La firma del proyecto de ley AB 715 de la Asamblea de California por parte del gobernador Gavin Newsom el 7 de octubre marca un hito en la campaña bipartidista para criminalizar la disidencia política y reescribir la historia al servicio de la política imperialista. La fecha de la firma, dos años después de los acontecimientos del 7 de octubre y el inicio del genocidio en Gaza, no fue una coincidencia.

Aprobada bajo el falso pretexto de “prevención del antisemitismo”, la AB 715 encarna una fusión reaccionaria entre el poder estatal, la censura corporativa y la ideología sionista. Forma parte de una ofensiva a nivel nacional que busca equiparar la oposición al Estado de Israel con el odio hacia el pueblo judío, silenciando las críticas al genocidio en Gaza y al imperialismo estadounidense en Oriente Medio.

La aprobación unánime de la AB 715 expone el carácter de clase de la política estadounidense. En mayo, la Asamblea la aprobó por 68–0; el Senado siguió con 35–0; y la Asamblea ratificó con 71–0. Ni un solo demócrata o republicano expresó objeción. El “estado progresista” que se jacta de su diversidad e inclusión ha unido a todo el establecimiento político detrás de una ley que ataca la libertad de expresión, y pone en grave peligro la libertad académica y los principios democráticos.

La unanimidad entre la clase dominante no indica progreso, sino una advertencia. La clase capitalista estadounidense logra el consenso cuando se prepara para la guerra, en el extranjero o en casa. La AB 715 es una declaración de guerra contra los derechos democráticos y la educación pública. Es parte del andamiaje ideológico que prepara una dictadura en Estados Unidos, que solo facilitará la guerra de la administración Trump contra la clase trabajadora .

Criminalización del antisionismo y del pensamiento político

Detrás de la retórica humanitaria de “entornos de aprendizaje seguros”, la AB 715 representa la intromisión estatal más extensa en la expresión política en la historia de California. La ley establece una nueva Oficina de Derechos Civiles (OCR) bajo la Agencia de Operaciones Gubernamentales (parte del poder ejecutivo), otorgándole amplios poderes para investigar, sancionar y censurar a escuelas, maestros, estudiantes y proveedores de materiales educativos. Un “Coordinador de Prevención del Antisemitismo” (APC), designado por el gobernador y confirmado por el Senado, tendrá la autoridad de moldear planes de estudio, emitir directrices políticas y proponer legislación.

La AB 715 enmienda el Código de Educación del estado para prohibir “la defensa, opinión personal, sesgo o partidismo” en la enseñanza, y declara que el sesgo discriminatorio no requiere “daño directo” ni siquiera la presencia de “un miembro del grupo protegido”. Este lenguaje vago y abarcador criminaliza efectivamente cualquier postura que se oponga a la ideología oficial. Maestros que discutan los orígenes de Israel, la Nakba o el genocidio respaldado por EE.UU. en Gaza podrían ser acusados de “sesgo antisemita” y enfrentar investigaciones o despidos.

La ley alinea la política de California con la Estrategia Nacional de la administración Biden para Combatir el Antisemitismo, que respalda la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), la cual equipara la crítica a Israel con el antisemitismo. Aunque la AB 715 evita mencionar directamente la IHRA, adopta plenamente su lógica: utiliza el discurso contra el odio para reprimir la expresión antisionista, propalestina, antigenocidio y socialista.

En un intento por ocultar el verdadero propósito de la ley, los demócratas ampliaron su alcance mediante el proyecto de ley complementario SB 48 del Senado, también firmado por Newsom el mismo día, incluyendo protecciones contra la discriminación por creencias religiosas, raza y etnia, género u orientación sexual. Es un ejemplo de política identitaria utilizada como arma para erosionar los derechos democráticos bajo una apariencia de igualdad.

Organizaciones defensoras de las libertades civiles han condenado la AB 715. La ACLU de California advirtió que va “mucho más allá de proteger a los estudiantes del acoso o la violencia” y tendrá un efecto paralizante sobre la libertad de expresión protegida constitucionalmente. El Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR-CA) la denunció por “instrumentalizar la legislación contra la discriminación para proteger a Israel de las críticas”.

Estas advertencias están justificadas: la AB 715 define explícitamente la discriminación como la difamación de “judíos e israelíes” y permite denuncias basadas en la “nacionalidad”, codificando así la confusión entre el sionismo y la identidad judía, y equiparando la oposición a un Estado colonizador y de asentamiento con el odio.

Bajo la AB 715, las Agencias Locales de Educación (LEAs)—distritos escolares y redes de escuelas chárter—deben investigar y corregir cualquier “sesgo” sospechado o conocido, aunque no exista una denuncia formal o prueba de daño. El superintendente estatal tiene la autoridad para imponer “acciones correctivas”, multas y exigir la eliminación permanente de materiales de enseñanza considerados discriminatorios.

Estos poderes punitivos se extienden más allá de las escuelas, alcanzando a proveedores privados de planes de estudio y formación, quienes deberán reembolsar fondos y confesar públicamente sus transgresiones si su contenido se considera que “promueve la discriminación”. Esta forma modernizada de quemar libros incorpora a la educación pública una “moderación de contenido” al estilo corporativo.

