públicos por parte de la organización criminal para monitorear adversarios políticos y para estructurar y ejecutar la estrategia. Y en este momento, en junio de 2021, se cometieron los primeros actos ejecutivos para atacar al poder judicial y principalmente a la justicia electoral, desacreditándola, ya con el objetivo de deslegitimar un posible resultado negativo en las elecciones de 2022, desacreditando a la propia democracia.

Posteriormente, tenemos los actos ejecutivos ya públicos, con amenazas graves a la justicia electoral, que derivan de toda la preparación y uso de organismos públicos… [Posteriormente,] el uso de amenazas serias para restringir el ejercicio del poder judicial en el famoso 7 de septiembre de 2021…

Tenemos el uso indebido de la estructura de la Policía Federal de Carreteras en la segunda vuelta electoral y el uso indebido de la estructura de las Fuerzas Armadas en relación con el informe de supervisión del sistema de voto electrónico del Ministerio de Defensa.

Las actividades de esta conspiración asumieron un ritmo frenético y un carácter cada vez más violento con la proximidad de la derrota de Bolsonaro en la segunda vuelta electoral de octubre de 2022.

Entre las acciones enumeradas por Moraes se incluyen:

“…los actos extremadamente violentos el día de la toma de posesión del presidente y vicepresidente electos, el 12 de diciembre de 2022, con intentos incluso de invasión de la sede de la Policía Federal;… la colocación de una bomba que, gracias a Dios, no explotó, en el aeropuerto [de Brasilia], el 24 de diciembre de 2022”.

Los últimos “actos secuenciales” son los más críticos:

• El Plan “Puñal Verde y Amarillo” para asesinar al presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores – PT), al vicepresidente Geraldo Alckmin, y al propio Moraes, entonces presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE). El plan detallado para estas ejecuciones “fue impreso en la sede del gobierno brasileño, en el mismo momento en que el presidente Jair Messias Bolsonaro también se encontraba allí – y la Policía Federal lo comprobó,” afirmó Moraes.
• El intento de ejecución de Moraes por parte de personal de Fuerzas Especiales del Ejército el 6 de diciembre de 2022, en la operación denominada “Copa 2022”.
• La elaboración de las llamadas “Minutas del Golpe”, que preveían el establecimiento de un estado de excepción para impedir la transferencia de poder al gobierno recién electo, y su discusión con los comandantes de las tres Fuerzas Armadas.
• La formación de un “gabinete de crisis” bajo el mando del general Heleno y el general Braga Netto, al que se transferiría el poder tras una intervención militar.
• El ataque a las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023, que, en palabras del juez ponente, “no fue una combustión espontánea, [sino] la conclusión de un procedimiento para tomar y mantener el poder a toda costa”.

La condena del expresidente y de miembros del alto mando militar, incluidos tres generales de cuatro estrellas y un almirante de flota, es un acontecimiento histórico en Brasil. En un país que vivió dos décadas bajo una brutal dictadura militar, de 1964 a 1985, es la primera vez que generales se sientan en el banquillo de los acusados y que delitos contra la democracia son castigados.

Pero este no es un acontecimiento de dimensiones meramente nacionales. La ofensiva fascista en Brasil está profundamente vinculada a procesos políticos similares que se están desarrollando en todas partes del mundo – desde América Latina hasta Europa, pero, sobre todo, en Estados Unidos.

El intento de golpe del 8 de enero de 2023 en Brasilia fue una continuación directa e inseparable del intento de golpe liderado por Donald Trump el 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington.

A pesar de no haber sido mencionado por el STF, existe una conexión innegable entre el inicio de la conspiración golpista sistemática por parte de Bolsonaro y sus aliados, al menos desde junio de 2021, y los explosivos acontecimientos políticos que la precedieron en Estados Unidos.

La insurrección fascista de Trump en el Capitolio, definida por el World Socialist Web Site (WSWS) como un acontecimiento decisivo en la política internacional, sirvió de modelo político para el intento de Bolsonaro y sus aliados de poner en marcha un proyecto de poder totalitario.

