La administración Trump está movilizando la mayor fuerza naval en el mar Caribe desde la crisis de los misiles en Cuba de 1962, en preparación abierta para una guerra masiva e ilegal contra Venezuela.

El secretario de guerra, Pete Hegseth, anunció el viernes que, por orden de Trump, estaba redistribuyendo el portaaviones Gerald R. Ford, el mayor de su tipo en el mundo, desde el mar Mediterráneo hacia el Caribe. Esto ocurre tras la operación del jueves, cuando dos bombarderos B-1 estadounidenses sobrevolaron la costa de Venezuela en una descarada demostración de fuerza.

Esto a su vez siguió a una serie de ataques contra embarcaciones pequeñas en el Caribe y el océano Pacífico oriental, en los que fuerzas militares estadounidenses destruyeron 10 pequeñas embarcaciones pesqueras, matando al menos a 43 personas. Cuerpos con extremidades amputadas y quemaduras horribles han comenzado a aparecer en las costas de Trinidad y Tobago, nación insular que se ubica a tan solo diez kilómetros de la costa venezolana en su punto más cercano.

Se estima que el portaaviones y sus buques de apoyo, un grupo de batalla naval completo, tarden aproximadamente una semana en cruzar el Mediterráneo y el Atlántico para posicionarse frente a las costas venezolanas. Sin embargo, los bombardeos y demás ataques contra objetivos en Venezuela podrían comenzar en cualquier momento, dado que Trump se jactó de que casi todo el tráfico marítimo en la región se ha detenido, y que EE.UU. enfocará ahora sus ataques en tierra firme.

A comienzos de noviembre, se espera que la flota estadounidense frente a Venezuela incluya un portaaviones con 70 cazas y helicópteros de ataque, un buque portahelicópteros con otros 30 aviones de rotor basculante y helicópteros de ataque, y cerca de 2.000 infantes de Marina, la punta de lanza de una fuerza de desembarco, un crucero lanzamisiles, al menos seis destructores y otros buques de apoyo.

No es necesario decir que esta fuerza no tiene la misión de interceptar narcotraficantes. Su único propósito es invadir Venezuela, un país con más de 30 millones de habitantes, el doble del tamaño geográfico de Irak y una vez y media el tamaño de Afganistán. Aproximadamente la mitad del país, la parte sur, es selva tropical, parte de la cuenca amazónica, principalmente en la frontera con Brasil.

Un informe publicado en el periódico británico derechista Daily Telegraph relacionó las amenazas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro con la ofensiva de Trump contra los migrantes dentro de Estados Unidos:

Algunas fuentes cercanas a la administración Trump señalan que reunir una flota de invasión podría ser útil para que el señor Trump resuelva otro quebradero de cabeza político: la inmigración. Declarar la guerra podría permitir revivir la Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada por última vez para internar a ciudadanos japoneses, alemanes e italianos durante la Segunda Guerra Mundial, para detener y deportar en masa a ciudadanos venezolanos. Bajo esta ley del siglo XVII [en realidad del siglo XVIII], un presidente puede dirigir medidas contra ciudadanos de una nación hostil durante una guerra declarada o si un gobierno enemigo realiza una “invasión o incursión depredadora”.

Al comienzo de su segundo mandato, el presidente desempolvó esta ley de tiempos de guerra, pero luego fue bloqueado por una corte de apelaciones. Los dos arquitectos de la campaña contra Venezuela son Marco Rubio, el secretario de Estado, y, curiosamente, Stephen Miller, conocido como “el cerebro de Trump” en materia migratoria. Venezuela y las lanchas de droga se convierten así en una fusión compleja de las grandes obsesiones de Trump: la seguridad nacional, la inmigración y la necesidad de reestablecer la dominación estadounidense.

En caso de una guerra a gran escala contra Venezuela, la situación legal de los migrantes venezolanos en Estados Unidos cambiaría abruptamente. Trump ya ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros, aunque con ciertas limitaciones impuestas por los tribunales. Es bastante probable que la sola nacionalidad venezolana conlleve arresto y detención inmediata, independientemente de otros factores legales como el Estatus de Protección Temporal. Dado el número de migrantes venezolanos —probablemente varios millones— actualmente en territorio estadounidense, se requeriría una enorme cantidad de agentes migratorios, policías y tropas para detenerlos, y solo campos de concentración masivos podrían albergarlos.

Un artículo del fin de semana en la revista The Atlantic describió una “reunión tensa” entre el almirante Alvin Holsey, entonces jefe del Comando Sur del Pentágono —opera desde el Caribe y América Latina—, y el secretario de guerra Hegseth, por los ataques contra embarcaciones pequeñas. Poco después, Holsey anunció su retiro, apenas un año después de iniciar un mandato de tres años en ese cargo de alto nivel.

