En medio de una ola de protestas masivas contra la desigualdad social, los partidos de oposición nominales de Perú están haciendo todo lo posible por desarmar y bloquear cualquier acción contra el intento del recién instalado presidente José Jerí de consolidar una dictadura de derecha.
Más allá de protestas retóricas aisladas, sus acciones no logran desafiar la continuidad de un régimen ilegítimo y represivo que tomó el poder mediante el derrocamiento del presidente electo Pedro Castillo en diciembre de 2022. La instalación de su vicepresidenta, Dina Boluarte, se logró mediante una brutal represión y violencia homicida.
Si se analizan los votos de los partidos políticos en el Congreso, en muchos casos la oposición y el partido gobernante votaron conjuntamente, incluso a favor de regulaciones que restringen las facultades del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y el Poder Judicial. Estas disposiciones, conocidas hoy como “leyes procrimen”, han disminuido la capacidad operativa del Estado para enfrentar las nuevas formas de delincuencia organizada violenta que se expanden en el país.
Por ejemplo, legisladores de todo el espectro político votaron a favor de la Ley 31990, que modifica el artículo 473 del Código de Procedimiento Penal y restringe el procedimiento de colaboración efectiva, un procedimiento legal utilizado para desarticular organizaciones criminales. Asimismo, la Ley 32138, también “procrimen”, eleva el umbral para la imputación del delito de organización criminal (artículo 317 del Código Penal y artículo 2 de la Ley 30077), impidiendo la incriminación y el enjuiciamiento de redes criminales que operan en territorio nacional.
Entre los partidos que votaron a favor se encontraban: Alianza para el Progreso (APP), Honor y Democracia, Perú Libre, Fuerza Popular, Podemos Perú, Parlamentarios No Agrupados, Acción Popular, Somos Perú, Renovación Popular, Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, Avanza País, Partido Integración Social, Bloque Magistral y Bloque Socialista.
Todas estas fuerzas votaron a favor de otras leyes percibidas como protectoras de las redes criminales y que excluyen a los partidos políticos de toda sanción penal y administrativa por delitos cometidos a través de su estructura partidista, consolidando así un régimen de privilegios e impunidad política.
Algunos parlamentarios utilizaron licencias por enfermedad para evitar votar o se abstuvieron, pero esto no ha sido la norma. Estas votaciones revelan el profundo giro a la derecha del establishment político. En el Congreso, reinan los fugitivos, involucrados en todo tipo de actividades delictivas, desde el robo de salarios de sus asistentes o «mochasueldos» hasta la trata de personas. Tal degeneración política es un reflejo de la bancarrota total de la democracia capitalista peruana.
Perú ha vivido una ola de huelgas impulsada por la creciente indignación ante el asesinato de trabajadores del transporte (más de 180 en lo que va del año) a manos de bandas extorsionadoras con conexiones políticas que exigen dinero a cambio de protección. Los sindicatos del transporte, dominados por los dueños de autobuses, han intentado canalizar esta indignación hacia el apoyo a legislación represiva, incluyendo la llamada ley contra el “terrorismo urbano”, y una mayor represión policial.
Fuera del Congreso, se escuchan algunas voces críticas, como la del periodista César Hildebrandt o la de Glatzer Tuesta, abogado de la ONG Ideele, quien tiene un programa de radio. Sin embargo, todas sus críticas se enmarcan en la defensa del Estado peruano y del modelo de democracia capitalista.
Estas fuerzas promueven una narrativa supraclasista y nacionalista: que el Estado pertenece a todos y que ciertas mafias o sectores corruptos de la política “han capturado las instituciones” y ahora controlan las claves del poder. Según este discurso, nuevas elecciones podrían ser beneficiosas siempre y cuando las masas que rechazan la política capitalista y a todos los políticos actuales “aprendan a votar”. Sin embargo, ninguno de los partidos busca perjudicar los intereses de la corrupta y sanguinaria clase dirigente.
La izquierda nominal, tanto dentro como fuera del Congreso peruano, ha defendido reiteradamente la propiedad privada y la inviolabilidad de la llamada democracia capitalista. Los partidos pseudoizquierdistas, como Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, Nuevo Perú, el Bloque Magistral y el Bloque Socialista, se dedican a canalizar el abrumador rechazo de millones de peruanos de vuelta al pantano electoral. Es esta “izquierda” la que necesita el capital, tanto nacional como extranjero.
Durante el período 2023-2024, se formó una alianza oportunista entre partidos de pseudoizquierda y centro, incluyendo Perú Libre, que logró reunir los votos suficientes para competir por la presidencia del Consejo de Diputados. Para ello, ofreció garantías a partidos abiertamente de derecha; sin embargo, la coalición no logró obtener el control del Congreso. Esta alianza con la derecha, no obstante, reveló no solo oportunismo, sino también que estos partidos funcionan para proteger el poder y la estabilidad de los intereses capitalistas.
