Introducción

Una investigación encabezada por el doctor Zirui Song de la Escuela de Medicina de Harvard publicada en la Annals of Internal Medicine, en septiembre de 2025, ha ofrecido una de las advertencias más contundentes hasta la fecha sobre los peligros del capital privado en los hospitales estadounidenses. El estudio demuestra sin lugar a dudas que cuando los hospitales caen bajo el control de empresas de capital privado, la búsqueda de ganancias prevalece sobre la atención a los pacientes, con consecuencias mortales en las áreas más críticas de la medicina: las salas de urgencias y las unidades de cuidados intensivos (UCI) de los hospitales de Estados Unidos.

La incursión del capital privado en la sanidad no es fortuita, sino que responde a un manual predatorio y pérfido bien conocido por los “magos financieros”. Estas firmas suelen adquirir proveedores mediante compras apalancadas cargadas de deuda, prometiendo flujos de efectivo fáciles. Pero en estos esquemas, son los hospitales, no los inversionistas, los que cargan con el peso de pagar préstamos enormes.

Luego, en un horizonte de inversión de tan solo tres a siete años, los propietarios extraen liquidez mediante recortes de personal, acuerdos de venta y arrendamiento del inmueble hospitalario y recapitalizaciones que convierten préstamos en pagos directos a los bolsillos de inversionistas. El resultado es un sistema de salud vaciado financieramente y vulnerable al colapso.

La bancarrota de Steward Health Care en mayo de 2024, que solicitó la protección del Capítulo 11 con más de 9.000 millones de dólares en pasivos después de que su patrocinador, Cerberus Capital Management, supuestamente extrajera $800 millones en beneficios, representa un ejemplo escalofriante de este modelo. El exdirector general de Steward, Ralph de la Torre, recibió $250 millones en cuatro años antes del colapso de la empresa.

La llegada del capital privado a la atención médica no es accidental, sino que se arraiga en el atractivo financiero único del sector. La sanidad representa entre 4,5 y 5 billones de dólares en gastos anuales en Estados Unidos, es decir, casi el 18 por ciento del PIB, y se caracteriza por una demanda relativamente estable, ya que las personas requieren atención médica independientemente del ciclo económico.

Para Wall Street, esta estabilidad y magnitud convierten al sector sanitario en una de las fronteras más atractivas para la extracción financiera. El término financiarización describe la transformación de sistemas concebidos para proveer servicios sociales en sistemas dominados por motivos mercantiles, donde los mercados toman las decisiones. Cada vez más, los hospitales se convierten en instrumentos para generar rendimientos financieros y no en centros para atender las necesidades de las comunidades.

Las consecuencias son contundentes. Numerosos estudios muestran que la propiedad por parte del capital privado eleva los costos para los pacientes y aseguradoras, deteriora la calidad de atención y contribuye a las bancarrotas. Solo en 2023, más de una quinta parte de todas las quiebras en el sector sanitario involucraron empresas propiedad de capital privado, incluidas siete de las ocho más grandes. Las comunidades pierden hospitales, los trabajadores pierden empleos y los pacientes pierden el acceso a la atención médica, mientras los inversionistas se enriquecen.

Mayor mortalidad en salas de urgencias y unidades de cuidados intensivos

En este contexto, vale la pena examinar los hallazgos del doctor Song y sus colegas de la Escuela de Medicina de Harvard, en colaboración con la Universidad de Chicago y la Universidad de Pittsburgh. Su investigación analizó las tasas de mortalidad en las salas de urgencias (ED) y en las UCI de hospitales comprados por capital privado, comparándolos con hospitales similares que sirvieron de grupo de control. Estos dos servicios se analizaron porque la supervivencia en ellos depende en gran medida del personal y de los recursos disponibles. La pregunta que plantearon fue: “¿El modelo de recortes de costos e ingeniería financiera del capital privado incrementa las muertes de pacientes?”

