El gobierno federal de Canadá, liderado por el exejecutivo de Goldman Sachs y exgobernador del Banco de Inglaterra Mark Carney, está impulsando dos proyectos de ley que contienen ataques generalizados a los derechos democráticos y a los inmigrantes. Elegido tras una oleada de repudio popular al espectáculo fascistoide de los tres primeros meses de mandato de Trump, Carney ha abandonado la postura cínica de oposición a Trump que adoptó frente a las cámaras durante la campaña electoral.

Reverenciando al aspirante a dictador fascista en el Despacho Oval, a principios de este mes Carney elogio a Trump como un “presidente transformador”. Una “transformación” similar de las relaciones sociales en Canadá está en marcha: del régimen democrático burgués hacia un Estado policial autoritario.

La primera legislación sustancial del gobierno de Carney tras las elecciones de abril fue el llamado “Proyecto de ley de fronteras fuertes” (Bill C-2), un proyecto ómnibus que enmienda múltiples leyes existentes. El proyecto combina una amplia apropiación de poderes para la policía, las agencias de espionaje y el gabinete, junto con un ataque frontal contra inmigrantes y refugiados. Desde su introducción en junio, el proyecto ha provocado una amplia oposición, con múltiples campañas para su derogación iniciadas por la Red por los Derechos de los Migrantes, Greenpeace y otros grupos de apoyo a refugiados, de derechos civiles y de privacidad en internet.

El gobierno se ha visto obligado a cambiar de rumbo debido a la actitud del opositor Partido Conservador y el Nuevo Partido Democrático (NDP), quienes se posturan como opositores al Bill C-2, al menos en su forma actual. El 8 de octubre, el ministro de Seguridad Pública Gary Anandasangaree presentó un nuevo proyecto de ley, C-12, que contiene únicamente los ataques contra los derechos de solicitantes de refugio e inmigrantes, con el objetivo de aprobarlo lo más rápido posible. Subrayando que los liberales aún pretenden implementar los nuevos poderes de espionaje y policiales, el resto del Bill C-2 permanece en la agenda legislativa. El 11 de octubre, Anandasangaree declaró que las medidas de espionaje policial no serían abandonadas, sino introducidas por separado tras ser “refinadas” para eliminar “excesos”.

El gobierno de Carney propone otorgar a la policía y a las agencias de espionaje canadienses amplios poderes para intervenir comunicaciones privadas, obligar a médicos, contadores y otros proveedores de “servicios” a colaborar como informantes del Estado, y forzar a los trabajadores postales a abrir correspondencia privada, todo ello sin orden judicial. En una serie de ataques a los derechos de inmigrantes y refugiados, el proyecto crea la base legal para un régimen de deportaciones masivas.

No existe un apoyo popular masivo a ninguna de estas medidas. El gobierno no fue elegido sobre la base de atacar los derechos de los inmigrantes o expandir los poderes policiales, ni podría haberlo sido. Ganaron las elecciones aparentando ser opositores al hombre cuyo programa están adoptando cada vez más: Donald Trump.

Esta legislación no puede entenderse al margen de la creciente competencia interimperialista entre Canadá y los Estados Unidos, la intensificación de la crisis del capitalismo mundial y el esfuerzo de la burguesía canadiense por acomodarse a la figura fascista en la Casa Blanca. El régimen de Trump ha desatado una histeria en torno a la supuesta “inseguridad” de la frontera entre Canadá y EE.UU., promoviendo afirmaciones falsas de que el fentanilo y los “inmigrantes ilegales” fluyen desde Canadá hacia EE.UU. como justificación para imponer aranceles a productos canadienses. El Bill C-2 se presentó ostensiblemente para apaciguar estas “preocupaciones” fabricadas y asistir en los esfuerzos del gobierno por negociar el acceso libre de aranceles al mercado estadounidense para los negocios canadienses.

Al mismo tiempo, la clase dominante canadiense, al igual que su homóloga estadounidense, reconoce que la mayor amenaza a sus intereses proviene desde abajo—de la clase trabajadora que entra en lucha revolucionaria masiva contra un sistema capitalista moribundo—por lo que está decidida a reforzar el aparato represivo del Estado.

