Como parte de la campaña cada vez más intensa de Donald Trump para derrocar la Constitución de Estados Unidos y consolidar una dictadura presidencial, la Casa Blanca presentó un memorándum de dos páginas el lunes por la noche congelando casi todas las subvenciones y préstamos federales, tanto nacionales como internacionales.

Esta orden pone en peligro miles de millones de dólares, si no billones, de fondos previamente aprobados por el Congreso; privando de recursos críticos a Gobiernos locales y estatales, comunidades indígenas, escuelas públicas, universidades y organizaciones sin fines de lucro.

El objetivo central de esta directiva es acelerar la transformación del Estado norteamericano en línea con el “modelo Milei”, las políticas implementadas por el presidente argentino fascistizante, Javier Milei. Es decir, desmantelar todo el gasto público fuera del ejército y la policía para permitir que la oligarquía financiera lleve acabo operaciones especulativas y lucrativas irrestrictas a expensas de los programas sociales esenciales para la clase trabajadora.

La orden del lunes fue firmada por Matthew J. Vaeth, director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés). Dirigió a todas las agencias federales a dejar de gastar en programas que administran si “pueden estar implicados por cualquiera de las órdenes ejecutivas del presidente” o si “promueven la equidad marxista, transgénero y las políticas de ingeniería social del Nuevo Trato Verde...”.

Ordenó a las agencias “pausar temporalmente todas las actividades relacionadas con obligaciones o el desembolso de toda la asistencia financiera federal... incluida, entre otras, la asistencia financiera para ayuda extranjera, organizaciones no gubernamentales, DEI [Diversidad, Equidad e Inclusión], la ideología de género woke y el Nuevo Trato Verde”. La “pausa” debía entrar en “vigencia el 28 de enero de 2024 a las 5:00 p.m.”.

El impacto inmediato fue de confusión masiva y caos. La orden amenaza la financiación de viviendas de bajos ingresos, refugios de violencia doméstica, programas de seguridad alimentaria, internet rural, servicios de inmigración, Medicaid, comidas a domicilio para personas mayores y becas Pell para estudiantes universitarios. Millones de personas inscritas en programas federales, así como trabajadores empleados por agencias no gubernamentales, quedaron en la estacada.

Apenas unos minutos antes de que la congelación entrara en vigor el martes, la jueza de distrito estadounidense Loren AliKhan emitió una orden judicial temporal que la bloqueaba hasta el 3 de febrero. El fallo se produjo en respuesta a una demanda presentada por organizaciones sin fines de lucro que advirtieron que incluso una breve pausa en la financiación “podría privar a las personas y comunidades de servicios vitales”.

Durante varias horas, el portal de pago de subvenciones del Gobierno, incluido Medicaid, el principal programa gubernamental de atención médica para los pobres, mostró una advertencia sobre “retrasos en los pagos debido a órdenes ejecutivas”.

Es un principio constitucional que el Congreso de los Estados Unidos, no el presidente, tiene el “poder sobre el tesoro”. Cuando el presidente Richard Nixon, como parte de su apuesta por el poder dictatorial durante la crisis de Watergate, trató de “confiscar” los fondos asignados por el Congreso para los programas a los que se oponía, el Congreso aprobó la Ley de Control de Embargos de 1974 para reafirmar su papel preeminente. La Casa Blanca de Trump ha calificado esta ley de “inconstitucional” e indicó que Trump se negará a obedecerla. Esto representa la afirmación de poderes dictatoriales que hacen que los esfuerzos de Nixon palidezcan en comparación.

El memorándum del lunes emitido por la Casa Blanca de Trump busca usurpar la autoridad del Congreso para asignar fondos, dejando al presidente el único poder de decidir qué programas financiará. La orden de la OMB no proporcionó ninguna justificación legal de por qué la Administración de Trump podría bloquear unilateralmente los fondos previamente aprobados.

Si bien se ha bloqueado temporalmente, Trump y sus aliados fascistas buscarán argumentar rápidamente el caso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, que está repleta de personas designadas por Trump y sus cómplices.

Tras la orden de la OMB del lunes, el martes el Washington Post informó que la Oficina de Administración de Personal de los Estados Unidos había amenazado con despidos masivos por correo electrónico a casi todos los 2,3 millones de trabajadores federales, excluyendo a los militares, la policía de inmigración y los trabajadores postales.

