En una cuidadosamente coreografiada ceremonia en Sacramento el 20 de septiembre, el gobernador Gavin Newsom firmó un paquete de leyes migratorias—SB 98, AB 49 y SB 81—proclamando el desafío de California a la creciente campaña de redadas y deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

Elogiadas por el Partido Demócrata y la prensa liberal como una “defensa audaz” de los inmigrantes y un “modelo de resistencia nacional”, estas medidas han sido presentadas como una demostración de autonomía y valores estatales.

Tales afirmaciones son un fraude. Lejos de constituir un verdadero obstáculo al programa fascista emanado desde Washington, las leyes son gestos vacíos diseñados para proyectar oposición sin tocar el aparato represivo del Estado federal.

Aceptan el propio sistema de deportaciones, la existencia de ICE y su poder para arrestar y deportar a millones como algo permanente y legítimo, tratando las expulsiones masivas no como un ataque intolerable a los derechos democráticos, sino como una característica inevitable de la vida estadounidense.

Cada una de las nuevas medidas está cuidadosamente elaborada para aparentar confrontación, aunque en realidad ceden el terreno principal al gobierno de Trump.

SB 98 , la más publicitada de las tres, requiere que las escuelas primarias, secundarias e instituciones de educación superior en California notifiquen a estudiantes, personal y comunidades cuando agentes de inmigración estén presentes en el campus. Como escribió el World Socialist Web Site, “es una maniobra reaccionaria diseñada para apaciguar la oposición social mientras normaliza las redadas migratorias y canaliza la creciente ira contra la intensificación de la campaña de deportaciones masivas de Trump hacia salidas controladas e inofensivas políticamente”.

AB 49 restringe las actividades de aplicación de leyes migratorias en escuelas y centros de cuidado infantil, y prohíbe la recopilación de información sobre estatus migratorio o de ciudadanía por parte de funcionarios escolares. También exige que los funcionarios escolares informen solicitudes de acceso para aplicación migratoria mientras mantienen la confidencialidad y privacidad. Disposiciones similares ya existían para hospitales y escuelas, definidos como “lugares sensibles”, hasta que Trump asumió el poder el pasado enero.

SB 81 prohíbe que las autoridades migratorias accedan a áreas no públicas de instalaciones sanitarias sin una orden judicial válida. Nuevamente, esto equivale a un intento estatal de reinstaurar protecciones que Trump ha desmantelado, no a desafiar la existencia de ICE ni sus poderes, sino a gestionar la indignación pública y desviar demandas de una resistencia genuina.

En resumen, estas medidas no cambian nada. No restringen la capacidad del gobierno federal de allanar hogares, separar familias, llenar centros de detención y deportar a millones.

El cinismo de esta farsa queda aún más al descubierto por el papel del propio Newsom. Entre los demócratas más destacados, ha sido el que más ha advertido sobre la trayectoria autoritaria de Trump. En los últimos meses, ha acusado públicamente al expresidente de intentar socavar la democracia estadounidense.

Sin embargo, esta retórica solo expone la hipocresía de Newsom y el fraude del estatus de “santuario” de California. Apoyó plenamente las políticas brutales de deportación de Obama y Biden, y ahora promulga medidas inofensivas que no pueden detener ni una sola redada federal, al tiempo que profundiza los ataques contra los inmigrantes con sus propias políticas.

Crucialmente, no hace ningún llamado al inmenso poder de la clase obrera, ni convoca manifestaciones, huelgas o una movilización masiva independiente, precisamente porque los demócratas temen que tal movimiento escape a su control y amenace el dominio capitalista. El más reciente presupuesto estatal de Newsom recortó más de 5.000 millones de dólares en programas sociales, afectando a trabajadores y familias indocumentadas al eliminar servicios de salud, vivienda y apoyo social.

La vaciedad de la postura legislativa de California ya había sido expuesta por el despido de Michele Beckwith, la fiscal federal interina en Sacramento. A mediados de julio, Beckwith advirtió al jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, que los agentes no podían realizar redadas indiscriminadas en el Distrito Este de California debido a una orden judicial federal que exige sospecha razonable para arrestos. Horas después, fue sumariamente despedida por la administración Trump.

