Hablando desde el Despacho Oval la tarde del lunes, el presidente Donald Trump amenazó con ignorar órdenes judiciales y pasar por encima de gobernadores y alcaldes locales para desplegar tropas del ejército estadounidense en las principales ciudades del país. En una “gran mentira”, Trump declaró que Chicago, la tercera ciudad más grande de EE.UU., era “como una zona de guerra” y dijo que invocaría la Ley de Insurrección “si fuera necesario”.

“Hasta ahora no ha sido necesario. Pero tenemos la Ley de Insurrección por una razón”, amenazó Trump, y agregó: “Si tuviera que aplicarla, lo haría. Si la gente fuera asesinada, y los tribunales nos detuvieran, o los gobernadores o alcaldes nos detuvieran, claro que lo haría”.

El aspirante a dictador prometió “ir ciudad por ciudad” hasta tener “ciudades seguras”.

Dejando claro que las declaraciones de Trump sobre ignorar al poder judicial no son simples fanfarronadas, su principal asesor fascista, Stephen Miller, indicó en una entrevista con CNN el lunes que la administración intentará sortear los fallos judiciales que no le favorezcan.

La noche del domingo en Oregón, la jueza de distrito Karin Immergut bloqueó temporalmente la federalización de la Guardia Nacional para Portland, considerando que ese despliegue no se correspondía con los “hechos en el terreno”. Ese fallo provocó furiosos ataques de Miller, quien lo calificó de “insurrección legal”. Esto fue seguido por amenazas públicas del presidente, quien sugirió que los jueces que fallan en su contra “deberían avergonzarse”.

El lunes, Miller dijo que la Casa Blanca “cumplirá con el fallo en la medida en que afecte a las partes cubiertas”, pero que continuará buscando otros medios para desplegar tropas o agentes federales en lugares como Portland y Chicago. La insistencia de Miller en que la Casa Blanca respetará los fallos “solo en la medida en que afecten a las partes cubiertas” deja claro que la administración considera las órdenes judiciales como meros obstáculos. Está llevando a cabo maniobras evasivas, como intentar utilizar la Guardia Nacional de Texas en lugar de la de California, mientras apela los amparos ante la Corte Suprema controlada por fascistas. En última instancia, planea desplegar tropas sin importar las restricciones legales.

Miller fue preguntado por CNN si era “hiperbólico” calificar a los manifestantes de “terroristas”. Respondió: “No. Si acaso, estoy minimizando la gravedad de la situación”. Afirmó —sin pruebas— que desde que el Grupo Conjunto de Terrorismo comenzó a involucrarse, “hemos encontrado financiamiento común… puntos de reunión… esto es terrorismo”. Preguntado si la administración planeaba acusar a los manifestantes de terrorismo, Miller respondió: “Sí, me gustaría”, y añadió que “el estatuto de terrorismo doméstico en el Congreso necesita fortalecerse”.

Tras los comentarios de Trump y Miller, la Casa Blanca publicó un nuevo memorándum dirigido al secretario de Guerra Pete Hegseth, la fiscal general Pam Bondi y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, titulado: “Seguridad del Departamento de Guerra para la Protección del Personal y Propiedades Federales en Illinois”.

El memorándum falsificó las protestas frente a instalaciones del ICE en Broadview, Illinois, afirmando que las manifestaciones eran un “ataque coordinado de grupos violentos”. El texto alegaba que estos supuestos “grupos” están demorando las deportaciones “mediante manifestaciones violentas, intimidación y sabotaje de operaciones federales. Estas actividades violentas parecen ir en aumento, y la situación en el estado de Illinois, particularmente en la ciudad de Chicago y sus alrededores, no puede continuar”.

En realidad, los “grupos violentos” en el área de Chicago son la policía y la Gestapo federal migratoria. Desde el inicio de la operación bautizada al estilo nazi como “Operación Blitz Midway”, agentes de inmigración federales han disparado al menos a dos personas, asesinando a Silverio Villegas-González el 12 de septiembre. Un comunicado mentiroso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicado tras el asesinato retrató falsamente al cocinero y padre de dos hijos como un “extranjero criminal ilegal” y alegó que “arrastró a un agente una distancia significativa”.

De hecho, las pruebas en video contradicen cada elemento clave de esa narrativa. No causó ninguna herida grave a ningún agente del ICE. Imágenes de cámaras corporales reveladas por el Chicago Sun-Times confirmaron que el agente del ICE tenía solo un pequeño rasguño en la rodilla y que sus pantalones estaban rasgados; “nada grave”, dijo.

Villegas-González no tenía antecedentes penales, salvo por infracciones menores de tráfico cometidas más de una década atrás. Cuando fue asesinado por el ICE, el hombre de 38 años no estaba cometiendo ningún delito. De hecho, el ICE lo emboscó después de dejar a uno de sus hijos en la escuela, antes de dirigirse a su trabajo.