Los investigadores llevaron a cabo un análisis riguroso a nivel nacional con una metodología “diferencias-en-diferencias” ajustada, utilizando el 100 por ciento de los datos de reclamaciones de Medicare y reportes de costos hospitalarios entre 2009 y 2019. Compararon 49 hospitales adquiridos por capital privado con 293 hospitales de control, cubriendo más de un millón de visitas a urgencias y más de 121.000 ingresos a la UCI en el grupo de capital privado, frente a más de seis millones de visitas a urgencias y 760.000 ingresos a la UCI en los hospitales de control. El diseño del estudio permitió aislar las diferencias provocadas por la adquisición, eliminando factores previos y tendencias generales.

Los resultados son alarmantes. Después de la adquisición, los pacientes de Medicare que llegaban a la sala de urgencias enfrentaban un aumento del 13 por ciento en la mortalidad relativa —o siete muertes adicionales por cada 10.000 visitas— comparado con hospitales similares no adquiridos por capital privado. Estos resultados se correspondieron con importantes recortes al personal de primera línea y a sus salarios.

Los gastos en salarios en urgencias se redujeron en más del 18 por ciento, los salarios en UCI casi un 16 por ciento, mientras el empleo a tiempo completo cayó un 12 por ciento y el gasto salarial total del hospital bajó un 17 por ciento. También se hizo más común transferir a los pacientes a otros centros, muchas veces los casos más graves, lo que demuestra cómo la reducción de la capacidad hospitalaria se traduce directamente en riesgo para los pacientes. Incluso la estancia media en UCI se redujo, lo que indica presiones para desalojar rápidamente a los pacientes, una aparente “eficiencia” para los administradores, pero un peligro para los gravemente enfermos.

Este estudio culmina una serie de investigaciones del equipo del Dr. Song que mapean el trayecto entre la estrategia financiera y el daño al paciente. Un estudio de 2020 publicado en JAMA Internal Medicine mostró que los hospitales en manos de capital privado aumentaron los ingresos netos en un 27 por ciento, principalmente al aumentar sus tarifas y atraer más pacientes con seguros privados lucrativos.

Ese estudio reveló el motivo, pero no documentó el daño. En 2023, un estudio relacionado publicado en JAMA, liderado por la Dra. Sneha Kannan, colega de Song, encontró que la propiedad por capital privado se asociaba con un aumento del 25 por ciento en condiciones adquiridas dentro del hospital, como infecciones y caídas, sugiriendo un declive en la calidad de atención aunque sin precisar el mecanismo. Otro análisis ese mismo año encontró una aparente reducción en la mortalidad hospitalaria en hospitales PE, efecto atribuido a un sesgo de selección, ya que se admitían pacientes más sanos mientras los más enfermos eran derivados a otros centros.

El reciente estudio de 2025 sobre urgencias y UCI ofrece ese vínculo faltante. Al centrarse en las salas de urgencia, donde los hospitales no controlan quién llega, los investigadores eliminaron el efecto de máscara causado por la selección de pacientes. Los hallazgos confirmaron sus sospechas. Cuando los pacientes críticos llegan a hospitales desmantelados por el capital, la mortalidad se eleva. En ese sentido, este estudio representa una acusación clara contra el modelo de capital privado en sanidad: la ingeniería financiera no solo desestabiliza a las instituciones médicas, sino que produce muertes.

La financiarización de la sanidad en Estados Unidos

El ascenso del capital privado en el sector salud no es casual, sino producto de un cambio político y económico de décadas que ha transformado empresas y clínicas en objetivos para la extracción financiera. Sus raíces se encuentran en las políticas desreguladoras de los años 80, que popularizaron la adquisición de hospitales mediante deuda, con cambios impositivos que premiaban estas tomas apalancadas.

Fue el nacimiento del modelo de “valor para el accionista”, que permitió a las corporaciones priorizar beneficios a corto plazo sobre la estabilidad a largo plazo. Durante años, el sistema de salud pareció estar protegido por su carácter sin ánimo de lucro y su misión pública. Pero una vez que los reembolsos de Medicare y Medicaid se abrieron a proveedores con fines de lucro y las leyes antimonopolio fueron debilitadas, el sector quedó expuesto. En los años 90, las cadenas con fines de lucro ya aplicaban el modelo de compras apalancadas, allanando el camino para las firmas de capital privado.