La profundización de la crisis política en Perú refleja el descontento generalizado de la población trabajadora, impulsado por numerosos factores interrelacionados que evidencian la ilegitimidad y la corrupción del régimen actual. Un punto álgido clave ha sido el reciente fallo arbitrario emitido por la Corte Constitucional, cuyos miembros fueron designados por el Congreso vigente. En una decisión manifiestamente partidista, el tribunal anuló el juicio por lavado de dinero contra Keiko Fujimori, líder del partido dominante en el Congreso, el ultraderechista Fuerza Popular, con el pretexto técnico de que las contribuciones ilegales a su campaña no estaban contempladas en la legislación vigente. Este fallo se produjo en plena campaña electoral, librando a Fujimori de la justicia y provocando un amplio rechazo en todo el Perú.
La decisión del Tribunal Constitucional desató una reacción violenta de las fuerzas reaccionarias, envalentonando un contraataque que incluso ha apuntado al fiscal que dirigió la investigación.
Mientras tanto, el Congreso aprovechó la inestabilidad política tras la destitución del presidente Boluarte para instalar a José Jerí Oré, una figura política poco conocida, como jefe de Estado y otorgar un voto de confianza a un nuevo gabinete de derecha liderado por el primer ministro Ernesto Álvarez. Este gobierno busca abiertamente poderes extraordinarios para gobernar por decreto en materia de seguridad ciudadana. El propio Álvarez calumnió a los manifestantes asesinados por agentes encubiertos, tildándolos de “terroristas”, lo que evidencia el compromiso del gobierno con la represión de la disidencia. Las primeras operaciones de seguridad, incluyendo una redada nocturna en la ciudad portuaria del Callao en la que participaron figuras reaccionarias notorias, han sido ampliamente condenadas como una farsa y una provocación por los trabajadores y sectores populares peruanos.
Quizás el hecho más preocupante haya sido la declaración del estado de emergencia en Lima y el Callao el 22 de octubre, una herramienta política utilizada para suspender derechos constitucionales fundamentales y justificar la militarización masiva y la represión policial.
A pesar del despliegue de miles de policías y militares, la violencia persiste, lo que socava cualquier afirmación de que el estado de emergencia aborde realmente la inseguridad. En cambio, busca claramente reprimir la reciente ola de protestas masivas no solo contra el actual gobierno no electo, sino contra todo el sistema político. Esta medida señala una peligrosa escalada, preparando el terreno para el despliegue de las fuerzas armadas con el fin de reprimir la amplia oposición social.
Los pretextos del Estado sobre el “crimen transnacional” y las “bandas organizadas” enmascaran la decadencia política sistémica y la corrupción vinculada a los intereses mafiosos. El exfiscal de la Nación, otrora aclamado como defensor de la lucha contra la corrupción, fue suspendido en medio de ataques de la extrema derecha, que también ha atacado al fiscal Domingo Pérez.
Las burocracias sindicales en Perú han desempeñado un papel decisivo en el debilitamiento de la resistencia organizada de la clase trabajadora. Las federaciones, los sindicatos y sus aliados pseudoizquierdistas se niegan a convocar huelgas u organizar protestas, limitándose a gestos simbólicos o retórica legalista. Esta impotencia burocrática facilita la represión social y de clase por parte del gobierno, dejando a los trabajadores sin un verdadero instrumento político para sus luchas.
Más que nunca, la clase trabajadora peruana debe construir organizaciones y liderazgos independientes, rechazando el callejón sin salida del pseudoizquierdismo y la confianza ciega en el aparato político existente. Los comités de base son esenciales para tomar el control democrático a nivel comunitario y laboral, abordando desde las bases derechos sociales urgentes como la alimentación, la vivienda, la salud y la educación. Estas organizaciones representan la única vía creíble para defender a la clase trabajadora de los crecientes ataques del gobierno. Estos comités deben coordinarse a través de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB).
Las protestas, por sí solas, sin importar cuán masivas o espontáneas sean, corren el riesgo de ser instrumentalizadas por reformistas o partidos tradicionales que promueven las elecciones de 2026 como una panacea, a pesar de la amenaza de que ni siquiera se celebren. La tarea urgente es desarrollar un programa socialista que exponga el giro autoritario del Estado capitalista y vincule los derechos democráticos con las demandas sociales y económicas.
La ola de protestas que sacude Perú forma parte de una insurgencia internacional más amplia, caracterizada por una creciente polarización económica y un malestar social impulsado por la crisis global del capitalismo. La persistente inestabilidad política en Perú, ejemplificada por la destitución de Castillo y Boluarte y la imposición del gobierno de Jerí, refleja la desesperación de la élite gobernante.
La verdadera oposición a la crisis peruana no se encuentra en el Congreso ni en los partidos tradicionales, sino en las calles y los centros de trabajo. Solo un movimiento obrero decidido y políticamente consciente puede transformar el caos actual en un derrocamiento revolucionario del capitalismo.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 2 de noviembre de 2025)