Las protestas masivas contra el gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte se intensificaron notablemente a lo largo de septiembre en Lima y en todo el país, y han continuado su escalada hasta octubre.

El 2 de octubre, la duodécima huelga de transporte en Lima y el vecino puerto del Callao paralizó gran parte de la actividad económica.

En las ciudades, los jóvenes han liderado las llamadas protestas de la 'Generación Z', saliendo a las calles desde finales de septiembre con pancartas y carteles con la 'Z' e imágenes de la popular serie One Piece .

A los jóvenes se unieron numerosas comunidades rurales de pobres y desempleados. Las protestas se desataron a raíz de un proyecto de ley reaccionario que reestructura el sistema de pensiones a favor de las AFP, o fondos de pensiones privados. Sin embargo, se han caracterizado por una oposición generalizada a Boluarte y al régimen de extrema derecha que lidera.

La situación en Perú forma parte de una creciente ola de luchas obreras a nivel internacional. Los jóvenes, al frente de las protestas, afirman haberse inspirado en las protestas de la 'Generación Z' en Nepal, que derrocaron al primer ministro.

Las protestas masivas en Perú, Ecuador y otros países expresan la creciente oposición al giro cada vez más pronunciado de las élites gobernantes hacia la dictadura y los ataques sociales contra los trabajadores en respuesta a la crisis del capitalismo global.

El eslogan 'Generación Z' ha sido explotado por los medios corporativos en Perú y otros países para presentar las protestas como una cuestión generacional ajena a los sentimientos y demandas del resto de la clase trabajadora. Sin embargo, las protestas lideradas por jóvenes presagian la escalada de las luchas obreras, como lo demuestra el paro del transporte y el aumento de la lucha de clases en todo el Perú.

Según un informe oficial de la Defensoría del Pueblo, para agosto de este año había 148 conflictos activos, de un total de 195 registrados, de los cuales solo la mitad fueron abordados, aunque sin resolución. Cuarenta y siete conflictos se encuentran en estado latente, es decir, son permanentes. El mayor número de conflictos sociales se concentra en los departamentos de Loreto, al noreste del país, en la Amazonía (25 casos); Puno, al sur del país, fronterizo con Bolivia (19 casos); Cusco (17 casos) y Áncash (17 casos). Solo en agosto, se registraron 250 acciones de protesta y una huelga general en mayo.

El paro del transporte del 2 de octubre, organizado por la Asociación Nacional de Integración del Transporte (ANITRA) y la Alianza Nacional del Transporte, expuso la naturaleza contradictoria de las demandas del sector. Mientras los líderes presionaban por una mayor intervención estatal —a través de la policía y el ejército— para combatir la extorsión y los asesinatos que aterrorizan a los trabajadores del transporte, muchos conductores, cobradores y controladores de base expresaron su oposición a los llamados de la dirigencia. La lucha de los huelguistas por la supervivencia en medio del caos urbano choca con un aparato gubernamental profundamente ligado a las bandas criminales e incapaz de ofrecer una protección genuina, revelando la descomposición social bajo el régimen burgués.

La noche anterior a la huelga, bandas delictivas dispararon contra un autobús lleno de pasajeros en San Juan de Miraflores, lo que exacerbó el temor de los conductores, quienes estiman que el 30 por ciento ha dejado de trabajar para evitar amenazas de extorsión e intentos de asesinato. Si bien el gobierno de Boluarte afirmó que la circulación de autobuses era normal, esto fue ferozmente refutado por huelguistas y periodistas, lo que provocó una mayor movilización: vehículos retirados, ventanas rotas y neumáticos cortados para inmovilizar los servicios.

Una presencia policial de 3.000 agentes y cientos de vehículos se concentró en los barrios obreros del norte de Lima para contener las protestas. Aun así, la huelga provocó enfrentamientos generalizados con la policía y bloqueos de vías clave como la Panamericana Norte y avenidas en el corazón de Lima, con arrestos y violencia policial contra los manifestantes.