La crisis financiera de 2007–2008 aceleró estas operaciones. Con tasas de interés reducidas y deuda barata inundando el sistema, las firmas de capital privado obtuvieron acceso fácil al núcleo de su modelo: el apalancamiento. Simultáneamente, los inversionistas en busca de mayores rendimientos se volcaron a industrias “a prueba de recesión” como la sanitaria, con su demanda estable y fuentes de ingreso aseguradas por el gobierno. Los hospitales y residencias de ancianos, ya golpeados por la crisis, fueron presa fácil. Se vendieron a precios de saldo y se reestructuraron para maximizar la rentabilidad, a costa de los pacientes y de los trabajadores sanitarios.

Las consecuencias han sido devastadoras. El Hospital Universitario Hahnemann de Filadelfia cerró en 2019, menos de dos años después de ser adquirido. El terreno se vendió con fines inmobiliarios rentables y la comunidad pobre perdió su único hospital de referencia.

HCR ManorCare, una de las cadenas de residencias más grandes del país, quebró en 2018 después de que su propietario de capital privado extrajera dividendos millonarios. Estudios posteriores vincularon la propiedad de capital privado en residencias con un aumento en la mortalidad de los pacientes.

Genesis HealthCare, otra cadena importante de residencias, quebró en 2025 tras años de ventas inmobiliarias y deuda impuesta por sus inversionistas. Envision Healthcare se enriqueció explotando vacíos legales de facturación sorpresa, solo para quebrar en 2023 cuando los reguladores eliminaron el esquema. Steward Health Care, en su momento el mayor operador privado de hospitales en EE.UU., se declaró en bancarrota en 2024.

Todos estos casos ilustran la lógica de la financiarización del sistema sanitario. El capital privado puede obtener ganancias astronómicas incluso cuando las instituciones adquiridas se liquidan rápidamente. Las tácticas son claras: recapitalizaciones que fuerzan a los hospitales a endeudarse para pagar dividendos a sus dueños. Acuerdos de venta-arrendamiento que entregan las propiedades inmobiliarias por ganancias inmediatas, pero dejan a los proveedores atrapados en rentas abusivas.

El propietario de Prospect Medical Holdings extrajo más de $650 millones en dividendos y comisiones, mientras dejaba a la empresa con más de mil millones de deuda. Solo el acuerdo de venta-arrendamiento de Steward de 2016 con Medical Properties Trust financió casi $500 millones en dividendos para Cerberus, pero sembró la bancarrota de Steward.

Lo que permite este ciclo es un régimen legal diseñado para proteger a los financistas y no al público. Dado que la deuda de la compra apalancada recae en el hospital, los inversionistas enfrentan poco riesgo. La responsabilidad limitada garantiza que puedan retirarse con ganancias intactas, mientras que pacientes, trabajadores y comunidades deben lidiar con los escombros. La ley de quiebras, creada para fomentar el “riesgo empresarial”, sirve ahora de escudo para las finanzas depredadoras. Las ganancias son privatizadas, mientras los costos sociales —despidos, desiertos médicos y muertes evitables— se socializan.

Una crisis sanitaria convertida en catástrofe social

Seis años después del inicio de la pandemia de COVID-19, el sistema de salud en Estados Unidos se tambalea bajo presiones convergentes: costos crecientes, escasez crónica de personal, e incertidumbre política sobre el futuro del “Obamacare”. La expansión del capital privado ha agravado esta crisis.

Estudios demuestran que las tasas de mortalidad en residencias del capital privado son más altas que en otras instalaciones. Las salas de urgencia en todo el país reportan tiempos récord de espera debido a hospitales mal dotados de personal. Para los pacientes, significa demoras críticas en el acceso a atención. Para las comunidades, significa la amenaza constante del cierre de sus hospitales o la pérdida de servicios esenciales. Todo esto ocurre mientras los costos de la atención médica se acercan a $5 billones anuales, y las negociaciones sobre la deuda federal amenazan con desmantelar la ya frágil red de seguridad social.