El 10 de enero de 2021, en un artículo titulado “ Bolsonaro respalda el golpe de Trump y amenaza con hacer lo mismo en las elecciones brasileñas de 2022 ,” el WSWS escribió: “[Bolsonaro] ya ha anunciado su intención de usar las mismas mentiras sobre fraude electoral en Brasil para movilizar a sus partidarios en un intento por mantenerse en el poder, sin importar los resultados de las elecciones presidenciales de 2022.”

Al informar sobre la presencia de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, en Washington durante los hechos del 6 de enero de 2021, el WSWS concluyó categóricamente: “Eduardo no fue a Estados Unidos como turista. Fue convocado efectivamente como observador internacional del golpe de Trump en representación de los fascistas brasileños”.

La profunda correlación entre los procesos políticos en Estados Unidos y Brasil también expone la hipocresía del relato oficial triunfalista promovido por el PT y los medios de comunicación respecto a la condena de Bolsonaro y sus cómplices.

El juicio en el STF concluyó con un discurso del presidente del tribunal, Luís Roberto Barroso, quien afirmó: “Creo que estamos cerrando los ciclos de atraso en la historia brasileña, marcados por el golpismo y la ruptura de la legalidad constitucional”.

Este relato edulcorado se desmorona ante la contraofensiva ya en curso para revertir la decisión del tribunal. Una campaña por una “amnistía amplia” para los condenados por atentados contra la democracia desde 2019 ha logrado el apoyo de la mayoría del Congreso brasileño, dominado por la derecha, y de sus partidos. El 7 de septiembre, manifestaciones en apoyo a Bolsonaro bajo el lema “¡Reacciona, Brasil!” contaron con la presencia de los gobernadores de los tres estados más poderosos del país.

Los promotores de esta campaña fueron fuertemente alentados por el voto disidente del juez Luiz Fux, quien no sólo se negó a condenar a Bolsonaro, sino que pidió la anulación de todo el proceso, alegando “incompetencia absoluta” del STF para juzgar el caso.

La condena de Bolsonaro se ha convertido, de hecho, en un caballo de batalla para nuevos ataques contra la democracia brasileña por parte de las mismas fuerzas que promovieron el 8 de enero de 2023.

La intervención criminal del imperialismo estadounidense, en el contexto de su escalada violenta contra toda América Latina, no es un factor menor que impulsa este proceso.

Tras imponer aranceles del 50 por ciento, presentados abiertamente como medio para forzar la supresión del proceso contra Bolsonaro, la administración Trump está redoblando sus ataques criminales contra Brasil tras la sentencia.

El miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que la intervención política contra Brasil “es una prioridad para la administración y el presidente no tiene miedo de usar el poder económico y militar de los Estados Unidos de América para proteger la libertad de expresión en todo el mundo”.

Al día siguiente, el secretario de Estado Marco Rubio respondió a la condena de Bolsonaro declarando en X que “Estados Unidos responderá en consecuencia a esta cacería de brujas”.

Más profundamente, los acontecimientos durante los dos años que separan la insurrección fascista en Washington y su repetición en Brasilia demuestran de forma concluyente que el colapso mundial de la democracia burguesa es un proceso interconectado. El rápido avance del proyecto dictatorial de Trump deja en claro, además, que no ha hecho más que intensificarse.

“La excesiva alta tensión de la lucha internacional y de la lucha de clases conduce a un cortocircuito de la dictadura, haciendo saltar uno tras otro los fusibles de la democracia”, escribió León Trotsky en 1929. Y continuaba: “Lo que se llama la crisis del parlamentarismo es la expresión política de la crisis de todo el sistema de la sociedad burguesa. La democracia se mantiene o cae con el capitalismo”.

La clase obrera en Brasil, Estados Unidos y en todo el planeta sólo puede luchar contra el fascismo emprendiendo una lucha revolucionaria conjunta contra el capitalismo y por el socialismo a nivel internacional.

(Artículo originalmente publicado en inglés el 13 de septiembre de 2025)