En la primera semana de su regreso al poder, Donald Trump ha declarado la guerra total a la ciencia y la salud pública como un componente central de su agenda fascista al servicio de la oligarquía estadounidense. Trump, el arquitecto inicial de la horrenda política de “inmunidad colectiva” ante la pandemia del COVID-19, que consistía en permitir infecciones masivas, está retomando las cosas donde las dejó hace cuatro años y llevándolas mucho más lejos.
Solo en los últimos cuatro días, Trump retiró a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), impuso una orden de mordaza sin precedentes a las 13 agencias que componen el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, todas las siglas en inglés) y amenazó con suspender el Congreso para garantizar que sus numerosos candidatos que se oponen a la salud pública sean instalados a través de nombramientos de receso.
Estas acciones imprudentes, que son solo un anticipo de lo que está por venir, aumentan drásticamente el riesgo de futuras pandemias. En la actualidad, este peligro emana sobre todo de los EE.UU., donde el virus de la gripe aviar H5N1, altamente patógeno, se ha estado propagando sin control entre las aves de corral y el ganado lechero durante más de un año, probablemente infectando a cientos de trabajadores agrícolas en todo el país debido a la respuesta criminalmente negligente de la Administración de Biden.
Mientras Trump y sus aliados fascistas encabezan los ataques contra la ciencia y la salud pública, esta política tiene apoyo bipartidista. Apenas tres días antes de la toma de posesión de Trump, la Administración de Biden cortó todos los fondos y excluyó formalmente a EcoHealth Alliance Inc. durante cinco años, como parte de una caza de brujas liderada por fascistas contra el exjefe de la organización, el Dr. Peter Daszak.
Ambos partidos capitalistas apoyan la política eugenista de reducir la esperanza de vida y recuperar todas las ganancias sociales obtenidas por la clase trabajadora en el siglo XX. Junto con la destrucción de la salud pública, un objetivo central de la Administración entrante es destripar todo el gasto social, incluyendo planes para reducir el seguro Medicaid en hasta 2,3 billones de dólares, lo que los demócratas facilitarán mientras Trump continúe financiando la guerra contra Rusia en Ucrania. Se estima que las órdenes de Trump ya han revocado o afectado el seguro de salud de más de 20 millones de estadounidenses.
Su nuevo ataque a la salud pública comenzó a las pocas horas de su toma de posesión. Entre la oleada de órdenes ejecutivas firmadas el lunes, que se centraron en atacar a los inmigrantes, revertir las protecciones ambientales y erigir el andamiaje de un Estado policial en los Estados Unidos, Trump también retiró a los Estados Unidos de la OMS, la principal agencia de salud pública del mundo.
Esta medida tendrá consecuencias de gran alcance, ya que Estados Unidos suministra aproximadamente el 15 por ciento de los fondos para la OMS, cuyo trabajo es fundamental para rastrear las enfermedades infecciosas emergentes y los posibles eventos de propagación a nivel mundial que podrían desencadenar la próxima pandemia. Además, una vez que su retiro entre en vigor, Estados Unidos ya no estará obligado a informar sobre tales brotes a nivel nacional, creando efectivamente un apagón informativo que permitirá que todos y cada uno de los patógenos se propaguen libremente desde Estados Unidos a otros países del mundo.
Este apagón también pone en gran peligro a la población estadounidense. Al día siguiente, la Administración de Trump impuso una arrolladora orden de silencio a las 13 agencias del HHS, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y otras agencias fundamentales que monitorean, investigan e informan sobre enfermedades infecciosas.
La orden, que durará al menos hasta fin de mes y potencialmente mucho más, tiene vastas implicaciones. Los CDC han suspendido la publicación de todos los informes científicos, incluso sobre la propagación de la gripe aviar, el crucial Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad (MMWR) y los informes sobre los niveles de aguas residuales de COVID-19, que es una de las últimas fuentes de datos disponibles para rastrear la propagación de la pandemia en curso.
En la actualidad, Estados Unidos está sumido en su décima ola de COVID-19, y las estimaciones más recientes de aguas residuales indican que más de 500.000 estadounidenses se infectan cada día. Los hospitales de todo el país están actualmente afectados por una “epidemia cuádruple” de pacientes infectados con COVID-19, gripe estacional, virus sincitial respiratorio y norovirus.
Un funcionario federal de salud anónimo le dijo al Washington Post que antes de que se impusiera la orden mordaza, los CDC planeaban publicar varios MMWR esta semana, incluidos tres relacionados con el brote de gripe aviar H5N1.
