Se prevé que los costos del seguro médico aumenten drásticamente en todo Estados Unidos a finales de este año, profundizando la crisis de salud en el país. El alza de los costos, combinada con la expiración de los subsidios del mercado del Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act, ACA, o “Obamacare”) y el recorte de 930.000 millones de dólares al financiamiento de Medicaid dado por la ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), firmada el 4 de julio, están socavando la cobertura médica de decenas de millones de personas.

Los demócratas están posando como defensores de la salud para los estadounidenses, prometiendo bloquear la aprobación de una resolución presupuestaria si los republicanos no hacen concesiones sobre los subsidios ampliados del ACA, que expirarán a finales de 2025, o si no restauran el billón de dólares recortado a Medicaid por la OBBBA. La resolución debe aprobarse antes del 30 de septiembre para evitar un cierre del gobierno federal.

Se espera que las deducciones salariales por los planes de empleadores, que cubren a unos 154 millones de personas, aumenten un promedio del 7 por ciento, incluso después de que los empleadores apliquen medidas de reducción de costes. Se prevé que el 59 por ciento de las empresas reduzcan aspectos de su cobertura o cambien a seguros más baratos a costa de los trabajadores. Un factor clave de este incremento son los cálculos provisionales que están haciendo las aseguradoras en respuesta al posible impacto inflacionario de los aranceles del gobierno de Trump, cuyos costos la industria de la salud planea transferir a los trabajadores. Por ejemplo, el gobierno de Trump está considerando imponer aranceles de hasta el 250 por ciento sobre medicamentos importados.

Se espera que quienes están en Medicare Parte B (que cubre visitas al médico y servicios ambulatorios) enfrenten aumentos del 11,6 por ciento, mientras que las primas de Medicare Parte D (medicinas ambulatorias) aumenten hasta 50 dólares mensuales, afectando a jubilados y personas con ingresos fijos.

Sin embargo, los planes comprados directamente por los trabajadores a través del mercado del ACA, que cubren a 24 millones de personas, aumentarán mucho más rápidamente: un promedio del 20 por ciento a nivel nacional. Estos aumentos, los más altos desde 2018, aún no reflejan completamente la magnitud del problema enfrentado por los trabajadores con estos planes. La inminente pérdida de los subsidios del ACA establecidos bajo el gobierno de Biden incrementaría el costo del seguro para quienes tienen planes del ACA en un asombroso promedio del 75 por ciento. Muchos simplemente no podrían permitirse seguir inscritos en estos planes.

Los créditos fiscales federales mejorados para las primas de los planes del mercado ACA, establecidos por el Plan de Rescate Estadounidense en 2021 y extendidos por la Ley de Reducción de la Inflación en 2022, están programados para expirar a finales de 2025. Estos subsidios hicieron que el seguro a través del mercado ACA fuera medianamente más accesible, limitando los costos al 8,5 por ciento de los ingresos del hogar y duplicando la cantidad de afiliados a más de 24 millones de personas. De estos 24 millones, 22 millones reciben subsidios. La expiración de estos subsidios regresaría al ACA a su régimen anterior, bajo el cual las personas con ingresos superiores al 400 por ciento del umbral federal de pobreza pierden toda la asistencia financiera. La Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que 4 millones de personas perderán su cobertura médica si se eliminan los subsidios mejorados.

La cruel norma de “Integridad y Asequibilidad del Mercado del ACA” de la administración Trump, publicada en junio, contribuirá al aumento de los costos para quienes tienen planes del ACA. Entre los cambios realizados se encuentran los “porcentajes aplicables” más altos (que aumentan el saldo pendiente después de los créditos fiscales) y un incremento de los máximos “de bolsillo” (hasta 900 dólares para familias). La norma también permite deducibles más altos, reduciendo los créditos fiscales para primas. La mayoría de los 24 millones de afiliados al ACA pagará cientos de dólares más anualmente incluso si no se cancelan los subsidios mejorados. Si se extendieran los subsidios mejorados, entre 750.000 y 1,8 millones de personas todavía perderían cobertura para 2026 solamente como resultado de esta norma de la administración Trump.

A pesar de que los demócratas celebraron la aprobación del ACA hace 15 años como la mayor reforma desde el New Deal, toda la historia del ACA ha demostrado en la práctica que representa una colusión directa entre el gobierno y la industria de la salud, a expensas de los trabajadores. El ACA obliga a los trabajadores y sus familias a comprar seguros privados, canalizando sus ingresos hacia las aseguradoras y desplazando los costos sobre la clase trabajadora, haciendo que el acceso a la atención médica sea aún más difícil.

El ACA se basa en y refuerza el gigantesco y parasitario sector privado con fines de lucro de la atención médica en Estados Unidos, incluidas las aseguradoras, grandes hospitales, redes médicas y farmacéuticas. Esta ley estableció un marco para que aseguradoras, empresas y el propio gobierno transfirieran los costos a los trabajadores, recortando drásticamente los beneficios de salud disponibles para ellos. La cobertura ha disminuido, mientras que los copagos, los deducibles y las primas han ido en aumento, llevando a los trabajadores a racionar atención médica o posponer tratamientos. El ACA, al vincular procedimientos médicos con programas de reducción de costos “basados en valor”, entrega incentivos a los proveedores para disminuir el gasto total, lo que conlleva a plantillas insuficientes y atención médica deficiente. El aumento de costos y el vaciamiento de los beneficios médicos no es un accidente, sino el objetivo mismo de esta legislación.