De particular interés fue una caravana de autobuses sin pasajeros que viajaba desde varios distritos al Congreso, donde protestaron más de 1.000 trabajadores, estudiantes y delegados sindicales. Las consignas denunciaron a Boluarte como 'asesina', y varios sindicatos, incluyendo federaciones de la construcción y estudiantes universitarios, se unieron a la movilización exigiendo mejoras en las condiciones laborales.

Tras las últimas protestas, la coalición gobernante, tanto en el ejecutivo como en el Congreso, acordó impulsar un proyecto de ley contra el 'terrorismo urbano' para reprimir duramente las protestas. Esta medida no es exclusiva de Perú. En Estados Unidos, el presidente fascista Trump utiliza un lenguaje similar, despotricando contra un 'enemigo interno' e interviniendo militarmente en varias ciudades (Los Ángeles, Washington D.C., Chicago, Memphis, Portland y otras) con el objetivo de imponer una dictadura. Los gobiernos capitalistas de todo el mundo han declarado la guerra a la clase trabajadora, conscientes del repudio generalizado a sus medidas autoritarias, antidemocráticas y abiertamente fascistas.

Tras los enfrentamientos con la policía, se han reactivado las denuncias de 'terrorismo urbano'. Tras la derrota de Sendero Luminoso, la dictadura neoliberal fujimorista extendió el uso del término 'terrorismo' para etiquetar las manifestaciones de protesta y distorsionarlas. Hoy, quienes ostentan el poder repiten este mismo guion. El Congreso peruano, odiado popularmente, aprobó en segunda votación la Ley Contra el Terrorismo Urbano, con la que busca impedir que una nueva generación de trabajadores, estudiantes y oprimidos peruanos extraiga lecciones reales de la amarga experiencia con Sendero Luminoso y la guerra sucia que el Estado peruano les ha librado, y se alce contra el opresivo régimen económico y político.

La actual encrucijada que enfrentan la juventud y los trabajadores peruanos plantea urgentemente la necesidad de hacer un balance de sus experiencias con las diferentes variantes del nacionalismo burgués y el radicalismo pequeñoburgués.

Pedro Castillo sobrevivió a su primer año como presidente, de julio de 2021 a diciembre de 2022, gracias a su ascenso como populista de izquierda y líder sindical de maestros rurales. La alineación de todas las fuerzas pseudoizquierdistas tras él fue útil para que la clase dominante desviara un movimiento emergente de la clase trabajadora tras promesas vacías de reformas sociales. Este desarme político facilitó la represión asesina que siguió al derrocamiento de Castillo.

La ideología maoísta promovida por el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, era hostil al movimiento obrero. Rechazaba la perspectiva marxista de la movilización política independiente de la clase obrera y la lucha por formar un liderazgo obrero revolucionario. En cambio, promovía la perniciosa teoría de una 'guerra popular' basada en la guerra prolongada de un ejército campesino que rodeaba las ciudades. En la práctica, esto equivalía a ataques terroristas en los que las masas eran relegadas al papel de meros espectadores.

Sendero Luminoso asesinó a izquierdistas, dirigentes sindicales, líderes de organizaciones campesinas y trabajadores que no acataron las huelgas que decretó. Atacó fábricas, destruyó maquinaria y dinamitó torres de transmisión y carreteras, cortando el suministro de electricidad y alimentos a las ciudades.

La clase obrera peruana debe rechazar con desprecio la propaganda anticomunista de la burguesía, aprendiendo al mismo tiempo las amargas lecciones de la experiencia con el maoísmo, una tendencia que combina el nacionalismo burgués, el radicalismo campesino y el estalinismo, cuyo propósito es bloquear la construcción de partidos revolucionarios proletarios.

En América Latina, la influencia del maoísmo se vio facilitada por la tendencia revisionista pablista, que rechazaba tanto el papel revolucionario del proletariado como la misión primordial del partido revolucionario en la lucha por el desarrollo de la conciencia socialista en la clase obrera. Peor aún, el pablismo buscó liquidar a los cuadros de la Cuarta Internacional, sumiéndolos en el estalinismo, el nacionalismo burgués y los grupos guerrilleros pequeñoburgueses, tanto maoístas como guevaristas.