Una segunda persona fue baleada el pasado sábado por agentes federales de inmigración. Marimar Martínez, de 30 años, fue herida en un enfrentamiento en Brighton Park. Fue hospitalizada y luego dada de alta. Ella y Anthony Ian Santos Ruiz, de 21 años, han sido acusados por fiscales federales por “agredir, obstaculizar e interferir con un oficial federal del orden público”. Ningún agente ha sido acusado por los disparos contra Villegas-González ni contra Martínez.

Como en el caso del asesinato de Villegas-González, ninguna de las afirmaciones realizadas por el DHS tras el incidente del sábado debe tomarse al pie de la letra. A pesar de que el ICE dijo que los agentes se vieron obligados a disparar contra Martínez porque supuestamente portaba un arma “semiautomática”, ninguno de los cargos presentados por los fiscales federales el lunes está relacionado con armas. El DHS afirma que Martínez y Ruiz “bloquearon” a los agentes con sus vehículos, pero testigos oculares aseguran que los agentes iniciaron el contacto con sus vehículos primero. Tras el tiroteo, se desarrolló una protesta/enfrentamiento de varias horas entre miembros indignados de la comunidad y matones armados del gobierno.

Con este trasfondo, la nueva directiva de Trump que federaliza a la Guardia Nacional de Illinois para la “protección del personal y propiedad federal” es, en efecto, una declaración de operaciones militares contra una ciudad estadounidense ya ocupada por fuerzas federales de inmigración.

El lenguaje de la orden —“las fuerzas regulares son insuficientes para asegurar la ejecución de la ley federal en Illinois”— es un eco directo de las justificaciones legales para invocar la Ley de Insurrección. Autoriza al secretario de Guerra a desplegar unidades de la Guardia por “60 días” para asegurar instalaciones del ICE, del Servicio Federal de Protección (FPS) y del DHS, así como para “proteger las operaciones donde las manifestaciones puedan interferir”.

Dado que los agentes federales ya son quienes están realizando tiroteos, falsificando declaraciones a la prensa y aterrorizando vecindarios inmigrantes, esta orden representa un encubrimiento del asalto militarizado contra el pueblo de Chicago.

Ante los planes abiertamente dictatoriales de Trump, los demócratas están haciendo todo lo posible por sofocar la oposición y canalizarla de vuelta hacia el partido y los tribunales corruptos. En una rueda de prensa el lunes, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, dijo que la administración Trump estaba creando “el pretexto para invocar la Ley de Insurrección y así poder enviar al ejército a nuestra ciudad”. Pritzker dijo no saber por qué Trump describía a Chicago como un “infierno, una zona de guerra”, diciendo que “lo hace por alguna razón no expresada”.

Como ha explicado el World Socialist Web Site, Trump “no actúa por cuenta propia… representa los intereses de la oligarquía financiera y empresarial”. Además:

La clase dominante estadounidense es intensamente consciente y está aterrada ante la crisis existencial del sistema capitalista. Es consciente de que la deuda nacional —que ya se acerca a los 40 billones de dólares— es insostenible.

Los oligarcas están convencidos de que es necesario un asalto masivo contra el nivel de vida e incluso la vida misma de la clase trabajadora.

Los demócratas, al igual que los republicanos, son un partido de Wall Street y del complejo militar-industrial. Tienen mucho más miedo a un movimiento de masas contra todo el sistema podrido que a la llegada al poder de un gobierno fascista en Estados Unidos.

Por eso, Pritzker; el alcalde de Chicago respaldado por los Socialistas Demócratas de América (DSA), Brandon Johnson; el representante Jesús “Chuy” García; y la presidenta de la junta del condado de Cook, Toni Preckwinkle, no dijeron nada en la conferencia de prensa del lunes sobre tomar medidas para destituir a la administración Trump.

Ninguno de ellos siquiera pidió al Congreso que iniciara un juicio político contra el presidente por su usurpación de la autoridad local y sus amenazas de invocar la Ley de Insurrección. En su lugar, los demócratas anunciaron que presentarían una demanda en respuesta a los planes dictatoriales de Trump.

En una audiencia el lunes en el tribunal federal Dirksen de Chicago, la jueza federal April Perry se negó a bloquear de inmediato la federalización de 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois y el despliegue de hasta 400 tropas de la Guardia Nacional de Texas por orden del gobernador Greg Abbott en Chicago. Perry dijo que daría hasta la medianoche del miércoles para que la administración Trump responda a la demanda, con los alegatos de apertura programados para el jueves.

(Artículo originalmente publicado en inglés el 7 de octubre de 2025)