La represión de los trabajadores es una condición necesaria para transferir cientos de miles de millones de dólares del gasto social hacia la guerra e “inversiones en infraestructura” según el próximo presupuesto de otoño de Carney. En un discurso televisado a la nación la noche del miércoles, el primer ministro Carney dejó claro que incluirá una austeridad social brutal para financiar dádivas corporativas y enormes aumentos en gastos militares con miras a prepararse para una guerra mundial. Como en Estados Unidos, la clase dominante canadiense busca anticiparse a la inevitable ola de oposición obrera mediante la represión estatal.

Ya el gobierno liberal ha procedido a abolir de facto el derecho a huelga, mediante una nueva “reinterpretación” del Artículo 107 del Código Laboral de Canadá, con la que declaró ilegales las huelgas de trabajadores ferroviarios, portuarios y de Canada Post; y el gobierno de Quebec siguió el ejemplo, imponiendo límites draconianos al derecho a huelga en la segunda provincia más poblada del país.

Pero el gobierno de Carney sabe que debe proceder gradualmente. Como en Estados Unidos, las secciones más débiles y vulnerables de la clase trabajadora serán atacadas primero. Entre ellas se encuentran los inmigrantes y los refugiados.

El Bill C-12 contiene múltiples disposiciones que atacan los derechos de refugiados e inmigrantes. Estas incluyen:

• Limita considerablemente quién puede solicitar asilo en Canadá, incluyendo la prohibición de hacerlo a quienes no presentaron una solicitud de refugio dentro del primer año de su llegada, con efecto retroactivo a 2020.

• Restringe aún más la capacidad de los refugiados que huyen hacia Canadá desde terceros países, transitando por Estados Unidos, para solicitar asilo.

• Exige que los refugiados soliciten asilo en su primer ingreso a Canadá, negando el derecho a quienes hayan ingresado previamente, aunque fuera por otro motivo.

• Otorga amplios poderes al ministro de inmigración para cancelar solicitudes individuales de asilo y anular solicitudes en masa, basándose en criterios tales como el país de origen o afiliación política.

Las principales agresiones a la privacidad y los derechos democráticos en el Bill C-2 incluyen disposiciones que:

• Autorizan a las fuerzas del orden, incluidos agentes de la Agencia de Servicios Fronterizos, guardias carcelarios y “agentes especiales”, a exigir sin orden judicial información sobre objetivos de vigilancia a proveedores de servicios digitales, como compañías telefónicas, proveedores de internet y redes sociales.

• Dan potestad a las autoridades estatales para ordenar a trabajadores postales abrir correspondencia privada sin orden judicial.

• Otorgan al CSIS (la agencia de espionaje doméstico de Canadá) y a otras agencias de seguridad nacional y policial acceso sin orden judicial a los datos de personas sobre la mera sospecha de que se haya infringido “una ley aprobada por el Parlamento”. Según el diario Globe & Mail, “la policía podría contactar con médicos, clínicas de aborto, hoteles, empresas de alquiler de autos y otros proveedores de servicios”, quienes estarían obligados a informar sobre pacientes y clientes bajo órdenes de silencio, sin poder revelar su rol de informantes. Quienes se nieguen a colaborar podrían afrontar severas sanciones o cárcel.

Esta apropiación masiva de poder generó una enorme oposición, tanto de carácter principista como oportunista.

La Red por los Derechos de los Migrantes objetó correctamente que las medidas contra los refugiados harían al gobierno canadiense cómplice de la cacería de brujas contra inmigrantes y refugiados del régimen de Trump. “Anteriormente”, explican, “los migrantes que cruzaban desde EE.UU. entre puertos oficiales podían solicitar asilo tras 14 días. El Bill C-12 elimina completamente esta opción, atrapando a personas vulnerables bajo las políticas xenófobas de Trump. Los amplios poderes otorgados al ministro de inmigración para denegar solicitudes de refugio y residencia permanente crean la base legal para que Canadá participe en deportaciones masivas y violaciones grotescas de derechos humanos, como las que ocurren actualmente en Estados Unidos”.

