El carácter consecutivo de estas acciones marca la ola más significativa de oposición obrera y popular en Italia en décadas—una señal inequívoca de la creciente resistencia a la guerra imperialista, al genocidio en Gaza y a las políticas fascistoides del gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni.

El detonante inmediato de esta oleada de huelgas fue la violenta interceptación por parte de la armada israelí de la Flotilla Global Sumud, un convoy con ayuda humanitaria y activistas internacionales que intentaban romper el bloqueo de Gaza. Entre los detenidos había cuatro políticos italianos de oposición—de la Alianza Verde y de Izquierda (AVS) y del Movimiento 5 Estrellas—cuya detención prolongada ha provocado una indignación generalizada en todo el país.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, se jactó de que los miembros de la flotilla serían “tratados como terroristas”, declaración que ejemplifica la barbarie del régimen de Netanyahu y sus patrocinadores imperialistas.

En respuesta, trabajadores portuarios de Génova, Livorno, Ancona y otros puertos tomaron acción directa, negándose a cargar o descargar buques con destino a Israel que transportaban armas. Su valiente postura desató una oleada de solidaridad que obligó a las principales federaciones sindicales de Italia, CGIL y USB, a convocar la huelga general del 3 de octubre, pese a sus intentos previos de evitar el enfrentamiento. Fue una acción forzada desde abajo por la presión de las bases, que revela un poderoso auge del sentimiento antibélico en la clase trabajadora.

La huelga del viernes paralizó amplias secciones de la actividad económica y social. Según cifras sindicales, más de dos millones de trabajadores y jóvenes participaron en más de 100 ciudades. El transporte público en Milán, Roma y Nápoles se detuvo casi por completo. Se cancelaron vuelos en Bari, se clausuraron escuelas y universidades en todo el país, y los hospitales funcionaron con personal mínimo.

En Roma, 300.000 personas marcharon desde la Piazza Vittorio hasta Porta Maggiore, portando pancartas que exigían “Libertad para Gaza” y “Alto a la complicidad de Italia con el genocidio”. En Bolonia, 100.000 bloquearon la autopista A14 y la circunvalación de la ciudad antes de ser atacados por la policía con gases lacrimógenos, que arrestó a dos personas. En Génova, 40.000 participaron en manifestaciones que recordaron las huelgas portuarias combativas de las décadas de 1960 y 1970. Turín, Palermo y ciudades de toda Calabria también registraron decenas de miles de manifestantes.

Incluso presos en la prisión Dozza de Bolonia se sumaron simbólicamente a la huelga, renunciando a sus salarios y privilegios por un día, una expresión conmovedora del alcance del movimiento en todas las capas de la sociedad.

La masiva protesta del sábado en Roma—con más de un millón de personas nuevamente en el centro histórico de la capital—confirmó que el movimiento se expande y profundiza.

La erupción de oposición social y política ha sacudido al gobierno de Meloni. Tras la fachada de “estabilidad” y una base electoral del 30 por ciento, se oculta un profundo descontento social. La huelga general y las continuas manifestaciones han puesto al descubierto que el gobierno de Meloni, como el de Trump en Estados Unidos y los de otras potencias imperialistas, es profundamente impopular y se sostiene sobre una base social estrecha.

El ministro de Transporte, Matteo Salvini, respondió a la huelga con amenazas de represión, advirtiendo que “si prevalece la violencia, el Estado reaccionará” y prometiendo que los organizadores “pagarán personalmente”. Meloni, por su parte, ninguneó la huelga, diciendo que era “un fin de semana largo disfrazado de revolución”, dejando al descubierto su desprecio hacia los derechos democráticos y la inquietud del gobierno ante la oposición masiva.

Estas reacciones ponen en evidencia una profunda crisis de legitimidad. La élite gobernante teme que la rabia desatada por Gaza y la crisis del costo de vida se fusione en un movimiento más amplio que desafíe el orden capitalista en su conjunto. La magnitud de la represión policial—en Bolonia, Milán y Salerno, donde se utilizaron cañones de agua y gases lacrimógenos—demuestra la disposición del Estado a recurrir a la violencia.

La llamada “ley Gandhi” de Meloni, aprobada a principios de este año bajo el pretexto de la “no violencia”, restringe drásticamente el derecho a la protesta al criminalizar las manifestaciones espontáneas y otorgar amplios poderes a la policía para dispersar concentraciones. Esto, sumado a la Comisión del Derecho a la Huelga, que declara arbitrariamente las acciones sindicales como “ilegítimas”, ha despojado a los trabajadores de derechos democráticos básicos.

Aunque la huelga general expresó el espíritu combativo de los trabajadores, su organización y desarrollo fueron deliberadamente limitados por la burocracia sindical y sus aliados estalinistas y pseudoizquierdistas. Mientras el gobierno se prepara para la guerra, declarando ilegales las huelgas y protestas, los sindicatos no están movilizando a la clase obrera para derrocar a Meloni, sino que suplican por el “derecho” a realizar una simple protesta. El dirigente de la CGIL, Maurizio Landini, invocó la Ley 146 de 1990, alegando que la huelga se justificaba como “medida excepcional para proteger la salud y la seguridad públicas”.

Los partidos pseudoizquierdistas y los políticos de oposición—Elly Schlein del Partido Democrático (PD), Nicola Fratoianni de AVS y Giuseppe Conte del M5S—buscaron posar como defensores de la democracia y la paz. Sin embargo, estas mismas fuerzas comparten responsabilidad política por la participación de Italia en las guerras de la OTAN y por el deterioro de los derechos sociales y democráticos. El Jobs Act del PD destruyó protecciones laborales, mientras que el M5S avaló decretos antiinmigrantes y presupuestos de austeridad cuando estuvo en el poder.

La huelga en Italia forma parte de un resurgimiento mundial de la lucha de clases. En los días posteriores al ataque contra la flotilla, estallaron protestas en Londres, París, Madrid, Atenas, Ámsterdam, Nueva York y en todo el Medio Oriente y Asia. Millones de personas en todo el mundo exigieron el fin del asedio israelí a Gaza y la libertad de los activistas detenidos. A nivel internacional, la oposición a la desigualdad, el militarismo y el genocidio converge con la indignación ante el colapso del nivel de vida y el gobierno autoritario.

Las huelgas y protestas del 3 y 4 de octubre demuestran que la clase trabajadora emerge como la fuerza social decisiva contra la guerra y la reacción. Sea cual sea la maniobra de los sindicatos, una huelga general con millones de participantes contra el genocidio en Gaza representa un punto de inflexión histórico. Confirma el análisis promovido por el Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI): que la lucha contra la guerra imperialista debe librarse mediante la movilización independiente de la clase trabajadora sobre la base de un programa socialista.

La tarea ahora es dotar al movimiento de una dirección consciente. La clase obrera italiana y europea debe sacar las lecciones de la traición de los sindicatos y de los partidos pseudoizquierdistas, y tomar la lucha en sus propias manos. Esto requiere la construcción de comités de base en cada lugar de trabajo, puerto, escuela y barrio—para coordinar las acciones, enlazarse a nivel internacional y desarrollar una ofensiva política unificada contra la guerra, la austeridad y la dictadura, y por los Estados Unidos Socialistas de Europa.

El mismo sistema capitalista que financia el genocidio de Israel y las guerras de la OTAN impone pobreza y represión en el país. Para acabar con la guerra, los trabajadores deben tomar el poder en sus propias manos, expropiar a los bancos y las corporaciones, y reorganizar la sociedad sobre la base de las necesidades sociales, no del lucro privado.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de octubre de 2025)