Durante el fin de semana, el Gobierno de Trump intensificó su guerra contra el pueblo estadounidense, lanzando operaciones militares coordinadas en Portland y Chicago.

En Portland, Trump ordenó una invasión extraordinaria e inconstitucional de la mayor ciudad de Oregón, enviando a cientos de tropas de la Guardia Nacional de California que previamente habían sido federalizadas para su despliegue en Los Ángeles.

Más de 100 soldados californianos llegaron a Portland el sábado por la noche y el resto estaban en ruta el domingo. Los gobernadores demócratas de ambos estados, Tina Kotek de Oregón y Gavin Newsom de California, se han opuesto a la decisión de Trump.

Newsom, en una publicación en las redes sociales el domingo por la noche, declaró que el envío de la Guardia Nacional de California a Portland era un “abuso impresionante de la ley y el poder por parte del presidente de los Estados Unidos. Estados Unidos está al borde de la ley marcial”.

La gobernadora Kotek se había opuesto al despliegue de tropas de la Guardia Nacional de Oregón mediante una demanda en el tribunal federal de distrito en Portland. La jueza Karin Immergut, nombrada por Trump durante su primer mandato, dictó una orden de 31 páginas que prohibía la acción, dictaminando que el estado de Oregón tenía derechos soberanos en virtud de la Décima Enmienda a la Constitución.

En un lenguaje notablemente mordaz, la jueza escribió que el intento de Trump de federalizar la Guardia Nacional de Oregón con la afirmación de que Portland estaba sitiada por terroristas izquierdistas de Antifa “simplemente no era consistente con los hechos”. Añadió: “Este país tiene una larga tradición fundamental de resistencia a la extralimitación del Gobierno, especialmente en forma de una intrusión militar en los asuntos civiles. Esta tradición histórica se reduce a una simple proposición: esta es una nación de derecho constitucional, no de ley marcial”.

El domingo por la noche, Immergut emitió una orden contra las tropas de California u otras partes llevadas a Portland, calificándolo de “contravención directa” a su decisión anterior.

Una invasión paralela está teniendo lugar en Chicago. El domingo por la noche, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, con el apoyo del gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó la movilización de 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas para su despliegue en Illinois, así como en “Oregón y otros lugares de los Estados Unidos”. Trump ya ha federalizado a 300 soldados de la Guardia Nacional de Illinois, aparentemente para proteger el centro de detención de ICE en el suburbio de Broadview, a las afueras de la ciudad.

El sábado por la mañana, agentes de ICE abrieron fuego contra manifestantes que, según afirma, buscaban bloquear el acceso a las instalaciones de Broadview con sus automóviles, hiriendo a una mujer, una ciudadana estadounidense, que luego fue arrestada por el FBI. Como con cada declaración de Trump, Miller, ICE y Noem, esta versión del incidente en Chicago es, sin duda, una sarta de mentiras. El DHS afirmó que la mujer tenía un arma de fuego, aunque los cargos penales presentados por el Gobierno no hicieron tal afirmación.

La Casa Blanca habla el lenguaje de la guerra civil. El asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, uno de los principales arquitectos del programa fascista de la Administración, respondió al fallo de Immergut declarándolo una “insurrección legal”. Agregó: “El presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no una jueza de Oregón”. Siguiendo el principio nazi de la “Gran Mentira”, Miller escribió: “Las fuerzas del orden de Portland y Oregón, bajo la dirección de los líderes locales, se han negado a ayudar a los oficiales de ICE que enfrentan implacables ataques terroristas y amenazas de vida”.

En una publicación separada, Miller declaró: “Hay un gran y creciente movimiento de terrorismo de izquierda en este país, protegido por jueces, fiscales y procuradores generales demócratas de extrema izquierda. El único remedio es usar el poder estatal legítimo”. Esta es una amenaza abierta de que Trump podría invocar la Ley de Insurrecciones de 1807 y enviar tropas federales contra Portland y otras ciudades de todo el país.

Hay discusiones activas dentro de la Administración de Trump sobre el despliegue de militares en servicio activo. El Minnesota Star-Tribune informó sobre mensajes filtrados entre Anthony Salisbury, un importante asesor de Miller, y Patrick Weaver, un asesor del “secretario de Guerra” Pete Hegseth, sobre los planes para desplegar a la 82ª División Aerotransportada en Portland. Según el periódico, Weaver dijo que Hegseth “quiere el respaldo superior del jefe si algo sale mal con las tropas allí”, es decir, si matan a personas.

Hay una desconexión asombrosa entre la escala del asalto y lo que está proponiendo el Partido Demócrata en respuesta. Newsom habla de la inminente ley marcial, mientras que Pritzker pronunció un discurso el viernes en el que acusó a Trump de “palabras traidoras” que conducen a “acciones traidoras”. Pero los demócratas no proponen ninguna acción.

El tema central que plantean estos hechos es la destitución de esta Administración criminal. Pero ni un solo demócrata prominente ha pedido la destitución de Trump y el vicepresidente JD Vance por su asalto a la Constitución y los derechos democráticos.

