El pasado lunes, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue puesto bajo arresto domiciliario por la Corte Suprema Federal (STF) tras violar repetidamente las medidas cautelares que le prohibían el uso de redes sociales.

Las restricciones contra el exmandatario fueron impuestas hace dos semanas en medio de las tensiones provocadas por el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de aplicar drásticos aranceles contra Brasil, justificados como una intervención de Washington contra lo que calificó de una “cacería de brujas” contra Bolsonaro y sus simpatizantes.

El 18 de julio, el juez del STF Alexandre de Moraes decretó varias medidas contra Bolsonaro — incluidas el uso de un grillete electrónico, la prohibición de usar redes sociales y de comunicarse con autoridades extranjeras— bajo el argumento de que actuaba junto a su hijo, Eduardo Bolsonaro, para instigar sanciones estadounidenses contra Brasil y obstruir la investigación y el juicio de los responsables del intento de golpe fascista del 8 de enero de 2023.

Bolsonaro desafió provocativamente la decisión del tribunal. Después de comparecer en el Congreso el 21 de julio, donde habló ante las cámaras junto a sus aliados denunciando las medidas del STF como una “humillación” y llamando a un “enfrentamiento con todo y todos”, recibió una advertencia con amenaza de prisión.

En desafío al STF, Bolsonaro participó mediante videollamada en las manifestaciones fascistoides realizadas el pasado domingo en São Paulo y Río de Janeiro. Las protestas exigían “amnistía ya” para todos los involucrados en la insurrección fascista del 8 de enero, además del juicio político de Moraes y el derrocamiento del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores – PT). Manifestantes portaban carteles en inglés como “THANK YOU TRUMP” y “HELP TRUMP”.

El encarcelamiento de Bolsonaro, que será cumplido bajo arresto domiciliario, ha reavivado las llamas en el explosivo entorno político de Brasil.

La administración de Trump respondió de inmediato. El lunes por la noche, el Departamento de Estado de EE. UU. emitió un comunicado oficial en X anunciando:

El juez Moraes, ahora sancionado por EE. UU. como violador de derechos humanos, continúa utilizando las instituciones brasileñas para silenciar a la oposición y amenazar la democracia…

Estados Unidos condena la orden de Moraes que impone arresto domiciliario a Bolsonaro y responsabilizará a todos los que apoyen o faciliten conductas sancionadas.

Las provocaciones de Washington contra el gobierno brasileño se intensificaron durante la semana.

El jueves, la Embajada de EEUU en Brasil emitió una declaración atacando a Moraes como “el principal arquitecto de la censura y la persecución contra Bolsonaro” y amenazando a todo el poder judicial brasileño. Concluía:

Los aliados de Moraes en el poder judicial y en otros ámbitos están advertidos de no apoyar ni facilitar la conducta de Moraes. Estamos siguiendo la situación de cerca.

El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño (Itamaraty) convocó a un representante de la embajada al día siguiente, exigiendo aclaraciones por esta flagrante violación del derecho internacional y del principio de no intervención. Washington respondió redoblando la afrenta.

El sábado, el subsecretario de Estado Christopher Landau publicó un nuevo ataque contra Brasil en X, traducido al portugués y republicado por la embajada estadounidense. Señala:

… Lo que está ocurriendo ahora en Brasil subraya este punto: un único juez de la Corte Suprema ha usurpado el poder dictatorial al amenazar con arresto, encarcelamiento u otras penas a los líderes de los otros poderes, o a sus familias. Esta persona ha destruido la relación históricamente estrecha entre Brasil y los EE. UU…. Así que nos encontramos en un callejón sin salida donde el usurpador se envuelve en el Estado de derecho y los otros poderes insisten en que no tienen capacidad de actuar…

La afirmación, sin especificar, de que “los otros poderes” del gobierno “insisten en que no tienen capacidad de actuar” contra el poder judicial, además de ser una grotesca falsedad, tiene siniestras implicaciones. Remite a toda la historia de golpes de Estado auspiciados por el imperialismo estadounidense en América Latina, incluyendo el derrocamiento del gobierno democráticamente electo de Brasil en 1964 y la instalación de una dictadura militar asesina que permaneció en el poder durante dos décadas.