La revista informó:

Una vez que llegue el Gerald R. Ford, EE.UU. tendrá aproximadamente tantas naves en el Caribe como las que utilizó este verano para defender a Israel de los ataques con misiles iraníes.

A medida que se han acumulado activos militares estadounidenses en la región, el lenguaje de la administración en torno a derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro se ha vuelto más amenazante. Una fuente cercana a la Casa Blanca dijo esta semana a Semafor que la administración solo se coordinaría con el Congreso para su plan de acción militar “cuando el cadáver de Maduro esté en custodia estadounidense”.

Según un informe del sábado en el Washington Post:

En las últimas semanas, el Pentágono también ha desplegado el MV Ocean Trader, una embarcación civil convertida en base flotante de operaciones especiales que puede desplegar tropas con poco aviso. La presencia del buque en el Caribe coincidió con el despliegue de aeronaves seleccionadas del 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, una unidad élite de helicópteros que participa en las misiones más peligrosas del mundo.

Estas fuerzas podrían ser utilizadas para incursiones contra objetivos terrestres en Venezuela, como ha amenazado Trump, o incluso para un ataque de decapitación contra la dirigencia venezolana en Caracas. Un destructor estadounidense, el USS Gravely, y la unidad de marines tienen previsto visitar Trinidad esta semana, poniéndolos a menos de 10 kilómetros de la costa venezolana.

El Wall Street Journal citó a Robert O’Brien, asesor de seguridad nacional de Trump en los últimos dos años de su primer mandato: “Mover un portaaviones a la región es la declaración más clara que Estados Unidos puede hacer de que la crisis es seria… el poder de combate que puede generar el grupo de ataque del Ford es suficiente para derrotar a las fuerzas armadas del régimen de [Nicolás] Maduro, lo cual sería el paso clave para instalar en el cargo a la legítimamente elegida presidenta, María Machado”.

Esta última afirmación es asombrosa, dado que Machado fue descalificada para las elecciones de 2024 y por lo tanto no recibió ni un solo voto. Nunca ha aparecido en papeleta alguna en una elección presidencial. Pero su Premio Nobel de la Paz la convirtió en la figura más probable para encabezar un nuevo régimen apoyado por Estados Unidos en Venezuela.

El Partido Demócrata ha guardado un silencio casi total ante la escalada de Trump hacia una guerra ilegal contra Venezuela. Mucha de la justificación legal que está preparando la Casa Blanca se basa en los “ataques selectivos” autorizados por la administración Obama, que justificaban los ataques con misiles contra personas cuyas actividades supuestamente encajaban con el “perfil” de terroristas de Al Qaeda, incluso si sus identidades reales eran desconocidas. De manera similar, los pescadores caribeños están siendo retratados como si encajaran en el “perfil” de los narcotraficantes.

A comienzos de este mes, los senadores demócratas Adam Schiff (California) y Tim Kaine (Virginia) propusieron una resolución para detener los ataques. La votación fracasó por 48 contra 51, siendo Rand Paul (Kentucky) y Lisa Murkowski (Alaska) los únicos republicanos que la apoyaron. El único demócrata que votó en contra fue John Fetterman (Pensilvania).

En una entrevista notable en “Meet the Press” el domingo, el senador demócrata Ruben Gallego de Arizona fue consultado si los ataques de la administración Trump contra supuestas lanchas narcotraficantes eran consistentes con el derecho internacional. Respondió: “No, es asesinato… Si este presidente siente que están haciendo algo ilegal, entonces debería usar la Guardia Costera. Si se trata de un acto de guerra, entonces se usa al ejército, y luego vienen a hablar con nosotros primero. Pero esto es asesinato”.

Su entrevistadora en “Meet the Press”, Kristen Welker, no mostró la menor reacción ante esta caracterización, y simplemente continuó sin comentario alguno. Gallego luego habló de la postura del Partido Demócrata frente al cierre del gobierno, exigiendo que Trump aceptara negociar. Ni Gallego ni Welker señalaron que había alguna contradicción entre llamar asesino a Trump y buscar sentarse con él a la mesa de negociaciones.

Mientras tanto, su colega demócrata por Arizona, el senador Mark Kelly, hablando en el programa “This Week” de ABC News, solo calificó los ataques a las embarcaciones como “cuestionables” y sugirió que Trump debería haber consultado con el Congreso antes de llevar a cabo tales acciones.

Esta disparidad no hace más que subrayar la solidaridad esencial entre demócratas y republicanos como partidos del imperialismo estadounidense. Presidentes demócratas como Obama y Biden, al igual que Trump hoy, han recurrido habitualmente al asesinato con misiles y otros actos de barbarie imperialista, como el bombardeo de Libia por la OTAN y la guerra de EE.UU. y la OTAN contra Rusia en Ucrania.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 26 de octubre de 2025)