Si los agentes políticos del actual régimen capitalista en Perú, junto con los medios de comunicación, están tan empeñados en revivir el estribillo del 'terrorismo' y exaltar a las fuerzas de seguridad, es porque saben que se vislumbran luchas revolucionarias en un país donde las masas trabajadoras están condenadas a la pobreza y la miseria.

Los sindicatos se han transformado a lo largo de décadas en instrumentos directos para la intensificación de la explotación del proletariado y la defensa de su 'propio' Estado nacional. La burocracia estalinista de la CGTP (Confederación General de Trabajadores del Perú) es parte de este proceso.

Las traiciones de la burocracia sindical y las tendencias que se autoproclaman de izquierda han contribuido a crear una devastadora crisis social que subyace a la agitación social actual.

Según datos del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), la pobreza monetaria en 2024 afectaba al 27,6 por ciento de la población del país, lo que equivale a más de 9 millones de peruanos. En otras palabras, uno de cada tres peruanos es pobre. La pobreza monetaria, medida a través del gasto en bienes y servicios, significa que los ingresos son insuficientes para cubrir el costo de la Canasta Básica de Consumo (alimentos y bienes esenciales). Sin embargo, existen regiones del país con un índice de pobreza monetaria superior al 43 por ciento, como Loreto (43 por ciento) y Cajamarca (45 por ciento). La pobreza monetaria extrema afecta al 5,5 por ciento de la población, es decir, a casi 1,9 millones de personas que no tienen suficiente dinero para alimentarse.

El desempleo es muy alto y la informalidad laboral abunda, superando el 90 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA). En estos hogares, la pobreza alcanza el 31,9 por ciento.

La indigencia es otro problema sin resolver que se agrava con el crecimiento poblacional. Casi 1,7 millones de familias se encuentran en situación de calle.

El sistema de salud está fragmentado, con múltiples subsistemas públicos socialmente segmentados, con un acceso equitativo y una calidad de atención en marcado deterioro. A esto se suma el enorme aumento del precio de los medicamentos.

Paralelamente a esta crisis, y alimentándola, se han producido la devastación causada por la COVID-19, dos años de sequía y altibajos económicos debido a la crisis capitalista internacional y la guerra en Ucrania. Estos han provocado altas tasas de desempleo y un drástico aumento del costo de la vida, especialmente del precio de los alimentos.

La búsqueda de soluciones nacionales conduce inexorablemente a la subordinación de la clase trabajadora a las políticas capitalistas de ajuste, reacción política y guerra comercial implementadas por cada burguesía nativa. No hay salida a este estancamiento excepto sobre la base del internacionalismo proletario, es decir, la lucha por unir a los trabajadores a nivel internacional contra el sistema capitalista de Estado-nación.

Los avances tecnológicos asociados a la invención y el avance del circuito integrado y, sobre todo, al desarrollo de la IA han producido cambios revolucionarios, acelerando un proceso de integración económica global que contradice directamente las ideologías nacionalistas. Pero estos avances económicos y tecnológicos, lejos de abrir nuevas perspectivas históricas para el capitalismo, han intensificado la contradicción fundamental entre la economía mundial y el actual sistema capitalista de Estado-nación, y entre la producción social y la propiedad privada, a una intensidad sin precedentes. Esto es lo que alimenta las luchas actuales en Perú, que forman parte de una ola de luchas internacionales (Marruecos, Indonesia, Ecuador, Nepal, Madagascar, Kenia y Angola).

Todas estas luchas pueden y deben unificarse, pero sin una dirección política consciente de la clase obrera no hay salida a la profunda crisis que enfrenta Perú y el planeta entero. Este es el talón de Aquiles de las luchas obreras y populares en Perú e internacionalmente: una debilidad explotada por los representantes pseudoizquierdistas de sectores de la clase media acomodada que no solo descartan el potencial de movilizar al proletariado, sino que se han vuelto conscientemente hostiles a él.

La cuestión decisiva es la construcción de una nueva dirección revolucionaria, una sección peruana del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de octubre de 2025)