La administración de Trump está utilizando el cierre del gobierno no solo para despedir a cientos de miles de trabajadores federales y cerrar departamentos enteros, sino también para acelerar sus planes de desmantelar programas de derechos conquistados hace décadas, como el Seguro Social y Medicare.

Según un artículo publicado el domingo por el Washington Post, la administración Trump planea dificultar aún más que trabajadores mayores califiquen para los pagos por discapacidad del Seguro Social, los cuales actualmente proporcionan cheques de subsistencia mensuales a 15 millones de personas en EE. UU. El Post informa que esto “forma parte de una reestructuración de la red de seguridad federal para personas pobres, mayores y discapacitadas que podría resultar en que cientos de miles pierdan sus beneficios, según personas familiarizadas con los planes”.

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) utiliza actualmente la edad, experiencia laboral y nivel educativo para determinar si una persona puede realizar otro tipo de trabajo antes de aprobar los pagos por discapacidad. Si un solicitante tiene más de 50 años, tiene más probabilidades de calificar para los beneficios, aunque solo el 42 por ciento de los solicitantes son finalmente considerados elegibles bajo el extenuante proceso de solicitud de la SSA, que puede durar años. Incluso esta proporción se considera demasiado alta para la oligarquía financiera y empresarial, que considera desechables a los trabajadores mayores y discapacitados que ya no generan ganancias.

Según el Post, “los funcionarios están considerando eliminar completamente la edad como factor o elevar el umbral a los 60 años”, además de “modernizar” los datos del mercado laboral utilizados para juzgar si los solicitantes pueden trabajar, reemplazando una base de datos de empleos obsoleta. Cabe destacar que el Post admite que el plan de la administración para eliminar “ocupaciones obsoletas” en esa base de datos siguió a una investigación de 2022 realizada por el mismo periódico, propiedad de Jeff Bezos, que afirmaba que miles de solicitantes estaban calificando para beneficios según trabajos que ya no existen.

El programa de discapacidad, con un costo anual de 11.000 millones de dólares, está separado del sistema de jubilación del Seguro Social. Sin embargo, endurecer los criterios de elegibilidad forma parte de una campaña de largo plazo para reducir todos los pagos del Seguro Social y eventualmente privatizar lo que alguna vez se consideró la “línea intocable de la política estadounidense”. A principios de este año, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, describió la creación de cuentas individuales de inversión —las llamadas “Cuentas Trump”— como una “puerta trasera para privatizar el Seguro Social”.

Los cheques mensuales por discapacidad apenas mantienen a los beneficiarios fuera de la pobreza extrema. Según datos estatales de la SSA, las denegaciones han aumentado un 3 por ciento en el actual año fiscal. Los dos programas afectados son el Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI), que paga un promedio de 1.538 dólares al mes a trabajadores lesionados o discapacitados antes de la edad de jubilación, y la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), que proporciona alrededor de 800 dólares al mes a personas mayores y discapacitadas de bajos ingresos sin historial laboral.

En un documento citado por el Post, Jack Smalligan, investigador senior del Instituto Urbano y exfuncionario de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB por sus siglas en inglés), escribió que si la propuesta reduce la elegibilidad en un 10 por ciento, 750.000 personas menos recibirían beneficios durante la próxima década, y 80.000 viudas y niños perderían ayuda económica vinculada a un cónyuge o padre.

Si la norma elimina la edad como factor, más trabajadores mayores con discapacidad se verán obligados a solicitar beneficios de jubilación anticipada, reduciendo de forma permanente sus ingresos mensuales. Aquellos que se jubilan a los 62 años en lugar de esperar hasta la edad plena de jubilación de 66 años y 10 meses reciben un 30 por ciento menos en beneficios por el resto de sus vidas.

Al mismo tiempo, informa el Post, “la SSA está trabajando en planes para rescindir una norma de la era Biden que amplió la elegibilidad para el SSI a beneficiarios que viven con parientes o compañeros de vivienda que reciben ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria u otras ayudas públicas”. Restaurar estándares más estrictos podría reducir los pagos para aproximadamente 400.000 estadounidenses, recortando algunos beneficios en un tercio o más.

Tales recortes tendrán consecuencias mortales. Un estudio revisado por pares de 2022 realizado por Alexander Gelber, Timothy Moore, Zhuan Pei y Alexander Strand para la Oficina Nacional de Investigación Económica encontró que los beneficios en efectivo por discapacidad reducen la mortalidad, produciendo aumentos medibles en la esperanza de vida, particularmente entre los beneficiarios de menores ingresos. Esto es especialmente cierto para el SSI, que en la mayoría de los estados otorga elegibilidad inmediata para Medicaid, proporcionando acceso crucial a la atención médica. Por el contrario, la mayoría de los beneficiarios del SSDI deben esperar 24 meses para recibir Medicare, y la mortalidad es notablemente más alta durante este periodo de espera que después del inicio de la cobertura.