El correo electrónico, titulado “El camino se bifurca” por el Post, ofreció a los trabajadores una indemnización con salario hasta el 30 de septiembre si aceptan renunciar antes del 6 de febrero, es decir, en poco más de una semana.

La Administración de Trump, actuando como un instrumento de la oligarquía financiera, planea una purga masiva de trabajadores públicos. En una entrevista con Jake Tapper de CNN el martes, se le pidió al asesor fascista de Trump, Stephen Miller, que respondiera sobre la depuración de 18 inspectores generales durante el fin de semana.

Miller declaró que la “autoridad del presidente para despedir a cualquier trabajador federal es plenaria”. Continuó: “No hay ninguna restricción legal que pueda imponerse al presidente para despedir a un trabajador del Gobierno federal que ejerce una política discrecional”.

De hecho, el presidente no tiene discreción para despedir a todos los empleados federales. La fuerza laboral del Gobierno federal, conocida como el Servicio Civil de los Estados Unidos, se estableció en 1871 y fue diseñada para garantizar que los trabajadores fueran contratados y promovidos en función del mérito, en lugar de la afiliación política y el amiguismo, como era el caso bajo el “sistema de botín” de principios del siglo XIX.

La purga de Trump de los inspectores generales fue descaradamente ilegal. En 2022, el Congreso aprobó una ley que exige que el presidente notifique con 30 días de antelación la intención de despedir a un inspector general, algo que Trump no cumplió.

Tanto en el despido de los inspectores generales como en la orden de congelar el gasto, la Casa Blanca esencialmente afirma que no está sujeta a las leyes aprobadas por el Congreso ni los poderes otorgados al Congreso por la Constitución. Lo hace bajo el supuesto de que esta afirmación de poder ejecutivo ilimitado será sancionada por la Corte Suprema y no encontrará una oposición seria dentro del establishment político.

En la primera semana de su mandato, Trump ha tomado medidas para revocar la Constitución y establecer un régimen autoritario sin precedente en la historia de Estados Unidos. Bajo el pretexto inventado de una “invasión” de inmigrantes, Trump ha reclamado poderes de tiempos de guerra, ha afirmado el derecho a anular los actos del Congreso y ha desatado una campaña de terror contra millones de personas.

La congelación del gasto deja en claro que la dictadura que Trump está tratando de establecer no es solo un ataque contra los inmigrantes sino contra toda la clase trabajadora. Lo que comenzó como la persecución de los migrantes es ahora un asalto a los programas sociales, la educación pública, la atención médica y todos los programas sociales. La Administración de Trump está llevando a cabo una guerra de clases a gran escala, despojando al Gobierno de todas las funciones excepto la guerra y la represión.

La oligarquía financiera que controla la sociedad estadounidense está utilizando la Administración de Trump para llevar a cabo una transferencia histórica de riqueza a los súper ricos. Lo que se está desarrollando es la transformación violenta de las formas políticas para alinearse con la realidad de un régimen oligárquico. Las instituciones de la democracia capitalista no pueden sobrevivir en condiciones de niveles tan asombrosos de desigualdad social.

El Partido Demócrata no está montando ninguna oposición real al empuje dictatorial de Trump. Su principal preocupación es evitar que estalle la oposición de la clase trabajadora desde abajo y amenace a todo el sistema.

Los demócratas han colaborado durante mucho tiempo en la destrucción del gasto social. Durante décadas, los Gobiernos demócratas y republicanos han supervisado por igual una transferencia histórica de riqueza de la clase trabajadora a la élite financiera. Es precisamente esta extrema concentración de riqueza la que ha llevado al ascenso de Trump.

La defensa de los derechos democráticos y la oposición a la dictadura no pueden separarse de la lucha contra el capitalismo en sí. La clase trabajadora, unida a través de todas las divisiones nacionales y étnicas, es la única fuerza social capaz de detener el descenso a la dictadura y la devastación social. El único camino que seguir es el desarrollo de un movimiento de masas e independiente de la clase trabajadora que luche por la reorganización socialista de la sociedad.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 28 de enero de 2024)