La administración Trump anunció el martes que transferirá funciones clave del Departamento de Educación de EE.UU. (ED, por sus siglas en inglés) a otras agencias federales, lo que representa el paso más agresivo hasta la fecha en su desmantelamiento sistemático de la educación pública. “El tiempo corre”, escribió la secretaria de Educación, Linda McMahon, mientras el gobierno pretende cumplir la promesa de campaña de Trump de abolir el Departamento de Educación sin necesidad de aprobación del Congreso.

Según un acuerdo interinstitucional anunciado el martes y fechado retroactivamente al 30 de septiembre, justo antes del cierre del gobierno, la administración Trump está moviendo las Oficinas de Educación Primaria y Educación Postsecundaria al Departamento de Trabajo. Al menos 28.000 millones de dólares en fondos están comprometidos, incluyendo asignaciones del Título I, programas de formación docente, enseñanza del inglés y TRIO (un conjunto de programas de apoyo a estudiantes desfavorecidos).

El traslado de toda la supervisión y financiación de la educación pública desde preescolar hasta la universidad al Departamento de Trabajo pone de manifiesto el objetivo del gobierno: subordinar las escuelas y universidades públicas a los intereses empresariales y militares, reduciéndolas a centros de “preparación laboral”.

Además, las subvenciones para educación internacional y los programas Fulbright se transferirán al Departamento de Estado para alinearse mejor con los intereses militares de EE.UU. El Departamento de Educación justificó la medida afirmando que estos programas se han “desviado de la misión central de apoyar la educación internacional para la competitividad global”. La Oficina de Educación para Indígenas se trasladará al Departamento del Interior, pese a la oposición de defensores de la educación indígena que denunciaron que no se consultó a los líderes tribales. También algunos programas de acceso al cuidado infantil y servicios médicos se moverán al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).

Técnicamente, el Departamento de Educación mantendría la supervisión nominal de estos programas, un subterfugio legal diseñado para dar cobertura jurídica a McMahon mientras desmantela el departamento “poco a poco” sin aprobación del Congreso. Por ahora, esta acción deja en su lugar la cartera de préstamos estudiantiles del Departamento, valorada en 1,6 billones de dólares, y su financiación para estudiantes con discapacidades, aunque se espera ampliamente que también sean transferidos.

Un funcionario del Departamento de Educación afirmó que el personal actual que trabaja en los programas afectados será transferido a otras agencias, pero se negó a decir cuántas personas seguirán empleadas.

El anuncio desató una oleada de oposición entre educadores y padres. En redes sociales, una madre neoyorquina escribió: “Ni Trump ni McMahon asistieron a escuelas públicas ni pasaron hambre por no poder pagar un almuerzo. Ambos nacieron en familias multimillonarias. Es evidente que no deberían dirigir la educación pública, y mucho menos destruirla. Su única motivación es mantener al pueblo ignorante y bajo su control”. Baltimore_Jack escribió: “Y, por supuesto, el Congreso permanece de brazos cruzados, sin hacer nada”. MollyG agregó: “Trump está violando abiertamente la ley federal y la Constitución. En circunstancias normales, esto sería un gran escándalo”.

El anuncio coincidió con la cínica declaración de la Casa Blanca del 15 de noviembre como “Semana de la Educación Estadounidense”. El mensaje presidencial de Trump afirmaba: “Al desmantelar el Departamento de Educación, mi administración ha devuelto el control de la educación a donde pertenece: a los Estados, las comunidades locales y los padres”. La proclama respalda el actual plan de Trump para crear un sistema universal de vales escolares, el cual desviarían fondos públicos hacia escuelas privadas y religiosas mediante créditos fiscales, e introduce un nuevo programa de subvenciones que incentiva a las escuelas a asociarse con empresas.

La “celebración” de Trump no es más que un intento de desmantelar los derechos democráticos existentes que garantizan el acceso a la educación—ganados durante generaciones—y reformular la política educativa para favorecer los intereses empresariales, los ricos e incrementar el reclutamiento militar con vistas a las guerras expansionistas de EE.UU.

Estas transferencias siguen a semanas de declaraciones públicas de McMahon afirmando que el cierre gubernamental más largo de la historia, que duró 43 días, demostró que el Departamento de Educación no es necesario. “El cierre de 43 días, ocurrido justo en medio del semestre de otoño, mostró a cada familia cuán innecesaria es la burocracia federal educativa para la educación de sus hijos”, escribió McMahon en un editorial el 16 de noviembre. “Los estudiantes siguieron yendo a clase. Los maestros continuaron recibiendo su salario. No hubo interrupciones en las temporadas deportivas ni en las rutas de autobús”.

Esto es una mentira calculada. Los programas de Head Start que atienden a cerca de 65.000 niños en más de 40 estados cerraron o estuvieron al borde del cierre al ser suspendida su financiación el 1 de noviembre, dejando a miles de familias de bajos ingresos sin servicios de cuidado infantil ni educación temprana.

Los pagos de Impact Aid—financiación fundamental para distritos escolares con propiedades federales no gravables, como bases militares—se retrasaron, desestabilizando distritos en todo el país. Una encuesta de 90 distritos afectados demostró que más de un tercio enfrentaban presiones presupuestarias, obligándolos a recortar programas, congelar contrataciones y agotar reservas.

