La legislatura estatal de California ha aprobado un proyecto de ley (SB 98) que exige a las escuelas y universidades elaborar planes para notificar a padres, estudiantes y docentes cada vez que agentes federales de inmigración se presenten en las instalaciones. Si el gobernador Gavin Newsom lo promulga antes del 12 de octubre, la legislación permanecerá en vigor hasta 2031.

El proyecto requeriría que las escuelas californianas desde kínder hasta grado 12, los colegios comunitarios y las universidades estatales envíen notificaciones inmediatas a todo el alumnado, padres, tutores, docentes, personal y miembros relevantes de la comunidad si se confirma la presencia de agentes de inmigración en un plantel.

Estas notificaciones incluirían detalles como la fecha, hora y ubicación de la actividad de aplicación de la ley migratoria, además de enlaces a recursos adicionales, garantizando la privacidad y excluyendo información personal identificable.

El supuesto objetivo es prevenir el pánico y mantener una sensación de seguridad para todo el alumnado, especialmente para quienes provienen de familias inmigrantes, mediante una comunicación oportuna y transparente.

Sin embargo, las afirmaciones de “protección” ofrecidas por la SB 98 son completamente cínicas. Las notificaciones exigidas por la ley se enviarían después de la llegada de los agentes federales al campus. No ofrecen ninguna advertencia previa ni previenen los operativos, dejando a estudiantes y sus familias reaccionar en tiempo real ante agentes armados.

En la práctica, la legislación traslada la responsabilidad a las propias víctimas de clase trabajadora, obligando a padres, estudiantes y docentes a buscar refugio mientras el Estado no hace nada significativo por detener los operativos.

Los funcionarios demócratas presentan la legislación como una defensa humanitaria de las familias inmigrantes. En realidad, se trata de una maniobra reaccionaria diseñada para apaciguar la oposición social mientras se normalizan las redadas migratorias y se canaliza la creciente ira ante la campaña de deportaciones masivas de Trump hacia salidas políticamente inocuas.

La medida surge en medio de operaciones sin precedentes del ICE en todo California, incluyendo redadas altamente militarizadas en Los Ángeles y detenciones en escuelas durante el verano. Según estimaciones oficiales, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo más grande del país, atiende a más de 30.000 estudiantes inmigrantes, de los cuales aproximadamente una cuarta parte son indocumentados. Comunidades enteras viven ahora bajo el temor constante de separación, abusos, detenciones y deportaciones.

La senadora estatal Sasha Renee Perez, autora del proyecto de ley, admitió: “La presencia de agentes migratorios puede tener efectos perjudiciales para los estudiantes, especialmente para aquellos que pueden estar indocumentados o sin estatus permanente”.

Sin embargo, Pérez y sus colegas no hacen nada por enfrentar estas redadas o detener por completo las operaciones del ICE. Sus advertencias sólo sirven para desviar la responsabilidad mientras mantienen plena colaboración con las autoridades federales.

El asambleísta Al Muratsuchi, un demócrata de Torrance, declaró: “Los estudiantes no pueden aprender si no se sienten seguros. Durante décadas tuvimos un acuerdo bipartidista para mantener a las instituciones educativas libres de actividades de aplicación migratoria”.

La declaración de Muratsuchi expone el verdadero carácter de la legislación. Lejos de confrontar la agresión contra las familias inmigrantes, Sacramento está codificando un nuevo statu quo: los campus ya no son zonas seguras. Las redadas federales ahora se consideran inevitables, y el papel del Estado se reduce a emitir mensajes de texto y correos electrónicos advirtiendo a estudiantes y familias que se preparen para la llegada de agentes armados.

En el Distrito Unificado de Los Ángeles, funcionarios escolares han suplicado a las autoridades migratorias que no lleven a cabo redadas durante el horario escolar, una petición que resalta la cobardía política de los demócratas. Esther Mejía, directora ejecutiva de la Asociación Estudiantil de la UC, dijo: “Todos merecemos la oportunidad de seguir nuestra educación libres de miedo, terror e intimidación”.

La realidad es precisamente lo contrario. Esta legislación acepta y normaliza un futuro donde agentes federales armados deambulan por los campus escolares. Mientras tanto, las familias son advertidas de “buscar refugio” y los estudiantes inmigrantes crecen bajo un estado constante de vigilancia y terror.

Lejos de ser un “refugio seguro”, California está integrando activamente a las agencias estatales y federales, así como a las instituciones educativas, en un marco represivo unificado.

