El 11 de agosto, el trabajador agrícola rumano Gheorghe Vranciu, de 61 años, se desmayó y murió mientras cosechaba fruta en un huerto en Alcarràs, Cataluña. Vranciu murió en medio de una de las olas de calor más feroces de España en años, con temperaturas que superaron los 40 ° C (104 ° F) y alcanzaron una máxima de 43,8 ° C (111 ° F). Su muerte, atribuida oficialmente a una 'insuficiencia cardiorrespiratoria aguda', expone las brutales condiciones de trabajo que enfrentan los trabajadores agrícolas, muchos de ellos migrantes, a medida que aumentan las olas de calor debido al cambio climático.

Las circunstancias que rodearon su muerte son condenatorias. Varias empresas de la zona ya habían suspendido la actividad ese día, tras los llamamientos de los servicios de prevención de riesgos laborales a los empresarios para que paralizaran las labores debido al calor extremo. La normativa laboral española obliga a las empresas a suspender o adaptar el trabajo al aire libre cada vez que Meteocat, el Servicio Meteorológico de Cataluña o Aemet, emitan una alerta naranja o roja, a menos que los empresarios puedan reorganizar las operaciones y eliminar los riesgos de calor.

Sin embargo, Vranciu se mantuvo en los campos. Alrededor del mediodía, informó que se sentía mal y le pidió a su supervisor que lo llevara a casa. En cambio, le dijeron que descansara debajo de un árbol. Durante casi tres horas, permaneció tumbado sufriendo bajo un calor abrasador. Los servicios de emergencia no fueron contactados hasta las 16:00. Para cuando llegaron los paramédicos, ya no había posibilidad de salvarlo. Gheorghe Vranciu murió bajo un árbol, solo. Su muerte no es un accidente, sino un crimen social.

El resto de la cuadrilla se vio obligada a continuar hasta las 5:30 p.m., un horario que la compañía nunca permite que se acorte. 'Si dices algo, te despedirán', dijo un trabajador a El Periódico. Los colegas de Vranciu describieron la brutalidad rutinaria al mismo periódico: de lunes a viernes, trabajaban desde las siete de la mañana hasta la una de la tarde, tomaban un descanso de media hora y luego reanudaban hasta las cinco y media de la tarde, diez horas al día, más seis horas el sábado. En total, 56 horas semanales (el límite legal en España es de 40), realizadas bajo un calor abrasador.

Su hijo, Ovidiu Vranciu, le dijo a eldiario.es: 'les han dicho que tenían que estar también hasta las 17 horas y que quien no quisiera, que no volviera mañana'.

Vranciu estaba empleado a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) en una finca propiedad de Agroalimentaria El Pla S.L., gestionada por Ignasi Argilés Figuerola, uno de los empresarios más ricos de Cataluña, con una fortuna de 150 millones de euros y cargos directivos en el poderoso Grupo Nufri. La compañía negó cínicamente su responsabilidad.

El pasado jueves, 100 personas, entre ellas varios temporeros, se concentraron en Lleida para denunciar la muerte. Bajo el lema 'Basta de abusos en los campos', los manifestantes calificaron la muerte como un asesinato y denunciaron un sistema que 'antepone las ganancias a la vida de las personas'. Los familiares de Vranciu exigieron justicia: 'No se puede dejar que un hombre muera solo bajo un árbol'.

El establishment político y las burocracias sindicales se apresuraron a proteger a la agroindustria. El alcalde de Alcarràs, Jordi Castany, de Esquerra Republicana Catalana (ERC), elogió cínicamente los 'esfuerzos de las empresas agrícolas de la localidad', alegando que proporcionaron jornadas de trabajo que empezaban temprano y agua.

La Unió de Pagesos, que dice representar a los trabajadores temporeros pero también defiende los intereses de los agricultores, celebró una conferencia de prensa para denunciar la 'estigmatización de los agricultores' tras la muerte de Vranciu. Insistieron en que 'la mayoría de los agricultores cumplen la normativa vigente de prevención de riesgos laborales'.

La socialdemócrata Unión General de Trabajadores (UGT), vinculada al Partido Socialista (PSOE), actualmente en el poder, solo exigió a 'la administración que intensifique las inspecciones de trabajo estos días, cuando las altas temperaturas suponen un grave riesgo para la salud de las personas trabajadoras' y que “si es necesario, se deben detener las actividades al aire libre ante el riesgo térmico extremo'. Comisiones Obreras (CCOO), sindicato alineado con los partidos pseudoizquierdistas Sumar y Podemos, declaró: alguien tendrá que dar explicaciones de cómo se puede llegar a justificar que una persona esté trabajando por encima de los 40 grados de temperatura', y agregó que las mejoras de seguridad 'aún están lejos de llegar a todos los trabajadores'.