El gobierno de Lula se vio presionado a responder a estos ataques. A Poder360 declaró su “rechazo absoluto a la reiterada injerencia del gobierno estadounidense en los asuntos internos de Brasil” y afirmó que la publicación de Landau “configura un nuevo ataque frontal contra la soberanía brasileña y contra una democracia que recientemente derrotó un intento de golpe de Estado”.

La nueva serie de provocaciones y amenazas por parte de Washington llega tras la declaración de Trump de que Brasil representaba una “emergencia nacional” para los EE.UU., lo cual acompañó con la formalización de sus aranceles del 50 por ciento contra el país.

Como informó el World Socialist Web Site, en su momento el decreto de Trump del 28 de julio, en una grotesca inversión de los hechos, acusó al gobierno brasileño (y a Moraes en particular) de “perseguir políticamente a un ex presidente” y de “contribuir al colapso deliberado del Estado de derecho, … a la intimidación políticamente motivada… y a los abusos en materia de derechos humanos”.

Posteriormente, Moraes fue objeto de sanciones económicas y se le prohibió la entrada a EE.UU. en virtud de la Ley Magnitsky —una medida que Washington ahora amenaza con extender a los “aliados en el poder judicial y en otros ámbitos—”.

En el escenario político nacional, el arresto de Bolsonaro fue la señal para una nueva ofensiva de las fuerzas políticas fascistas asociadas al expresidente.

El martes, miembros del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro y de otros partidos ultraderechistas iniciaron una “obstrucción” del Congreso y del Senado. Obstruyendo físicamente las sesiones para impedir su realización, exigían la votación de lo que denominaron el “paquete de pacificación del país”, centrado en la amnistía para quienes participaron en el intento de golpe del 8 de enero y en el juicio político de Moraes.

Luego de dos días de bloqueo del parlamento, los fascistas anunciaron la suspensión de la acción, habiendo logrado concesiones considerables, incluyendo una promesa por parte de partidos del “Centrão” (un bloque sin afiliación directa ni al gobernante PT ni a Bolsonaro) de apoyar el proyecto de ley de amnistía del 8 de enero y medidas contra el poder judicial. Los partidos que articularon este acuerdo – el Partido Progresista (PP), União Brasil y el Partido Socialdemócrata (PSD) – constituyen la base y ocupan ministerios clave en el gobierno de Lula.

La continuidad política entre esta acción reciente y la propia conspiración golpista que culminó en la insurrección fascista en Brasilia hace dos años ha sido ampliamente reconocida. Entre otros, el líder del gobierno en el Congreso, Randolfe Rodrigues, del PT, la calificó no como una “obstrucción”, sino como “un nuevo 8 de enero”.

La estrecha coordinación entre la acción fascista en el parlamento brasileño y los ataques posteriores de Washington a través de su embajada es evidente.

El episodio también evoca declaraciones recientes del senador Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente, quien encabezó el movimiento de “obstrucción”. En una entrevista con Folha de São Paulo en junio, Flávio advirtió que una condena contra su padre provocaría reacciones “populares” e “internacionales” que “no están bajo nuestro control”. Por “pacificación del país”, los fascistas entienden que la única alternativa a un golpe violento es una rendición “pacífica”.

Los acontecimientos recientes evidencian no solo el desarrollo de la conspiración fascista en Brasil y sus profundos vínculos con la escalada del imperialismo estadounidense. También dejan al descubierto la total bancarrota de las perspectivas alentadas por el PT y sus colaboradores de la pseudoizquierda, quienes trabajan sistemáticamente para desarmar a la clase obrera brasileña frente a esta amenaza mortal.

El PT y la pseudoizquierda promovieron la farsa de que el fascismo podría ser contenido mediante un “frente amplio” con el agotado establecimiento burgués, mientras promovían sistemáticamente el fortalecimiento del aparato militar. Ahora están comprometidos con encerrar a los trabajadores y la juventud en una trampa nacionalista burguesa en respuesta a los ataques de Trump.

La clase obrera solo puede luchar contra la violencia imperialista y el fascismo estableciendo su independencia política frente a la burguesía y sus agentes, y emprendiendo una lucha revolucionaria contra el capitalismo y por el socialismo sobre bases internacionales.

(Artículo originalmente publicado en inglés el 11 de agosto de 2025)