Alentado por la ausencia de cualquier oposición significativa por parte del Partido Demócrata ante su toma militar-policial de Washington D.C., el presidente Donald Trump declaró el miércoles que pediría al Congreso otorgarle control “a largo plazo” de la fuerza policial en la capital estadounidense.

Agregó que esperaba que los gobiernos municipales dominados por los demócratas modificaran sus leyes penales. Esto podría incluir la eliminación de restricciones a la libertad bajo fianza con pago, juzgar a menores como adultos, y autorizar a la policía un papel más agresivo contra personas sospechosas de delitos. La policía estadounidense ya asesina a más de 1.000 civiles al año, mucho más que cualquier otro país capitalista avanzado.

Trump hizo estos comentarios al final de una visita al Kennedy Center for the Performing Arts, donde anunció que asumiría el control total del programa de premios de otoño del centro, incluyendo la selección de las personas homenajeadas y actuando como “anfitrión” de la ceremonia televisada.

“Vamos a necesitar una ley contra el crimen que vamos a presentar, y se aplicará inicialmente a D.C.”, dijo. “Vamos a usarla como un ejemplo muy positivo, y vamos a pedir extensiones, extensiones a largo plazo, porque 30 días no sirven”.

Se refería al límite de 30 días que establece la Ley de Autonomía de 1973 para el control presidencial de la policía de D.C. Una extensión a largo plazo requeriría legislación, que podría ser bloqueada en el Senado por los demócratas. No obstante, Trump pareció confiar en una capitulación total de los demócratas, ya que dijo que presentaría el proyecto de ley “muy rápidamente”.

Trump luego añadió de forma ominosa que existían otras opciones, afirmando: “Si es una emergencia nacional, podemos hacerlo sin el Congreso”. Continuó: “No quiero declarar una emergencia nacional”, para luego agregar: “Si tengo que hacerlo, lo haré”.

No aclaró si se refería a la Ley de Insurrección de 1807, que Trump amenazó con invocar en 2020 contra las protestas masivas tras el asesinato policial de George Floyd, y que fue discutida durante las primeras semanas de su segundo mandato en relación con las protestas contra redadas migratorias federales.

El despliegue real de fuerzas policiales y militares en el Distrito de Columbia ha venido aumentando desde el anuncio de Trump el lunes por la mañana. Funcionarios afirmaron que más de 1.450 agentes de policía del Distrito y federales participaron en patrullajes el martes, con solo 30 miembros de la Guardia Nacional desplegados de los 800 convocados. Esto fue casi el doble de los 850 policías enviados el lunes tras el anuncio de la toma federal.

La Casa Blanca afirmó que 19 equipos de agentes federales, incluyendo del Departamento de Seguridad Nacional y el FBI, han sido desplegados en el Distrito para “promover la seguridad pública y arrestar a delincuentes violentos”. Los agentes federales están armados, mientras que los miembros de la Guardia Nacional no lo estarán inicialmente, ya que sus tareas serán “proteger bienes federales, proporcionar un ambiente seguro para que los oficiales de policía realicen arrestos, y disuadir el crimen violento mediante una visible presencia policial”.

El pretexto de una “ola de criminalidad” en Washington D.C. es una burda mentira, elaborada por la Casa Blanca para justificar poner efectivamente a la capital estadounidense bajo control militar-policial. La fiscal general Pam Bondi está al frente del aparato policial, con un subordinado, el director de la Agencia Antidrogas Terry Cole, actuando como comandante operativo diario. El secretario del Ejército Daniel Driscoll dirigirá las operaciones de la Guardia Nacional.

Según un funcionario de la Casa Blanca que habló con la prensa, la Guardia Nacional tendrá una presencia mucho mayor en las calles la noche del miércoles y las operaciones se llevarán a cabo las 24 horas del día, en lugar de enfocarse solo en la presencia nocturna como durante los primeros dos días.

La decisión de Trump de invocar una disposición de la Ley de Autonomía que le permite tomar control temporal de la policía de Washington ha puesto a prueba a todo el sistema político estadounidense—el Congreso, los tribunales y los medios de comunicación. Sin excepción, no ha habido resistencia alguna a esta afirmación cuasi golpista de autoridad presidencial, con la excepción de algunas críticas retóricas sobre el carácter autoritario de la acción.

La alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, del Partido Demócrata, calificó la acción de Trump como “perturbadora y sin precedentes”, y luego la describió como “autoritaria”, pero se reunió con la fiscal general Bondi y reconoció que el gobierno federal ahora controlaba a la policía de D.C. Bowser calificó la reunión del martes como “productiva” y prometió que la ciudad trabajaría con la administración Trump para “hacer que Washington, D.C. sea segura otra vez”.

Varios congresistas demócratas del área de Washington criticaron la toma como innecesaria, dado que no existe ninguna “ola de crímenes” real, pero ninguno sugirió que Trump estuviera dando el siguiente paso de un plan bien elaborado para establecer una dictadura presidencial.

La respuesta mediática ha sido igualmente apagada, con la crisis en el Distrito minimizada en los reportajes del miércoles en los principales periódicos y cadenas televisivas. El New York Times, principal órgano mediático alineado con el Partido Demócrata, ni siquiera publicó un editorial al respecto de la toma de control de la capital por parte de Trump, mientras que el Washington Post la criticó solo desde el punto de vista de que no sería suficiente para detener el crimen.

Las acciones de Trump en el Distrito, ya sea que terminen en 30 días o continúen de forma indefinida, sientan un peligroso precedente. Ya ha amenazado con medidas similares en ciudades como Chicago y Nueva York. También está poniendo a prueba el aparato represivo necesario para una toma directa del poder dictatorial o para reprimir una resistencia masiva en ciudades importantes contra sus redadas migratorias u otras provocaciones.

En ese sentido, es revelador el testimonio presentado en un tribunal de distrito federal en California. El caso trata de la impugnación del estado de California contra la orden de Trump de federalizar la Guardia Nacional y desplegar 4.000 miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles para apoyar violentas redadas migratorias.

En su testimonio el martes, el mayor general Scott Sherman, quien comandaba las tropas de la Guardia Nacional, reveló que fue reprendido por un alto funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza cuando cuestionó el operativo conjunto federal-estatal para barrer el parque MacArthur, situado en un barrio de población inmigrante en Los Ángeles. Tras objetar el envío de vehículos militares fuertemente blindados al parque, el funcionario de CBP, Gregory Covino, cuestionó su “lealtad” a Estados Unidos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 13 de agosto de 2025)