El presidente argentino Javier Milei, de corte fascista, obtuvo una victoria sorpresiva en las elecciones intermedias del 26 de octubre, celebradas en medio de una profunda crisis social, económica y política interna y una creciente agresión imperialista estadounidense en América Latina.

El partido de Milei, La Libertad Avanzada (LLA), ganó escaños y obtuvo más del 40 por ciento de los votos a nivel nacional en ambas cámaras, mientras que la supuesta “oposición”, la coalición peronista Fuerza Patria, y sus aliados, consiguieron alrededor del 30 por ciento de los votos. LLA ganó en la mayoría de las provincias, incluyendo la provincia de Buenos Aires, históricamente un bastión peronista.

Las elecciones renovaron 127 escaños en la Cámara de Diputados (aproximadamente la mitad de la cámara baja) y 24 en el Senado (un tercio de la cámara alta). LLA incrementó su representación de seis a 19 senadores y de 37 a 93 diputados, asegurando así una minoría de bloqueo de un tercio en la Cámara de Diputados (se necesitan 86 escaños de los 257). Esto permitiría a Milei mantener sus vetos presidenciales contra la legislación de la oposición, los cuales no pueden ser anulados sin una mayoría de dos tercios en el Congreso.

La coalición Fuerza Patria sufrió una leve reducción en su representación en la Cámara de Diputados, pasando de 98 a 96 diputados, y una disminución más significativa en el Senado, de 30 a 22 escaños.

Si bien los medios presentan el resultado como un respaldo a la agenda económica de austeridad extrema de Milei —simbolizada por su imagen blandiendo una motosierra—, las elecciones intermedias registraron la participación más baja (67 por ciento) desde la caída de la dictadura en 1983. En otras palabras, un tercio del electorado no acudió a las urnas, lo cual es obligatorio por ley en Argentina. En las contiendas por la Cámara de Diputados y el Senado, aproximadamente el 59,3 por ciento y el 57,8 por ciento de los votos, respectivamente, fueron para partidos distintos a la LLA.

Los sondeos previos indicaban una contienda muy reñida entre la LLA y Fuerza Patria. Aunque Milei ganó las elecciones presidenciales de 2023 con una mayoría del 56 por ciento, su popularidad desde entonces ha caído a un mínimo histórico de alrededor del 40 por ciento. A pesar de la estabilización mensual de la inflación, en su primer año de mandato, el precio del transporte público aumentó un 206 por ciento, la vivienda y los servicios públicos un 276 por ciento, la sanidad un 184 por ciento y la educación un 180 por ciento. El desempleo alcanzó el 7,9 por ciento en el primer trimestre de este año, el nivel más alto en cuatro años, y tras la llegada de Milei a la presidencia, la tasa de pobreza se elevó a su nivel más alto en dos décadas.

Además, LLA está sumida en escándalos de corrupción: desde una estafa con criptomonedas que involucra al propio Milei, hasta acusaciones de un régimen de favores políticos dirigido por Karina Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, pasando por acusaciones de narcotráfico contra José Luis Espert, destacado candidato legislativo de LLA en la provincia de Buenos Aires, quien tuvo que suspender su campaña la primera semana de octubre.

A pocos días de las elecciones intermedias, el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dimitieron, poniendo de manifiesto la inestabilidad política interna y las disputas internas.

Tras la derrota de LLA ante Fuerza Patria por un margen de entre 13 y 14 puntos porcentuales en las elecciones provinciales celebradas el 7 de septiembre en Buenos Aires, la provincia más poblada de Argentina, que concentra el 40 por ciento del electorado nacional y más del 30 por ciento del PIB del país, los mercados entraron en pánico y el valor del peso se desplomó. El Banco Central de Argentina se vio obligado a utilizar US$1.100 millones de sus reservas internacionales en tan solo tres días para apuntalar el peso y evitar un colapso, y Estados Unidos intervino con un paquete de rescate financiero masivo de US$40.000 millones, que incluye un canje de divisas de US$20.000 millones y otros US$20.000 millones de dólares en financiación de fondos soberanos y bancos privados.