El gobernador Newsom, en particular, cumple un papel hipócrita. Mientras los demócratas posan como defensores de los derechos de los inmigrantes, Newsom ha aumentado la financiación para la militarización fronteriza, la infraestructura de vigilancia y el despliegue policial, incluyendo a la Patrulla de Caminos de California (CHP), a la que recientemente colocó en el centro de dos nuevos regímenes represivos estatales :

• Una expansión estatal de “supresión del crimen”, que autoriza a la CHP a intervenir agresivamente en barrios de clase trabajadora bajo el pretexto de combatir el “crimen organizado”.
• Un grupo de trabajo para el “desalojo de campamentos de personas sin hogar”, en el que la CHP coordina con la policía local para desalojar por la fuerza a residentes sin vivienda —a menudo inmigrantes y trabajadores mal remunerados— de espacios públicos.

El proyecto de ley, además, no puede entenderse independientemente del contexto más amplio del golpe en curso en Washington D.C., donde el presidente Donald Trump está consolidando el poder autoritario y expandiendo la represión federal en todo el país.

A través de este golpe, el aparato estatal, incluyendo al ICE, el Departamento de Seguridad Nacional y las fuerzas policiales federales militarizadas, están siendo utilizados para suprimir la oposición política y aterrorizar a las comunidades inmigrantes.

Desde Washington, la administración Trump está extendiendo sus operaciones a Chicago, Los Ángeles y otras grandes ciudades, integrando redadas migratorias junto a ofensivas de “supresión del crimen” y despliegues policiales masivos bajo el pretexto de “restablecer el orden”.

Trump ha anunciado planes para deportar a millones de inmigrantes mediante operaciones de estilo militar a gran escala, movilizando fuerzas federales, locales y contratistas privados. Estos planes ya se están probando en California, donde las redadas del ICE han aumentado en alcance y coordinación.

Un grupo de 115 demócratas en la Cámara de Representantes, conocido como la Coalición Demócrata Nueva y su Grupo de Trabajo sobre Inmigración y Seguridad Fronteriza, publicó recientemente una propuesta de reforma migratoria que ejemplifica el papel de los demócratas en la promoción de políticas migratorias represivas y bipartidistas.

El plan, presentado por Greg Stanton (Arizona) y Salud Carbajal (California), busca fortalecer significativamente la vigilancia fronteriza mediante el aumento de agentes de la Patrulla Fronteriza y de oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza, además de implementar tecnologías de vigilancia avanzada.

Si bien propone vías hacia un estatus legal para ciertos inmigrantes indocumentados, como los Dreamers y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), impone condiciones estrictas, como multas y revisiones de antecedentes, que criminalizan efectivamente a la población indocumentada. El marco demócrata refleja el enfoque de la administración Trump, institucionalizando un sistema de represión y demostrando su complicidad.

El papel de los demócratas también debe entenderse en relación con su adaptación política más amplia a la extrema derecha. Las actuales “ guerras de manipulación electoral ” en California, Texas y en todo el país, demuestran que los demócratas no están enfrentando la agenda autoritaria de Trump, sino que son participantes activos en el colapso de la democracia estadounidense.

Ambos partidos están involucrados en una lucha antidemocrática por redibujar distritos electorales para manipular distritos y mantener el dominio político capitalista ante una creciente agitación social. El resultado de estas maniobras reaccionarias es una profundización del despojo de derechos políticos de la clase trabajadora, particularmente inmigrantes, estudiantes y comunidades de bajos ingresos.

El proyecto de alerta escolar de los demócratas expone una realidad fundamental: ni los partidos Demócrata ni Republicano pueden defender a los inmigrantes, estudiantes o los derechos democráticos. La ofensiva bipartidista —desde el golpe en curso de Trump y las deportaciones masivas hasta la represión dirigida por Newsom— refleja una estrategia unificada para proteger los intereses de la clase dominante.

Los ataques contra estudiantes inmigrantes y sus familias son la primera etapa de una ofensiva más amplia contra toda la clase trabajadora, dirigida contra todos los trabajadores sin importar su estatus migratorio. Las redadas, detenciones masivas y militarización policial están siendo probadas con los sectores más vulnerables como modelo para reprimir la resistencia a la desigualdad, la explotación, la dictadura y la guerra.

Para resistir, la clase trabajadora debe actuar de forma independiente, rompiendo con ambos partidos capitalistas y la burocracia sindical en una lucha por el socialismo internacional. Los ataques contra los inmigrantes en California están ligados al autoritarismo, al genocidio, a la guerra imperialista y a la contrarrevolución social en todo el mundo. Solo mediante la unificación internacional de la clase trabajadora y el derrocamiento del capitalismo —un sistema de opresión, dictadura y guerra— se pueden garantizar la verdadera igualdad, la libertad y los derechos democráticos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de septiembre de 2025)