El 20 de mayo de 2025, la Unión Europea (UE) dio un paso sin precedentes: por primera vez, ciudadanos alemanes y periodistas fueron objeto de sanciones generalizadas como parte del 17° paquete de sanciones de la UE contra Rusia. Entre los afectados se encuentra el periodista turco-kurdo residente en Berlín y ciudadano alemán Hüseyin Doğru, fundador de la plataforma mediática Red Media, así como los periodistas nacidos en Alemania Alina Lipp y Thomas Röper, quienes residen en Rusia.

Las sanciones contra Doğru incluyen el congelamiento de todas sus cuentas bancarias, una prohibición de viaje en toda la UE y una inhabilitación profesional de facto. Esto significa que Doğru tiene prohibido ejercer cualquier forma de empleo remunerado o trabajo autónomo, y nadie tiene permitido legalmente proporcionarle recursos económicos. En la práctica, incluso invitarlo a tomar un café constituiría un delito penal.

El WSWS ya informó sobre la prohibición de Red Media .

Según la justificación de la UE, los informes de Doğru sobre el movimiento de solidaridad con Palestina en Alemania “siembran la discordia étnica, política y religiosa” y, por tanto, contribuyen a “las actividades desestabilizadoras de Rusia”.

No sólo fue congelada la cuenta bancaria de Doğru, sino también la de su esposa embarazada, a pesar de que su nombre no figura en la lista de sanciones. Doğru solo puede acceder a una ayuda mínima de subsistencia tras semanas de aprobación por parte del Bundesbank (Banco Federal Alemán). Su libertad de movimiento ha sido restringida, y no puede ser contratado legalmente como periodista—por ejemplo, por junge Welt, que se interesó en emplearlo—ya que, según el Ministerio de Economía alemán, dicho contrato violaría la “prohibición de poner fondos a disposición” de la UE y constituiría un delito penal.

El 3 de septiembre de 2025, Doğru anunció en X que el Consejo de la UE había rechazado la apelación de sus abogados contra las sanciones. También publicó el “paquete de pruebas” utilizado para justificar las medidas, el cual consistía únicamente en algunos tuits de su cuenta personal de X y de Red Media.

El sitio web NachDenkSeiten confirmó mediante una fuente de la UE que dichos tuits eran, de hecho, la única “prueba” citada.

Las publicaciones están totalmente protegidas por la libertad de expresión. Uno de los tuits abordaba cómo la OTAN reclutó a antiguos oficiales de la Wehrmacht nazi, como Adolf Heusinger; otros dos criticaban la retórica militarista del canciller Friedrich Merz; otros comentaban el “desastre neoliberal” de la reunificación alemana, relataban manifestaciones propalestinas y marchas de extrema derecha en Alemania, y cubrían protestas contra pogromos racistas en Gran Bretaña.

Un tuit criticaba la indiferencia de periodistas del establishment, sindicatos y asociaciones de prensa ante su caso. Otros hacían referencia a una resolución del Bundestag (parlamento) que permitiría despojar de la ciudadanía a quienes critiquen a Israel y a comentarios racistas de un parlamentario alemán. También expresaba oposición a la guerra en Ucrania, la remilitarización de Alemania y las condiciones indignas que enfrentan los refugiados ucranianos. También se mencionaba la vigilancia de Red Media por parte de la agencia de inteligencia interior.

La decisión de la UE también realiza afirmaciones vagas y amplias, alegando que Doğru y Red Media tienen “vínculos financieros y organizativos estrechos con entidades y actores de la propaganda estatal rusa”, con “conexiones estructurales profundas” y “rotaciones de personal” con medios de comunicación estatales rusos.

Las “pruebas” de estas acusaciones consistían únicamente en tres artículos de prensa—del Tagesspiegel, el verde taz y el sionista Jerusalem Post (los dos últimos escritos por el mismo periodista). Ninguno de ellos aporta pruebas más allá de especulaciones e insinuaciones. El único hecho verificable es que Red Media asumió el canal de Telegram de Redfish, un medio anteriormente vinculado a Russia Today, y que algunos de sus trabajadores trabajaron previamente allí.

Sin embargo, durante una conferencia de prensa federal el 1 de octubre, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Christian Wagner, se refirió a Doğru como un “actor de desinformación” y negó explícitamente su condición de periodista, afirmando que actuaba “en nombre de supuestas agencias rusas”, una acusación que ni siquiera aparece en la decisión del propio Consejo de la UE.

La agresividad con la que las autoridades alemanas han aplicado y defendido estas sanciones contra un ciudadano y periodista alemán sugiere fuertemente que Berlín desempeñó un papel activo en su imposición.

La decisión del Consejo de la UE del 8 de octubre de 2024, que sirve de base a estas sanciones, define las “actividades de influencia rusa” de forma tan amplia que prácticamente cualquier expresión política crítica puede ser penalizada. Es suficiente “planear, dirigir, participar, apoyar o facilitar de cualquier otro modo el uso de manipulación e interferencia informativa coordinada” para enfrentar sanciones—uno de los ocho fundamentos posibles. La palabra “desinformación” solo aparece en el preámbulo, no en los artículos legales, y no existe una definición jurídica de “manipulación informativa coordinada”.

El Servicio Europeo de Acción Exterior define la “Manipulación e Interferencia Informativa Extranjera” (FIMI, por sus siglas en inglés) como un patrón de comportamiento usualmente no ilegal que “puede amenazar o afectar negativamente valores, procedimientos y procesos políticos”, llevado a cabo “intencionadamente y de manera coordinada por actores estatales o no estatales, incluidos sus proxies”.

En otras palabras, “un comportamiento no ilegal que simplemente contradice la política oficial del gobierno” basta para privar a alguien de su sustento, imponerle una prohibición absoluta de ejercer su profesión y de viajar, someterlo a vigilancia y estigmatizarlo públicamente.

El reglamento también se aplica a “actores no estatales y sus proxies”, incluso si solo apoyan o facilitan indirectamente tal comportamiento supuestamente “ilegal”. Estos son rasgos definitorios de un régimen estatal-policial que pisotea la libertad de expresión.

El caso de Hüseyin Doğru demuestra de forma clara cuán poco se necesita para convertirse en víctima de estas medidas: apenas un puñado de publicaciones críticas en redes sociales, el apoyo a protestas o vínculos débiles con países u organizaciones “hostiles”. Se trata de un precedente extremadamente peligroso para la represión de periodistas disidentes. La advertencia de Doğru de que los medios establecidos, sindicatos y asociaciones de prensa están ignorando—o incluso colaborando con—esta represión está completamente justificada.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de octubre de 2025)