Menos de 48 horas antes de las elecciones legislativas, Jamie Dimon, presidente y director ejecutivo de J.P. Morgan Chase y exasesor económico de Barack Obama y Trump, llegó a Argentina en medio de las negociaciones sobre el paquete de ayuda financiera destinado a respaldar al gobierno de Milei. J.P. Morgan Chase evaluaba su participación en esta línea de crédito de US$20.000 millones. Además de Milei, ministros y empresarios locales, entre los asistentes a los eventos organizados por Dimon se encontraban los criminales de guerra Tony Blair, actual director del consejo internacional de J.P. Morgan, y Condoleezza Rice, socia del grupo financiero.

Cabe destacar que el ministro y el viceministro de Economía de Milei, así como el presidente y el vicepresidente del Banco Central de Argentina, amasaron sus fortunas trabajando para J.P. Morgan en Nueva York durante la década de 1990 y principios de la de 2000, lucrándose a costa de la miseria de la clase trabajadora en Argentina y en toda la región.

El paquete de ayuda estadounidense representó más que una injerencia electoral; constituyó un chantaje. A tan solo 12 días de las elecciones, el presidente estadounidense Donald Trump condicionó descaradamente el rescate financiero a la victoria de Milei. «Si pierde, no seremos generosos con Argentina», declaró Trump, en medio de predicciones de la peor crisis económica desde 2001. En realidad, el rescate irá directamente a parar a las arcas de los principales bancos y fondos de inversión, incluyendo algunos de los aliados más cercanos de Trump, mientras que los trabajadores argentinos se verán obligados a pagar las consecuencias.

Los sucesos argentinos deben analizarse en el contexto del empeño del régimen de Trump por revivir la Doctrina Monroe y reclamar América Latina como el «patio trasero» del imperialismo estadounidense. Esto se ha manifestado con mayor claridad en los asesinatos extrajudiciales frente a las costas de Venezuela y Colombia bajo el falso pretexto de combatir el narcotráfico, junto con la autorización de Trump a operaciones de la CIA en Venezuela para derrocar al gobierno de Maduro y la imposición de sanciones contra el presidente colombiano Gustavo Petro por criticar la agresión estadounidense.

También existen planes para establecer un centro antiterrorista del FBI en la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, en virtud de un acuerdo firmado entre Estados Unidos y Paraguay. Las recientes visitas del fundador de Blackwater, Erik Prince, a Ecuador y Perú para proponer el despliegue de mercenarios estadounidenses con el fin de entrenar a las fuerzas policiales y militares locales también son motivo de preocupación.

El 29 de septiembre, pocos días después de que se supiera que Trump proporcionaría un salvavidas financiero a Milei, eludiendo la autorización del Congreso, Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autorizaba el ingreso de personal militar estadounidense (incluidos los SEAL de la Armada) para realizar ejercicios conjuntos sin precedentes en bases navales estratégicas del Atlántico Sur (Mar del Plata, Puerto Belgrano y Ushuaia), denominados “Operación Tridente”, entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre, coincidiendo con las elecciones.

Como ya es habitual en los países latinoamericanos donde las fuerzas fascistas están en auge, la supuesta “oposición” se ha centrado en hacer llamamientos nacionalistas. El alcalde peronista de Ushuaia, Walter Vuoto, denunció los ejercicios militares como un sacrificio de la soberanía argentina, señalando la importancia estratégica de Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida y para la defensa de las reivindicaciones argentinas sobre las Malvinas.

Lejos de representar una oposición genuina, los peronistas facilitaron el ascenso al poder de Milei e impulsaron su agenda. La baja participación electoral refleja la profunda desilusión de la clase trabajadora argentina con los peronistas, quienes soportan algunos de los ataques más brutales de Milei contra las instituciones sociales y los derechos democráticos, mientras que las burocracias sindicales lideradas por los peronistas, como la Confederación General del Trabajo (CGT), bloquean las demandas de huelga general.

