El segundo término de Donald Trump comenzó con la firma de un conjunto de órdenes ejecutivas sin precedente que buscan restringirlos derechos migratorios y democráticos. Trump promulgó un paquete inicial de decretos frente a una multitud que cantaba “¡USA! ¡USA! ¡USA!”, al interior de un estadio en Washington D.C. y luego regresó a la Casa Blanca donde firmó más decretos. Uno de estos que firmó es una prohibición a la ciudadanía por nacimiento. 

Trump se presentó como un “pacificador” durante su discurso inicial pero las políticas que anunció constituyen una declaración de guerra contra toda la población mundial. Denunció la inmigración como una “invasión” y dijo que sus órdenes ejecutivas procuraban iniciar una “revolución” que detendrá toda la inmigración en la frontera sur, implicará la detención masiva de inmigrantes sin historial criminal y desplegará el ejército estadounidense en el país de alguna forma. 

El presidente no tiene la facultad de emitir órdenes ejecutivas que infrinjan las normas constitucionales como la garantía a la ciudadanía por nacimiento consagrada en la Decimocuarta Enmienda, pero eso no detuvo a Trump. Muchas de las órdenes serán desafiadas en los tribunales, pero la Corte Suprema dominada por la ultraderecha tendrá el dictamen final sobre su “legalidad”. 

“Declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur”, dijo Trump durante su discurso inaugural más temprano en el día, y agregó que “se detendrá de inmediato toda entrada ilegal. Y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”. La afirmación de que hay “millones de extranjeros criminales” es una mentira descarada: aquellos sin documentación no han cometido ningún delito penal y se ha demostrado que los trabajadores inmigrantes cometen sustancialmente menos delitos que los ciudadanos estadounidenses.

Trump también dijo que designaría a los “cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, una medida que allana el camino para una posible acción militar en México y América Central y que otorga a las autoridades federales el poder de enjuiciar penalmente a las personas por “apoyo material al terrorismo” si, por ejemplo, pagan extorsiones a pandillas en contra de su voluntad. Cuando se le preguntó anoche durante una improvisada reunión de prensa en el despacho oval si esta designación significaba que Trump podría lanzar operaciones militares en México, Trump dijo: “Podría ser. Han pasado cosas más extrañas”.

Trump dijo durante su discurso inaugural que “invocaría la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798”, la misma disposición de la ley invocada por John Adams, así como por los presidentes Wilson y Roosevelt para detener a inmigrantes y muchos ciudadanos estadounidenses durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. La ley le da al presidente la capacidad de detener y deportar a personas sin el debido proceso. También indicó que sus operaciones apuntarían a los principales centros de población, afirmando que la Administración “usará todo el inmenso poder de las fuerzas policiales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales que traen delitos devastadores a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”.

Al firmar la primera de las órdenes, Trump dijo a la multitud en el Capitolio One Arena que tenían como objetivo evitar que “millones” de inmigrantes “ingresen a nuestro país desde cárceles, prisiones, instituciones mentales y manicomios. Esto se detiene a partir de la 1 de la tarde”. Les dijo a sus partidarios que estarían “felices leyendo los periódicos en los próximos días” al descubrir el contenido de las órdenes ejecutivas dirigidas contra los inmigrantes.

El New York Times informó que, mientras firmaba las órdenes, Trump había ordenado el despido de varios funcionarios de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), la agencia que supervisa el sistema judicial de inmigración. La nueva jefa interina de EOIR de Trump, Sirce Owens, es una jueza de extrema derecha de la Junta de Apelaciones de Inmigración y exabogada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Esta medida indica que Trump y sus ayudantes se están preparando para acelerar los procedimientos de expulsión mediante la aplicación de restricciones significativas al debido proceso.

Trump también se comprometió a restablecer la política de “Permanecer en México” lanzada en 2019 durante su primer mandato; sin embargo, tendrá un carácter muy cambiado ya que los migrantes no estarán esperando a que se consideren sus casos de inmigración. Bajo Biden, los solicitantes de asilo ya se veían obligados a esperar en México durante meses para las audiencias de asilo a través de la aplicación móvil CBP One, pero ahora tales solicitudes se han suspendido indefinidamente.

A medida que los acontecimientos de ayer ocurrieron en Washington, escenas de inmenso sufrimiento tuvieron lugar en el cruce fronterizo entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez. Entre miles de migrantes que esperaban a lo largo de la frontera a temperaturas casi gélidas, muchos comenzaron a llorar cuando sus citas de CBP One se cancelaron de inmediato. Cerca de allí, filas de policías antidisturbios cerraron temporalmente el puerto de entrada como amenaza contra cualquier protesta entre los migrantes reunidos. Se estima que 270.000 migrantes estaban esperando para obtener una cita a través de la aplicación cuando se cerró.

En mayor medida que durante su primer mandato, Trump contará con la colaboración del gobierno mexicano ahora liderado por la presidenta pseudoizquierdista Claudia Sheinbaum, quien ha denunciado verbalmente el regreso de la política de “Permanecer en México” sin dejar de estar abierta a recibir a los deportados y rechazados en la frontera. Sheinbaum dijo el lunes que espera convencer a Trump de que mantenga el acceso a los solicitantes de CBP One en el sur de México, donde se convertirán en una fuente extremadamente vulnerable de mano de obra barata, especialmente después de enfrentar la extorsión sistemática de pandillas y fuerzas de seguridad.

Las órdenes impactarán la vida de millones de personas y generarán una inmensa oposición en la población. Desde ya, las preocupaciones sobre las deportaciones masivas llevaron a muchos maestros de escuela y dueños de negocios a informar en las redes sociales que los inmigrantes se están quedando en casa en lugar de ir a trabajar, a la escuela o a hacer mandados. El World Socialist Web Site continuará informando sobre el contenido de las órdenes ejecutivas a medida que se pongan a disposición del público.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de enero de 2024)