Estos poderes también podrían usarse para rechazar a refugiados políticos que huyen de la campaña de represión estatal que se está desarrollando en Estados Unidos. Donald Trump ha firmado un documento llamado “NSPM-7” (Memorando Presidencial de Seguridad Nacional), que criminaliza la oposición al fascismo y designa la oposición al capitalismo y al cristianismo como delitos de pensamiento. El periodista Ken Klippenstein ha revelado que el FBI está “elaborando listas” de personas a reprimir bajo el NSPM-7. Es completamente factible que opositores políticos a una ofensiva fascista del régimen de Trump busquen refugio en Canadá, como lo hicieron decenas de miles de objetores de guerra y opositores estadounidenses a la Guerra de Vietnam en los años sesenta y setenta. El gobierno de Carney se convertiría en cómplice de su represión.

Activistas por la privacidad digital han advertido que la exigencia del gobierno de que proveedores de internet y redes sociales creen “puertas traseras digitales” para permitir acceso rápido del Estado a la información privada de los usuarios dejaría a los trabajadores canadienses vulnerables al ciberdelito, incluyendo robos de identidad, fraudes, acoso y extorsión. CSIS ya puede compartir la información obtenida con agencias de espionaje de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, bajo el tratado de espionaje conocido como “Five Eyes”.

Estas medidas de espionaje, por las que CSIS y la policía llevaban años haciendo campaña, no tienen nada que ver con el último pretexto del gobierno: “seguridad fronteriza”. El profesor Michael Geist, de la Universidad de Ottawa, opinó a la CBC que los poderes de espionaje contenidos en el proyecto buscan “colarse” como disposiciones antiguas de legislaciones anteriores fallidas—“y que poco tienen que ver con el acceso legal a la información”.

El comentario de Geist señala el carácter absolutamente oportunista de las objeciones de la oposición parlamentaria a estas nuevas medidas de vigilancia. La apropiación de poder de los liberales ha dado a los conservadores la oportunidad de posturarse—de forma completamente fraudulenta—como defensores de los derechos civiles y la privacidad. El líder conservador Pierre Poilievre afirmó cínicamente: “No creemos que los canadienses respetuosos de la ley deban perder su libertad por los fracasos de los liberales en fronteras e inmigración”.

El anterior gobierno conservador del ex primer ministro Stephen Harper intentó, sin éxito, aprobar medidas similares en 2014, bajo el argumento falso de que los derechos civiles impedían combatir la pornografía infantil. Poilievre votó a favor de esos poderes.

Además, a Poilievre no le preocupa si los inmigrantes pierden su libertad. Sus conservadores han estado atizando la xenofobia contra inmigrantes y refugiados, especialmente musulmanes, equiparando la oposición al genocidio de Israel en Gaza con el “terrorismo”. La diputada conservadora Michelle Rempel-Garner está haciendo campaña para revocar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, como un intento más de alinear las políticas canadienses con las del régimen fascista de Trump.

En las elecciones de abril, la derrota de los conservadores, incluida la pérdida del escaño parlamentario de Poilievre, estuvo vinculada al reconocimiento general de que los tories comparten la política de extrema derecha de Trump, incluyendo su militarismo, su impulso por formas autoritarias de gobierno y su compromiso con ataques salvajes contra la clase trabajadora.

La postura del NDP contra el Bill C-2 no es más creíble. Este es un partido que mantuvo en el poder a los liberales durante seis años mientras estos imponían un programa masivo de rearme, recortaban el gasto público y socavaban los derechos democráticos. El NDP está patrocinado por la burocracia sindical, que en cada lucha obrera demuestra su hostilidad hacia los derechos sociales y democráticos de los trabajadores, imponiendo concesiones y aplastando el amplio apoyo a una lucha contra la austeridad capitalista y la guerra.

La campaña del gobierno liberal en favor de poderes policiales vastos y contra los refugiados demuestra que no existe dentro de la clase dominante canadiense ninguna base política para los derechos democráticos fundamentales. Como en Estados Unidos y en todos los demás países, la única fuerza social capaz de detener la marea de reacción y autoritarismo en Canadá es la clase trabajadora, unida en la lucha con los trabajadores de Estados Unidos, México y otros países sobre la base de un programa socialista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 24 de octubre de 2025)