El Estado deja así de regular la calidad educativa para imponer una conformidad ideológica. Los docentes son reducidos a funcionarios estatales, obligados a autocensurarse y vigilar el habla estudiantil. El resultado será un efecto paralizador profundo en las discusiones en clase, en especial sobre la guerra, el genocidio, el imperialismo y el colonialismo.

El papel principal de los demócratas

La AB 715 fue impulsada por el asambleísta demócrata Rick Zbur, un autoproclamado defensor liberal de los derechos civiles, y firmada con gran entusiasmo por el gobernador Newsom, quien declaró que haría de California “un modelo nacional en la lucha contra el odio”. En realidad, convierte al estado en un modelo nacional de censura estatal aliada con la derecha política.

El patrocinio demócrata de esta ley expone el carácter bipartidista del ataque contra los derechos democráticos. A pesar de sus posturas contra Trump y la extrema derecha, ambos partidos comparten el mismo objetivo de clase: defender al capitalismo mediante la represión. Están unidos en su afán por silenciar las críticas al imperialismo estadounidense y a su aliado israelí.

El carácter autoritario de la AB 715 es inequívoco. Al construir un aparato de vigilancia y castigo sobre docentes y estudiantes, los demócratas colaboran activamente con la administración Trump al imponer un control ideológico directo sobre la educación. La fachada de “inclusividad” oculta la creación de mecanismos que podrán (y serán) utilizados contra cualquier expresión de oposición al militarismo, la desigualdad, la represión o la dictadura.

Así como la alianza de la administración Biden con las empresas de redes sociales estableció un marco para censurar voces antibélicas y socialistas en línea, la nueva ley “de derechos civiles” de California establece la maquinaria administrativa para censurar las aulas. La lógica política es sofocar la disidencia pública redefiniendo la oposición al imperialismo como “odio”.

Es especialmente significativo el papel de la Asociación de Maestros de California (CTA) en este proceso, lo que revela la complicidad de la burocracia sindical con el Partido Demócrata. Durante una audiencia ante el Comité de Educación de la Asamblea el 14 de mayo de 2025, el presidente de la CTA, David Goldberg, emitió solo una tibia objeción, afirmando que “la AB 715 plantea serias preocupaciones sobre la libertad de expresión, dejando a los docentes inseguros sobre lo que pueden decir legalmente en el aula sobre una amplia gama de temas. En un momento en que muchos intentan atacar la libertad académica y utilizar la educación pública como arma, la AB 715 desgraciadamente les daría esa capacidad”.

Pero tras ese leve comentario, la CTA guardó silencio. No hubo campaña organizada, ni llamado a movilizar a docentes o estudiantes, ni oposición pública. Al negarse a emprender una lucha genuina contra el proyecto de ley, la dirigencia sindical abandonó efectivamente a cientos de miles de educadores y estudiantes a la represión estatal, confirmando su función como apéndice del Partido Demócrata y ejecutora de su agenda política.

Las implicaciones más amplias

La importancia de la AB 715 no se limita a la cuestión de la libertad de expresión. Es un ataque frontal contra la educación pública misma. La ley transforma a las escuelas en instrumentos de la ideología estatal, donde el análisis histórico debe ajustarse a las necesidades políticas de la clase dominante.

Lo que está en juego no es simplemente el derecho a discutir los crímenes del sionismo o el genocidio en Gaza, sino el derecho a enseñar (y aprender) la historia con veracidad: el derecho a nombrar al imperialismo, al capitalismo y a la explotación de clase como las causas fundamentales de la guerra y la opresión. Bajo la nueva ley, lecciones sobre el colonialismo, el racismo o los orígenes del fascismo podrían ser censuradas por “sesgadas” o “partidistas”. Debates sobre el marxismo, los movimientos antiimperialistas o las luchas revolucionarias de la clase trabajadora podrían considerarse inapropiados o incluso ilegales.

Esta destrucción de la libertad intelectual es inseparable del colapso de la democracia estadounidense en su conjunto. Las mismas fuerzas políticas que censuran las aulas están desmantelando el gasto social, criminalizando las protestas y preparando nuevas guerras en el extranjero. La represión del discurso político en las escuelas no es una cuestión separada, sino parte de la preparación ideológica para la represión violenta interna.

La lucha genuina contra el antisemitismo no puede confiarse al Estado capitalista. Es inseparable de la oposición al genocidio en Gaza, al nacionalismo, al racismo y a la guerra imperialista. Docentes, estudiantes y trabajadores en California deben reconocer que ninguna facción del establishment político defiende los derechos democráticos. Los sindicatos, el Partido Demócrata—y los grupos pseudoizquierdistas aliados a ellos—han aceptado la censura y la propaganda imperialista.

La defensa de la libertad de expresión, la libertad académica, la educación pública y la verdad histórica exige una movilización independiente de la clase trabajadora. Comités de base de educadores y estudiantes deben organizarse en cada distrito para combatir la AB 715, defender a los docentes perseguidos y vincular la lucha por el socialismo con la defensa de los derechos democráticos y contra la guerra, la austeridad y la desigualdad.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 10 de octubre de 2025)