La respuesta de Bovino a la orden judicial y al aviso de Beckwith fue proceder con la operación de todos modos. “No hay santuario en ningún lugar”, declaró antes de que agentes arrestaran a ocho personas en el estacionamiento de un Home Depot en Sacramento. El mensaje fue claro: las fuerzas federales operarán donde quieran, sin importar leyes estatales u órdenes judiciales.

La resistencia judicial también está siendo neutralizada. Una jueza federal de Los Ángeles que en julio emitió una orden limitando las redadas migratorias en el sur de California vio revocada su decisión este mes por la Corte Suprema. El fallo del alto tribunal volvió a reafirmar los vastos y desenfrenados poderes de las autoridades migratorias federales.

Estos acontecimientos subrayan una realidad jurídica básica: bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución, la ley federal prevalece sobre cualquier estatuto estatal conflictuante. Los estados pueden negarse a cooperar con acciones federales bajo el principio de “no obligar a comandar” (anti-commandeering), pero no pueden impedir que los agentes federales actúen.

Además, cualquier funcionario estatal que intente obstruir una operación federal se arriesga a ser procesado penalmente. En las últimas semanas, varios funcionarios locales han sido acusados o amenazados con cargos por lo que las autoridades federales describen como “interferencias”. La administración Trump ha dejado claro que usará este poder agresivamente.

El carácter cada vez más autoritario del gobierno federal es evidente no solo en la campaña de deportación, sino también en la retórica y acciones de sus principales funcionarios. Después de que Newsom firmara las leyes migratorias, el fiscal federal interino Bill Essayli acusó públicamente al gobernador de amenazar al gobierno federal.

“No toleraremos amenazas directas o implícitas contra funcionarios gubernamentales”, escribió Essayli en X, al anunciar que había solicitado una “evaluación completa de amenazas” por parte del Servicio Secreto de los Estados Unidos.

El papel del Partido Demócrata en este proceso es doblemente reaccionario. Primero, ha colaborado durante décadas en la construcción del aparato legal e institucional de represión. La administración de Obama deportó a más personas que cualquier presidencia anterior, expandió enormemente los poderes de ICE y militarizó la frontera. Los demócratas en el Congreso han votado repetidamente a favor de aumentar los fondos para la aplicación de leyes migratorias y la detención.

Segundo, los demócratas ahora usan gestos simbólicos como SB 98, AB 49 y SB 81 para mantener la ilusión de que el aparato estatal puede ser presionado para proteger los derechos democráticos. En realidad, estas medidas no están destinadas a detener las políticas fascistas de Trump, sino a contener y desmovilizar la oposición masiva a las mismas. Este fraude se refuerza mediante la burocracia sindical, que actúa como apéndice de los dos partidos de las grandes empresas y del Estado capitalista.

Sindicatos importantes, como la Asociación de Enfermeras de California y SEIU, elogiaron cínicamente las leyes como victorias históricas para los trabajadores inmigrantes y los pacientes, presentando a Newsom como un defensor de los oprimidos. En realidad, tales respaldos siembran ilusiones peligrosas y desorientan a los trabajadores frente a ataques cada vez más intensos.

También se están sembrando falsas esperanzas en las elecciones de 2026, suponiendo que siquiera se celebren. El objetivo es convencer a los trabajadores de que la salvación se encuentra en los tribunales, en la legislatura o en las urnas, incluso cuando esas mismas instituciones están siendo transformadas en instrumentos de dictadura.

La lección de los últimos meses es inconfundible. Ninguna ley estatal, fallo judicial o político demócrata detendrá el impulso hacia un régimen autoritario. La maquinaria de deportación de Trump, al igual que su programa más amplio de persecución política y reacción social, está arraigada en el propio Estado capitalista, un Estado que sirve exclusivamente a los intereses de la clase dominante y pisoteará todos los derechos democráticos para defenderlos.

Las estructuras de la democracia burguesa están colapsando bajo el peso de la crisis capitalista, la guerra imperialista, el genocidio y la creciente desigualdad social.

La única fuerza capaz de detener el rumbo hacia la dictadura es la movilización política independiente de la clase trabajadora, inmigrante y nativa por igual, contra todo el sistema capitalista.

Esto requiere una ruptura con el Partido Demócrata, el rechazo de las falsas promesas de “santuario”, y la construcción de un movimiento socialista dedicado a desmantelar el aparato represivo mediante la abolición del sistema de ganancias y el establecimiento de un control verdaderamente democrático sobre la sociedad.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de octubre de 2025)