La falta de una alternativa tanto al peronismo como a Milei es responsabilidad principalmente de la coalición denominada Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT-U). Empleando una retórica pseudoizquierdista y antiimperialista, la FIT-U cerró su campaña legislativa con una concentración frente a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires el 22 de octubre para denunciar el “pacto colonial” entre Milei y Trump. Nicolás del Caño, del Partido Socialista Obrero morenista (PTS), diputado de la FIT-U por la provincia de Buenos Aires, declaró: “Somos la única fuerza que luchará por no ser solo una estrella más en la bandera yanqui”.

Antes de las elecciones, la FIT-U contaba con cinco escaños en la Cámara de Diputados, cuatro de los cuales estaban en juego. Lograron retener solo tres escaños tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires, donde la FIT-U quedó en tercer lugar. La coalición obtuvo 851.000 votos, un aumento con respecto a las elecciones anteriores, pero aún muy por debajo de los 1,3 millones que recibió en las elecciones intermedias de 2021.

El FIT-U basó su campaña en un programa de políticas reformistas articuladas en torno a hacer que “las grandes empresas, los bancos y los terratenientes paguen por la crisis que crearon” y la necesidad de “invertir las prioridades” y “reorientar la economía hacia las necesidades más urgentes de los trabajadores, las mujeres, los jóvenes y los jubilados”.

Este programa nacionalista no tiene nada que ver con movilizar a los trabajadores a través de las fronteras para derrocar el sistema capitalista —la raíz de la explotación y la desigualdad social— y construir una sociedad basada en principios socialistas internacionales.

Las políticas reformistas de la FIT-U no responden a la urgencia de las tareas revolucionarias que enfrenta la clase trabajadora internacional, la cual se enfrenta a la amenaza de una guerra mundial y una dictadura fascista, además de los constantes ataques contra los derechos democráticos y sociales básicos en todos los países. Su política se basa en fomentar ilusiones sobre la capacidad de presionar a los partidos peronistas y a las burocracias sindicales para que combatan a Milei y obtengan concesiones para la clase trabajadora.

La FIT-U ni siquiera califica a Milei de «fascista» ni reconoce el auge del fascismo, limitándose a descriptores más genéricos como «autoritario» y «ultraderecha». Esta cuestión se aborda en un artículo de opinión publicado en La Izquierda Diario del PTS el 18 de febrero:

El término «fascismo» ha pasado de ser un concepto político bien definido a una etiqueta que se usa para todo, y su uso se ha intensificado especialmente desde que Elon Musk hizo el saludo nazi. En este contexto, figuras como Donald Trump, Elon Musk, Giorgia Meloni, Nayib Bukele y Javier Milei han sido tildadas de fascistas. Pero ¿representan realmente estas figuras el fascismo? ¿Podemos afirmar con certeza que encarnan este fenómeno histórico? La respuesta es no.

¡Resulta increíble que esta postura no se haya revisado desde febrero, después de todo lo sucedido! Para empezar, Giorgia Meloni es la líder del partido Hermanos de Italia (FdI), sucesor político del Partido Fascista de Mussolini, sin mencionar la adhesión de Milei al legado de la dictadura militar-fascista del general Jorge Videla ni sus vínculos con Benjamín Netanyahu, Trump, Musk, Bolsonaro y una amplia red de figuras fascistas.

Según el mismo artículo, el término «fascismo» es inexacto porque la gente aún puede protestar en las calles y los antifascistas pueden debatir con los neofascistas en línea sin restricciones. En otras palabras, el fascismo solo es fascismo cuando ya es demasiado tarde para combatirlo.

La FIT-U está desarmando a la clase trabajadora al no ofrecer una perspectiva ni un programa socialista internacional coherente, lo cual requeriría reconocer las cuestiones sin resolver del siglo XX y establecer paralelismos históricos entre el programa contrarrevolucionario de las dictaduras militares en América Latina y el programa actual de Milei. Estas tareas cruciales deben cumplirse mediante la construcción de un nuevo liderazgo revolucionario en la clase trabajadora, una sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 31 de octubre de 2025)