La Ley del Seguro Social de 1935, que estableció el primer sistema federal de beneficios para la vejez, fue una reforma central del New Deal de Franklin D. Roosevelt. Se promulgó en medio de levantamientos semiinsurreccionales de la clase trabajadora —huelgas generales en San Francisco, Toledo y Minneapolis, y las huelgas de brazos caídos que estallaron pronto en Flint y otros centros industriales. Ante un movimiento potencialmente revolucionario, Roosevelt impulsó reformas para preservar el dominio capitalista, y luego confesó a sus asesores que había “salvado al capitalismo de los capitalistas”.

Ambos programas por discapacidad fueron extensiones posteriores de esa ley, establecidos bajo administraciones republicanas, en contextos de crecientes luchas de lo que una vez fue el movimiento obrero y de derechos civiles. El Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI) fue creado en 1956 bajo la presidencia de Dwight Eisenhower, inicialmente para trabajadores de 50 a 64 años que estuvieran permanentemente discapacitados y hubiesen acumulado suficientes créditos laborales. La Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) fue establecida en 1972, como parte de las Enmiendas al Seguro Social bajo la administración de Nixon, para proporcionar un ingreso garantizado mínimo a personas mayores, ciegas o discapacitadas de bajos ingresos, independientemente de su historial laboral. A lo largo de las décadas, “reformas” periódicas de ambos partidos —revisiones médicas, normas de “trabajo de prueba” y congelación de beneficios— han erosionado constantemente estas protecciones.

El último ataque está siendo dirigido por Russell Vought, actual director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) y uno de los arquitectos principales del Proyecto 2025 de la Heritage Foundation. Durante el primer mandato de Trump, Vought impulsó recortes profundos a las listas de beneficiarios por discapacidad. Utilizando el cierre del gobierno y la colaboración de los demócratas, Vought está ejecutando el programa de la extrema derecha. A pesar de las repetidas negaciones de Trump de que planea atacar el Seguro Social y Medicare, ambos programas son blancos principales en la campaña de contrarrevolución social de su administración.

El despliegue de tropas federales y policías militarizados en Portland, Chicago, Los Ángeles, Washington D.C. y otras ciudades forma parte de la misma estrategia: reprimir las inevitables luchas masivas de la clase trabajadora contra la destrucción de sus derechos sociales y democráticos.

El primer requisito para defender estos derechos es una ruptura completa con el Partido Demócrata y la burocracia sindical, que sirven a la misma oligarquía financiera que Trump. Los demócratas, aterrorizados ante un movimiento independiente desde abajo, buscan un compromiso para reabrir el gobierno y restaurar la “estabilidad” en Wall Street, mientras los sindicatos controlan a la clase trabajadora e impiden cualquier acción huelguística.

Lo que se requiere es la formación de nuevas organizaciones democráticas de lucha: comités de base de trabajadores en cada fábrica, oficina y dependencia federal, para coordinar la oposición en todas las industrias y movilizar el inmenso poder social de la clase trabajadora. A través de estos comités, los trabajadores pueden luchar para defender empleos, pensiones y programas sociales, y preparar una huelga política general para expulsar a Trump y su camarilla fascista del poder.

Los trabajadores federales ya están sacando conclusiones. Un contratista dijo al World Socialist Web Site: “Nos llaman trabajadores gubernamentales flojos, dicen que no trabajamos. Pero quieren deshacerse de la mayoría de nosotros, dejar solo una mínima capa de trabajadores. Estamos retrocediendo en el tiempo—antes del siglo XX, cuando había trabajo infantil y esclavitud y la gente solo vivía hasta los 45 años”.

Otro trabajador empleado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo: “Este cierre lo sentimos todos. Los sindicatos no están haciendo nada. Esto ya es bastante extremo, y ni siquiera estamos recibiendo correos diarios de ellos. En 1933, cuando Hitler llegaba al poder, uno querría cerrar su gobierno. Pero hoy los sindicatos federales están librando la lucha más impotente de la historia—no quieren hacer huelga. Nos dicen que esperemos a los tribunales, pero la administración ignora la ley. La defensa de estos programas solo vendrá de la clase trabajadora”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de octubre de 2025)