Las declaraciones de los principales demócratas tratan el cierre del gobierno en curso como si todo lo que estuviera involucrado fuera un conflicto rutinario sobre el presupuesto y no parte de un esfuerzo del presidente para establecer una dictadura militar-policial. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, declaró durante el fin de semana: “Es simple. Los republicanos pueden reabrir el Gobierno y hacer que la atención médica de las personas sea más asequible al mismo tiempo”. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, se hizo eco de él y declaró: “Los demócratas continúan defendiendo la atención médica para los estadounidenses ordinarios”.

El senador Bernie Sanders llegó a elogiar al conspirador golpista del 6 de enero Josh Hawley por pedir algunas extensiones de los créditos fiscales de Obamacare, tuiteando: “El senador republicano Josh Hawley tiene razón... Terminemos con el cierre y salvemos la atención médica para millones”. En un comunicado separado, Sanders dijo que el país enfrenta la mayor crisis desde la Guerra Civil. Hacer tal declaración y luego no proponer nada en respuesta, que es lo que hizo Sanders, es más que complacencia, es colaboración.

Es imperativo que la clase trabajadora intervenga en esta crisis extraordinaria a través de la lucha de masas, sobre la base de su propio programa.

Existe una enorme y creciente oposición a los pasos siendo tomados para imponer una dictadura fascistizante en los Estados Unidos. Las manifestaciones bajo el lema “Sin Reyes” están previstas para el 18 de octubre, con más de 2.100 acciones separadas programadas en ciudades y pueblos de todo el país. Las protestas anteriores de “Sin Reyes” el 14 de junio involucraron entre 5 y 11 millones de personas, según algunas medidas, las manifestaciones políticas más grandes en la historia de Estados Unidos.

Estas protestas expresan la profunda hostilidad de la clase trabajadora y la juventud hacia la dictadura y el gobierno oligárquico. Pero lo que falta, y lo que es más crítico, es una perspectiva política consciente.

En primer lugar, como escribió el Partido Socialista por la Igualdad en su declaración del 19 de septiembre, “es necesario dejar de lado cualquier autoengaño de que lo que se está desarrollando es algo menos que un impulso para establecer una dictadura presidencial, basada en el ejército, la policía, las fuerzas paramilitares y pandillas fascistas”.

La Administración de Trump está buscando una provocación y un pretexto para una gran escalada. Las operaciones en Portland y Chicago son parte de la declarada “guerra contra el enemigo interno” de la Administración de Trump. Vienen después de la asamblea de generales de Trump del 30 de septiembre en Quantico, donde le dijo al cuerpo de oficiales que las ciudades de Estados Unidos deben servir como “campos de entrenamiento” para la guerra doméstica.

Trump habla en nombre y representa a la oligarquía capitalista estadounidense. La clase dominante estadounidense ha entregado el poder a una mafia política que ve la dictadura como el único medio de preservar su riqueza y su sistema.

El cierre del Gobierno se está utilizando como un arma en esta contrarrevolución social, despidiendo a cientos de miles de trabajadores federales, destripando programas sociales y concentrando el poder en el ejecutivo. El Washington Post informó el viernes que la Administración está preparando el ataque más radical contra los beneficios por discapacidad del Seguro Social en la historia de los Estados Unidos, eliminando la edad como un factor calificativo y amenazando con cortar los pagos a unos 750.000 estadounidenses mayores y discapacitados. Combinadas con recortes a Medicaid y asistencia alimentaria, estas medidas equivalen al empobrecimiento deliberado de millones de personas.

Los demócratas representan los mismos intereses de Wall Street y de inteligencia militar que respaldan la guerra económica de Trump contra el mundo y su búsqueda de un conflicto militar abierto con Rusia y China y sus ataques contra la clase trabajadora en casa.

El Partido Socialista por la Igualdad pide el desarrollo de comités de base en cada lugar de trabajo, escuela y vecindario como base para una oposición coordinada y masiva. Estos comités deben unir a todos los sectores de la clase trabajadora (trabajadores de la industria, los servicios, el sector público, la salud, la logística, la educación y la tecnología, junto con estudiantes y jóvenes) en un solo movimiento contra la dictadura de Trump, la complicidad de los demócratas y el aparato sindical, y la oligarquía capitalista en su conjunto.

Estos comités deben vincular la lucha contra la represión y la dictadura con la defensa del empleo, los salarios y los derechos sociales, oponiéndose a los despidos, los recortes presupuestarios y todo ataque a los niveles de vida. En esta lucha, la clase obrera en los Estados Unidos debe recurrir a su arma más poderosa: su unidad internacional.

El Socialist Equality Party (SEP; Partido Socialista por la Igualdad) está encabezando la construcción de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB), que está coordinando las luchas de los trabajadores a través de las fronteras y las industrias como parte de un movimiento global. Hay muchas expresiones de creciente oposición en todo el mundo, incluidas las manifestaciones masivas en Europa contra el genocidio en curso en Gaza a medida que la masacre respaldada por Estados Unidos se acerca a su segundo año y la ola de protestas de jóvenes que se ha extendido por toda África.

La lucha contra la dictadura y el fascismo es inseparable de la lucha contra el capitalismo mismo. Para oponerse al impulso de Trump hacia un gobierno autoritario, los trabajadores y los jóvenes deben emprender la lucha por el socialismo, por la reorganización de la sociedad sobre la base de la necesidad humana, no del lucro privado. Instamos a todos aquellos que reconocen la gravedad de la situación actual a unirse al SEP.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de octubre de 2025)