Estas no son fallas aisladas, sino manifestaciones de una transformación política más profunda: la financiarización de la vida misma. La atención médica, antes considerada un bien público, ha sido convertida en mercancía para ser comprada, apalancada y revendida. En este esquema, los hospitales no son lugares de sanación, sino vehículos de extracción de riqueza, con sus inmuebles y flujos financieros convertidos en jugosos activos para financistas lejanos. Las muertes evitables, las enfermedades, los desiertos médicos, y la desconfianza social creciente simplemente son daño colateral en los informes de ganancias.

En última instancia, el avance del capital privado en la sanidad debe entenderse como parte de un ataque más amplio contra los derechos sociales y democráticos que impulsa la barbarie capitalista. Estas firmas se nutren de la opacidad, explotando vacíos legales y mecanismos de bancarrota para extraer riqueza mientras se protegen de toda responsabilidad. Incluso durante la pandemia de COVID-19, empresas respaldadas por capital privado recibieron miles de millones en ayudas públicas a través de la Ley CARES, solo para perpetuar las mismas prácticas que desestabilizan los servicios sanitarios.

Conclusión

El estudio del Dr. Song representa una afirmación objetiva de una verdad que la clase trabajadora ya no puede ignorar. El capitalismo, en su forma más financiarizada, está transformando los sistemas sanitarios no en espacios de sanación, sino en fábricas de muerte. El modelo del capital privado —deuda, despojo de activos y lucro— no es una distorsión accidental del mercado, sino su manifestación más pura: un sistema que valora los rendimientos por encima de la vida.

Cada hospital cerrado, cada muerte prevenible en una sala de urgencias o residencia del capital privado, no es un simple error de política, sino evidencia de un orden social en decadencia terminal.

Lo que está en juego no es solo el futuro de las políticas sanitarias, sino el futuro de la sociedad misma. La financiarización avanzada de la atención médica es condición indispensable de la transformación bárbara que ya se ha puesto en marcha. El contrato social está siendo desmantelado, y los bienes esenciales convertidos en mercancías para la especulación. Lejos de estar protegida, toda la clase trabajadora es arrastrada en esta caída, enfrentando mayores costos, menor esperanza de vida y la destrucción de las instituciones diseñadas para preservar la salud y la dignidad.

A pesar de las poses del Partido Demócrata (y las promesas sin fin de sus satélites pseudoizquierdistas y “progresistas”), sus llamados a la regulación son palabras vacías. Durante décadas, los demócratas han estado en el centro mismo de la crisis sanitaria, facilitando las prácticas depredadoras de Wall Street mientras se presentan como defensores del pueblo. Sus declaraciones son mentiras para confundir y apaciguar, pero no les importa un ápice la vida de quienes están muriendo. Imaginar que este partido, atado de pies y manos al capital financiero, pueda ofrecer un alivio genuino es caer en una ilusión peligrosa.

Lo que el capital privado ha hecho con la sanidad no es una aberración, sino la culminación del capitalismo en decadencia. Un sistema que gira en torno a la distribución de beneficios hacia Wall Street siempre sacrificará las necesidades humanas en aras de las ganancias. La clase trabajadora debe ver en el capital privado en la sanidad una parte integral del asalto más amplio contra los derechos democráticos, las protecciones sociales y la vida misma.

La respuesta no es la conciliación, sino la lucha, una lucha colectiva por recuperar la atención médica como un derecho social básico. La bandera bajo la cual debe librarse esta lucha es el socialismo: la reorganización de la sociedad según las necesidades humanas, donde todas las personas sean iguales y posean derechos sociales y democráticos inalienables. La disyuntiva ante la clase trabajadora no puede ser más clara: una sociedad organizada para el beneficio, o una sociedad organizada para las necesidades humanas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 29 de septiembre de 2025)