La aplicación de los derechos civiles se detuvo por completo. La Oficina de Derechos Civiles, ya diezmada por despidos anteriores que eliminaron la mitad de su personal y cerraron 7 de sus 12 oficinas regionales, cesó todas las investigaciones sobre denuncias de discriminación durante el cierre. Esto dejó a miles de estudiantes—incluyendo aquellos que enfrentan acoso sexual, discriminación por discapacidad y racismo—sin protección ni recursos legales.

Todas las actividades federales de concesión de subvenciones se suspendieron. También cesó la asistencia técnica a las escuelas. Y mientras McMahon afirma que los maestros “siguieron cobrando”, esta declaración engañosa omite que sus salarios provienen de los distritos locales, no del gobierno federal, una omisión que revela su deshonestidad sobre el verdadero papel del departamento.

Desde que asumió el cargo en enero de 2025, McMahon ha destruido sistemáticamente el Departamento de Educación mediante múltiples rondas de despidos masivos. La plantilla del departamento ha pasado de 4.133 empleados cuando Trump asumió el poder a aproximadamente 2.183—una reducción de casi el 50 por ciento.

Los despidos de octubre, anunciados durante el cierre del gobierno, afectaron a las oficinas que ahora están siendo transferidas a otras agencias. Prácticamente todo el personal de la Oficina de Programas de Educación Especial—encargada de supervisar los 15.000 millones de dólares del programa IDEA (Ley de Educación para Individuos con Discapacidades) que atiende a 7,5 millones de estudiantes con discapacidades—recibió notificaciones de despido. La Oficina de Derechos Civiles perdió aún más personal además de los recortes devastadores de marzo. Se eliminaron cargos clave encargados de supervisar la financiación del Título I para escuelas de bajos ingresos, los Centros Comunitarios de Aprendizaje del Siglo XXI, los programas TRIO para estudiantes universitarios de primera generación y las subvenciones a Colegios y Universidades Históricamente Afroamericanos (HBCU, por sus siglas en inglés).

Los tribunales federales bloquearon temporalmente estos despidos, pero la administración Trump ha eludido de forma persistente la supervisión judicial. La transferencia de oficinas a otras agencias representa una nueva táctica: en lugar de eliminar oficialmente los programas, la administración los hace inoperantes al despojarles de la experiencia, la infraestructura y el personal necesarios para administrarlos.

Una propuesta adicional para transferir la supervisión de la educación especial al HHS, dirigido por el charlatán médico Robert F. Kennedy Jr., resulta especialmente ominosa. Defensores advierten que este cambio fomentaría un “modelo médico” de discapacidad que trata a los estudiantes como diagnósticos que deben gestionarse, en lugar de aprendices con potencial, minando décadas de avances hacia una educación inclusiva. El desmantelamiento de la Oficina de Derechos Civiles ya ha eliminado de facto la supervisión federal de la educación especial, dejando a 7,5 millones de estudiantes con discapacidades a merced de la voluntad y capacidad de los estados para proporcionar servicios.

La respuesta del Partido Demócrata ante esta amenaza existencial a la educación pública se caracterizó por la complacencia y la complicidad de siempre. La burocracia sindical no se quedó atrás. La presidenta de la Asociación Nacional de Educación (NEA), Betsy Pringle, criticó a Trump por hacer el anuncio durante la Semana de la Educación.

Al sentirse obligada a mostrar oposición, dijo: “No solo quieren matar de hambre y robar a nuestros estudiantes, ¡también quieren robarles el futuro!” Pero Pringle no propuso ninguna medida para movilizar a los 3 millones de miembros de la NEA contra el desmantelamiento abierto del Departamento de Educación, punta de lanza de la contrarrevolución social de Trump.

La respuesta de la presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros (AFT), Randi Weingarten, fue aún más traicionera. Señalando que la AFT “se opuso a un Departamento de Educación independiente cuando se propuso por primera vez en los años setenta” y que “los maestros siempre han odiado la burocracia por la burocracia en sí”, Weingarten instó al presidente fascista y a su multimillonaria secretaria de Educación a “sentarse con los educadores”, quienes “saben cómo hacer que el papel federal sea más eficaz, eficiente y orientado al aprendizaje real”.

Es evidente para todos cuál es el objetivo del gobierno: destruir la educación pública y convertir las escuelas en centros de adoctrinamiento religioso, nacionalista y militarista. El Partido Demócrata actúa como cómplice de Trump y las burocracias sindicales como policías laborales que ofrecen sus servicios a cambio de un asiento en la mesa del Führer.

Para defender el derecho a la educación pública y todos los derechos democráticos, los docentes, padres, estudiantes y la clase trabajadora en su conjunto deben organizar una resistencia colectiva independiente del Partido Demócrata y de los aparatos sindicales mediante la formación de comités de base, democráticamente controlados por los propios trabajadores, en cada escuela, barrio y lugar de trabajo.

Estos centros populares de oposición deben vincular la lucha por defender la educación pública con la lucha contra la agenda autoritaria más amplia del gobierno de Trump: la redada y deportación de familias inmigrantes, el ataque a los derechos democráticos, y la transferencia de billones en riquezas a la oligarquía y al Pentágono, mientras se recortan Medicaid, SNAP y otros programas vitales.

Lo que se requiere no son apelaciones al Congreso ni a los tribunales, sino una acción política masiva para derrocar a la administración Trump y establecer un gobierno de trabajadores que expropie la riqueza de la oligarquía y reorganice la vida económica sobre bases socialistas, para satisfacer las necesidades urgentes de la población, incluida la educación pública gratuita y de alta calidad para todos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 18 de noviembre de 2025)