El momento no pudo haber sido peor. El año pasado, Estados Unidos reportó 66 casos oficiales de gripe aviar H5N1, la segunda cifra más alta históricamente para cualquier país. Debido a pruebas inadecuadas, es probable que cientos de casos no hayan sido detectados. Durante meses, los científicos han advertido repetidamente sobre el creciente peligro de que las personas puedan infectarse al mismo tiempo por la gripe estacional y la gripe aviar. Esta coinfección podría causar la redistribución de genes y permitir que la gripe aviar, actualmente transmisible a los humanos solo desde animales infectados, adquiera la capacidad de la gripe estacional para transmitirse de persona a persona. Este proceso evolutivo bien podría estar ocurriendo ahora sin que nadie lo sepa, y si tal propagación tuviera lugar, bajo las nuevas reglas de Trump, ninguna agencia de salud pública podría siquiera informarlo.
El 15 de junio de 2020, Trump resumió famosamente el desprecio de su Gobierno por la salud pública, afirmando: “Si dejamos de hacer pruebas en este momento, tendríamos muy pocos casos, si es que los hay”. Con Biden, se afianzó este impulso de encubrir la pandemia en curso, que culminó con la eliminación de la declaración de emergencia de salud pública por COVID-19 en mayo de 2023. Hubo más de 1 millón de muertes adicionales bajo Biden, aproximadamente el doble de las 500.000 que tuvieron lugar bajo Trump.
Este encubrimiento criminal bipartidista ha llegado a su conclusión lógica en los esfuerzos de Trump para suprimir todos los informes de datos de salud pública. El mantra de Trump 2.0 es: “Si dejamos de informar sobre enfermedades infecciosas en este momento, nadie sabrá qué los está matando”.
Significativamente, la orden ejecutiva de Trump que corta el financiamiento de la OMS transfiere la responsabilidad de gestionar futuras pandemias al asistente presidencial para Asuntos de Seguridad Nacional, su aliado fascista Michael Waltz, quien “establecerá direcciones y mecanismos de coordinación dentro del aparato del Consejo de Seguridad Nacional según lo considere necesario y apropiado para salvaguardar la salud pública y fortalecer la bioseguridad”. En otras palabras, la próxima pandemia se abordará con medidas de Estado policial y el despliegue de los militares.
La siguiente fase del asalto del nuevo régimen a la salud pública se produjo el jueves, durante las audiencias de confirmación en el Senado para Brooke Rollins, la nominada de Trump para encabezar el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Rollins, una aliada cercana de Trump que dirigió el America First Policy Institute del mandatario, es una antigua cómplice de las industrias de agronegocios, carne y lácteos, cuyas principales asociaciones empresariales respaldaron colectivamente su nominación la semana pasada.
Al igual que su predecesor demócrata Tom Vilsack, Rollins no hará nada para evitar la propagación cada vez mayor de la gripe aviar entre las aves de corral o el ganado en los Estados Unidos, ya que esto afectaría las ganancias de sus aliados de la industria. En su audiencia de confirmación, Rollins fue elogiada por los senadores de ambos partidos y no se enfrentó a ningún cuestionamiento serio sobre cómo manejaría la propagación de la gripe aviar entre los trabajadores agrícolas, las aves de corral y el ganado.
Lo peor aún está por venir. El próximo miércoles, comenzarán las audiencias de confirmación del Senado para Robert F. Kennedy Jr., la elección de Trump para secretario del HHS. Kennedy pertenece a la “Docena de la desinformación”, aquellos identificados por los grupos de salud pública como los más responsables de difundir desinformación contra las vacunas en las redes sociales durante la pandemia y mucho antes. Es culpable de la muerte de millones de personas en todo el mundo. Cuando esté en el poder, vomitará pseudociencia, denigrará las vacunas y fomentará el consumo de leche cruda, conocida por acelerar la propagación de la gripe aviar.
En la remota posibilidad de que el nombramiento de Kennedy sea retrasado por los demócratas o derrotado (una posibilidad principalmente debido a la oposición fundamentalista cristiana a su apoyo pasado a los derechos reproductivos), Trump ya ha amenazado con suspender el Congreso para instalar a Kennedy, junto con sus otros nominados de salud pública y fascistas como Pete Hegseth. Si bien esto probablemente desencadenaría apelaciones legales, eventualmente terminarían en la Corte Suprema de extrema derecha, que en julio pasado anuló efectivamente la Constitución y otorgó al presidente poderes dictatoriales.
Las próximas conmociones bajo la Administración de Trump en el ámbito de la salud pública, incluida la creciente amenaza de una pandemia de gripe aviar, el resurgimiento de patógenos eliminados hace mucho tiempo como el sarampión y el impacto continuo del COVID-19, desestabilizarán profundamente a la sociedad estadounidense y acelerarán la radicalización de la clase trabajadora.
La supervivencia misma de la humanidad depende de la construcción de un movimiento socialista, que una a los trabajadores, los jóvenes y las capas de principios de la clase media, incluidos los científicos y otros profesionales de la salud. Solo la transformación revolucionaria de la sociedad sobre la base de la planificación económica puede garantizar la expansión de la salud pública, la prevención de futuras pandemias y la defensa de la ciencia.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de enero de 2024)