El 22 de agosto, Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana de 23 años, fue apuñalada fatalmente en un ataque no provocado dentro de un tren ligero en Charlotte, Carolina del Norte, mientras regresaba a casa después de su jornada laboral en una pizzería. Decarlos Brown Jr., un hombre sin hogar de 34 años diagnosticado con esquizofrenia y con un largo historial de arrestos, ha sido acusado de su asesinato. Las escenas previas al ataque y sus consecuencias fueron captadas por cámaras de vigilancia y fueron reproducidas repetidamente por los medios dos semanas después.

El 10 de septiembre, durante un segmento del programa “Fox & Friends” en Fox News que discutía el asesinato de Zarutska, el presentador Lawrence Jones propuso encarcelar a personas sin hogar que se nieguen a aceptar servicios sociales. Su compañero, Brian Kilmeade, intervino con su propia propuesta: “O inyección letal involuntaria, o algo. Simplemente mátalos”. Los comentarios de Kilmeade ocurrieron solo unas horas antes del asesinato del operador político fascista Charlie Kirk en Utah, que fue seguido por crecientes llamados a represalias contra la “izquierda radical”.

Dos días después, cuando comenzó a crecer la indignación pública por sus palabras, Kilmeade ofreció una disculpa a regañadientes por su “comentario extremadamente insensible”. Dijo: “Obviamente soy consciente de que no todas las personas sin hogar con enfermedades mentales actúan como lo hizo el agresor en Carolina del Norte y que muchas personas sin hogar merecen nuestra empatía y compasión”. Solo los extremadamente ingenuos pueden aceptar la sinceridad de esta retractación forzada. Fox News, por su parte, aceptó su “disculpa” y lo mantuvo al aire.

Las declaraciones de Kilmeade forman parte de una campaña fascistoide impulsada por el gobierno de Trump. En un comunicado, la fiscal general Pam Bondi declaró: “Iryna Zarutska era una joven que vivía el sueño americano; su horrible asesinato es resultado directo de políticas fracasadas y laxas con el crimen que priorizan a los criminales por encima de las personas inocentes”. Anunció su intención de procesar a nivel federal a Brown por asesinato, buscando la “máxima pena” y prometiendo que “nunca más verá la luz del día como un hombre libre”.

El presidente Trump describió a Brown como un “demente” y un “lunático” que debía ser ejecutado, explotando la tragedia para promover el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses y generar apoyo a sus redadas masivas y deportaciones de inmigrantes.

La aberrante sugerencia de Kilmeade de “simplemente matar” a las personas sin hogar con enfermedades mentales evoca siniestras resonancias históricas con el programa de eutanasia nazi conocido como Aktion T4. Esta operación secreta, iniciada en 1939, tenía como objetivo eliminar a personas con discapacidades mentales y físicas que los nazis consideraban “defectos genéticos” y una “carga financiera” para la sociedad: individuos considerados “vidas indignas de ser vividas”.

Inicialmente, niños discapacitados fueron asesinados mediante sobredosis letales o inanición en pabellones especiales de exterminio. Luego el programa se extendió a adultos institucionalizados, utilizando seis instalaciones de gaseo donde las víctimas morían en cámaras de gas disfrazadas de duchas. Sus cuerpos eran cremados y se entregaban certificados de defunción falsificados a sus familiares. Médicos y psiquiatras, muchos de ellos con gran prestigio, desempeñaron un papel directo y esencial en la selección de las víctimas y en la implementación de estos asesinatos.

El programa de eutanasia sirvió como experimento preliminar de las posteriores políticas genocidas nazis, incluyendo el Holocausto, utilizando métodos y personal similares. La idea misma de un asesinato sancionado por el Estado de aquellos considerados una “carga” o “indeseables” debido a enfermedades mentales, especialmente cuando los servicios sociales son sistemáticamente desfinanciados, establece un claro paralelismo con la deshumanización fascista que condujo a estas atrocidades.

La vida de Brown es un trágico ejemplo de la criminalización de personas con enfermedades mentales y en situación de calle. Tiene un historial documentado de 14 arrestos a lo largo de más de una década y pasó seis años en prisión. Ha sido diagnosticado con esquizofrenia y mostraba un patrón conocido de comportamiento delirante. En enero de 2025 fue arrestado por llamar repetidamente al 911 afirmando que un “material artificial” había sido implantado en su cuerpo y controlaba su capacidad de comer, caminar y hablar. La policía, preocupada por su estabilidad mental, lo liberó bajo palabra. Para julio, un juez había ordenado una evaluación de competencia mental, pero nunca se llevó a cabo, lo que permitió que Brown quedara en libertad hasta el apuñalamiento fatal. Su hermana, Tracy, reveló que en una llamada telefónica tras el arresto, Brown culpó a los “materiales” en su cuerpo de haberlo llevado a matar a Zarutska, a quien nunca había conocido hasta ese día.

La familia de Brown había buscado ayuda desesperadamente. Su madre, Michelle Dewitt, afirmó que era “diferente” desde que salió de prisión en 2020, mostrando comportamientos violentos y hablándose a sí mismo. Dijo que le recetaron medicamentos pero se negó a tomarlos. Cuando intentó internarlo en un hospital psiquiátrico, le dijeron que no había lugar y que no podían ingresarlo porque no amenazaba con hacerse daño. Tras una retención de 14 días ordenada por un magistrado, fue liberado de nuevo al cuidado de sus padres y, al dejar de tomar su medicación, lo “dejaron en un refugio”. Tanto su madre como su hermana culparon explícitamente al sistema judicial por permitir que siguiera en libertad. Tracy Brown afirmó: “Si hubiera recibido el cuidado adecuado, esto no habría pasado”.

La experiencia de la familia Brown no es una excepción. En 2024, la población sin hogar en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico, con 771.480 personas en situación de calle en una sola noche, un aumento del 18 por ciento con respecto al año anterior. El 36 por ciento de estas personas permanecía sin refugio. Esta crisis está profundamente vinculada a la falta de vivienda asequible, ya que la cantidad de personas sin hogar ha aumentado considerablemente desde 2017, en paralelo con el alza imparable en el costo de la vivienda.

La prevalencia de trastornos de salud mental entre las personas sin hogar es abrumadora. Una revisión sistemática y metaanálisis de 85 estudios encontró que el 67 por ciento de las personas sin hogar padece trastornos mentales. Otras investigaciones estiman que la media de prevalencia de cualquier trastorno mental actual entre personas sin hogar es del 76,2 por ciento. Concretamente, los trastornos del espectro esquizofrénico afectan al 12,4 por ciento de la población sin refugio, una tasa muy superior a la de la población general. Las personas sin hogar tienen un 60 por ciento más de probabilidades de morir prematuramente y una expectativa de vida 26 años menor que el promedio, sufren tasas elevadas de enfermedades infecciosas y mentales, y a menudo son víctimas de violencia.

El llamado de Kilmeade a la “inyección letal” es un claro llamado a la violencia estatal contra un sector de la población ya demonizado y marginado. Revela el desprecio de la clase dominante hacia quienes han sido descartados por su brutal sistema económico, buscando convertir en chivos expiatorios a las víctimas de la negligencia sistémica mientras se niegan deliberadamente a abordar las causas reales de la falta de vivienda y las enfermedades mentales: el sistema capitalista que prioriza las ganancias por encima de la vida humana. La retórica de Kilmeade sirve para apuntalar este sistema bárbaro y allanar el camino hacia nuevos ataques violentos contra los derechos democráticos y los sectores más vulnerables de la sociedad.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de septiembre de 2025)