Los dirigentes sindicales podrían haber pedido a los delegados sindicales locales que invocaran el artículo 21.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para detener el trabajo sin penalización durante las olas de calor. Esta ley establece que cuando 'el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en situaciones de riesgo grave e inminente, los representantes de los trabajadores podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados'. Sin embargo, al igual que durante las devastadoras inundaciones en Valencia el año pasado, que se cobraron 224 vidas, incluidos trabajadores obligados a seguir trabajando en medio de las riadas, los sindicatos se negaron a tomar cualquier medida.

UGT y CCOO son los principales guardianes de la 'paz social' con la patronal y el Estado capitalista. Durante décadas han colaborado con la agroindustria para imponer horarios más largos, contratos precarios y congelación de salarios, mientras hacen la vista gorda ante la explotación de migrantes indocumentados a los que se les niegan salarios legales y condiciones básicas. Ni una sola vez han convocado una huelga para defender a los trabajadores del calor extremo.

Trabajan para canalizar la indignación en llamamientos inofensivos a la patronal, al gobierno catalán, al gobierno del Partido Socialista (PSOE) y Sumar que imponen estas brutales condiciones a los trabajadores. Obtienen cientos de millones de euros en salarios y privilegios gracias a su integración en el Estado capitalista. Sus llamamientos a más ‘inspecciones’ son una cortina de humo: saben perfectamente que la aplicación de la ley es esporádica y las sanciones, en caso de llegar a imponerse, insignificantes.”

El Gobierno PSOE-Sumar, al igual que su predecesor PSOE-Podemos, ha supervisado años de recortes en la inspección de trabajo e impuso reformas laborales que intensificaron la explotación, particularmente en el sector agrícola que genera decenas de miles de millones de euros en ganancias operativas anualmente. Al mismo tiempo, ha inundado a las corporaciones con miles de millones en subsidios y fondos de recuperación de la UE, mientras desvía miles de millones más en gastos militares récord para prepararse para la guerra imperialista en el extranjero.

La muerte de Vranciu es parte de un creciente número de muertes prevenibles por calor relacionadas con el trabajo. Es el segundo caso confirmado este verano en Cataluña, después de la muerte relacionada con el calor en junio de una barrendera de Barcelona. Las estadísticas oficiales del trabajo subestiman sistemáticamente estas muertes, tratándolas como eventos cardíacos o accidentes. En 2024, el Ministerio de Trabajo de España registró cero muertes relacionadas con el calor. Sin embargo, el sistema de monitorización de la mortalidad del Ministerio de Salud estimó 2.012 muertes ese verano debido a las altas temperaturas; otro sistema estimó más de 4,000 solo en junio.

Este subregistro es un fenómeno europeo. En 2023, solo 21 de los 27 estados de la UE informaron estadísticas sobre muertes relacionadas con el trabajo por temperaturas extremas. La mayoría afirmó que no había ninguno. Grecia no ha reportado un solo caso desde 2008, aunque las temperaturas de verano superan regularmente los 40 ° C. Francia, que tuvo uno de sus veranos más calurosos registrados en 2022, ha reconocido solo una muerte en el puesto de trabajo por calor en 15 años.

Esto expone la negativa desde hace mucho tiempo de la burguesía europea a reconocer el calor como un peligro en el lugar de trabajo. La Organización Meteorológica Mundial de la ONU estima que 489.000 personas murieron cada año por causas relacionadas con el calor entre 2000 y 2019. Europa representó el 36 por ciento de estas muertes.

La lucha para prevenir tales muertes no puede dejarse en manos de los empresarios, los gobiernos o los sindicatos. Son bien conocidas las medidas para salvar vidas, como la suspensión del trabajo durante las horas más calurosas, los descansos obligatorios a la sombra, el acceso gratuito al agua, la atención médica in situ, la abolición de la subcontratación a través de agencias temporales y la inversión en tecnología de protección. En Japón, por ejemplo, algunos trabajadores ya usan Cuchafu Fuku, chaquetas de alta tecnología con aire acondicionado incorporado. La seguridad de los trabajadores es técnicamente factible, pero se retiene deliberadamente.

(Artículo pubicado originalmente en inglés el 20 de agosto de 2025)