El WSWS señaló en 2009:

La contrarrevolución médica de Obama es parte de toda su agenda interna. Va en paralelo con el rescate bancario de varios billones de dólares, la imposición de despidos masivos y recortes salariales y de beneficios en la industria automotriz y con un ataque intensificado a la educación pública y los docentes. … Todo lo que queda de las reformas sociales de los años 1930 y 1960, y de las conquistas ganadas por generaciones anteriores de trabajadores en dura lucha, está siendo eliminado.

En vez de considerarse un derecho social, la salud bajo el capitalismo está subordinada a las prioridades de ganancia de la industria médica y sirve para transferir riqueza de la clase trabajadora a la oligarquía capitalista. El gasto en salud representa el 18 por ciento del PIB en Estados Unidos, y este porcentaje crece más rápido que el propio PIB. Los recortes de fondos para Medicaid por la OBBBA causarán que decenas de millones pierdan su seguro médico en los próximos 10 años. Sumado a los 4 millones que perderán cobertura por el fin de los subsidios del ACA, el total proyectado de personas sin seguro asciende a 16-17 millones en todo el país. Esto, a su vez, generará un aumento de costos para todo el sistema, ya que los proveedores de salud trasladan los gastos de aquellas personas sin seguro que se ven obligadas a acudir a emergencias sobre quienes sí tienen cobertura.

La OBBBA, debido a su impacto en el creciente déficit federal, activará reglas presupuestarias automáticas que implicarán recortes automáticos a Medicare por un total cercano a los 500.000 millones de dólares entre 2026 y 2034. Esto pone en duda los futuros pagos de Medicare.

Mientras tanto, la administración Trump está lanzando un ataque masivo a los fundamentos de la salud pública, la ciencia y el acceso a vacunas salvavidas, en un esfuerzo eugenésico moderno por acortar deliberadamente la esperanza de vida de la clase trabajadora, reduciendo así el costo de pensiones y atención médica para jubilados, y aumentando las ganancias. Esta agenda de la clase dominante, personificada por fanáticos anticiencia como Robert F. Kennedy Jr. y sus nombramientos en las agencias de salud gubernamentales, se ha dejado en evidencia por la pandemia de COVID-19, dado que la clase dominante cesó todas las medidas para contener el virus que pudieran afectar los beneficios empresariales, al costo de millones de vidas.

El llamado “Big Beautiful Bill” de Trump tiene solo un 32 por ciento de aprobación según encuestas recientes. Los demócratas temen quedar aún más desacreditados si vuelven a actuar como cómplices del gobierno de Trump, como lo hicieron en marzo, cuando nueve senadores demócratas y un independiente que se reúne con los demócratas votaron por una resolución presupuestaria en medio de las políticas autoritarias de Trump y sus ataques del Departamento de Justicia sobre programas sociales. En esta ronda de negociaciones, el representante demócrata Jared Golden de Maine votó a favor de la resolución y John Fetterman de Pensilvania hizo lo mismo en el Senado. Los republicanos rechazaron una resolución demócrata alternativa que no tenía posibilidad de ser aprobada.

Los republicanos han puesto a prueba a los demócratas, suspendiendo el Congreso por una semana durante la festividad de Rosh Hashaná y planeando no volver hasta el 1 de octubre, cuando ya habría comenzado un cierre gubernamental. Por su parte, Trump ha desestimado una carta enviada por el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries—en la cual suplican una reunión con el presidente para que interceda con los republicanos—calificándola como un acto de “desesperación”. Trump y otros republicanos han calificado como “poco serias” las posturas de los demócratas como protectores de la salud, acusándolos de halagar a su “base izquierdista”, mientras que el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, espera que los demócratas se sometan cuando el Congreso retome actividades la próxima semana.

Es posible que Trump recurra a medidas aún más dictatoriales en caso de un cierre del gobierno, e incluso que eluda al Congreso. Los demócratas y sus aliados en los sindicatos y la pseudoizquierda predican la complacencia después de haber pasado meses respaldando los ataques de Trump contra los inmigrantes, la ocupación de ciudades, el desmantelamiento de programas sociales y su ofensiva contra los derechos democráticos y la libertad de expresión.

La clase trabajadora debe luchar por acabar con el sistema de salud con fines de lucro como parte de una contraofensiva social contra el impulso fascista del gobierno de Trump, el cual no es más que una expresión de la crisis del propio sistema capitalista. La oligarquía capitalista busca despojar a los trabajadores de cada programa social para contrarrestar la expansión constante de la montaña de deuda sobre la que se basa su riqueza parasitaria. 

(Artículo originalmente publicado en inglés el 23 de septiembre de 2025)